Este artículo forma parte de Integridad Corporativa 500 de 2021 y fue originalmente publicado en la revista Expansión de diciembre de 2021.

La propuesta de las inversiones socialmente responsables ciertamente no es nueva; sin embargo, ha cobrado mayor relevancia por la pandemia de COVID-19. Esta emergencia expuso las deficiencias de la economía internacional y evidenció la urgencia de combatir el cambio climático y la desigualdad social. Derivado de lo anterior, en 2020 cada vez más inversionistas han demandando información con criterios ESG.

Los criterios ESG vienen de las siglas en inglés para «environmental, social and governance»:

  • Environmental o medio ambiente concentra el efecto que tienen las actividades de las empresas en el medio ambiente. Esto implica acciones contra el cambio climático, medidas sostenibles en su operación, así como la aceptación de leyes o regulaciones medioambientales.
  • Social refiere al impacto de la firma en la comunidad en la que se encuentra. Esto involucra las agendas de derechos humanos, derechos laborales y discriminación.
  • Governance o gobierno corporativo. En este aspecto están considerados asuntos como igualdad de género, políticas de transparencia, medidas anticorrupción y anti-fraude.

Los criterios ESG, o ASG en español, parten de la idea de que las empresas pueden tener mayor éxito al asumir ciertos compromisos con los grupos sociales y el entorno que las rodea: empleados, clientes, proveedores, la sociedad en general y el medio ambiente.

Existen ejemplos exitosos de la voluntad de las empresas para asumir compromisos sociales. El Índice de Integridad Corporativa IC500 pertenece al criterio de gobierno corporativo al calificar la publicidad de sus políticas anticorrupción. En promedio, las 500 empresas más grandes de México mejoran 17% en esta calificación cada año.  Para 2021, 271 empresas obtuvieron 80 puntos o más. Con cada año que pasa, son cada vez más las empresas que hacen notables esfuerzos por ajustar sus Políticas de Integridad Corporativa para fortalecer sus medidas internas contra la corrupción y cumplimiento del estado de derecho.

Dejando de lado los beneficios para el entorno social de los criterios ASG, es posible también encontrar evidencia de beneficios directos para las empresas. De acuerdo con un estudio elaborado por Bank of America y Merril Lynch, durante los últimos 5 años la quinta parte de las empresas mejor evaluadas en indicadores ESG generaron 3% más de ganancias que la quinta parte peor evaluada. Por su parte, un análisis elaborado por la consultora Alvarez & Marsal’s encontró que las empresas con peor desempeño en estos criterios tienen muchas más probabilidades de ser objeto de campañas públicas negativas por parte de activistas.

Cuando lanzamos IC500 en 2017, explicamos que el Índice calificaba las condiciones mínimas indispensables para confirmar el compromiso público de las empresas por controlar posibles actos de corrupción a su interior. Hoy son más de 20 las empresas que alcanzaron el puntaje máximo de 100 puntos. Pero el objetivo está lejos de alcanzarse: los momentos que vivimos nos exigen reforzar el compromiso del sector empresarial con la sociedad y el medio ambiente.