El día de ayer, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC), representado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la firma White & Case, consiguió una orden judicial por la que se ordena al Senado de la República llevar a cabo lo necesario para la designación de los integrantes del CPC que se encuentra incompleto desde marzo de este año.

En octubre de 2019 concluyó sus funciones el primer Comité de Selección de los miembros del CPC. Desde febrero de 2020 éste opera únicamente con 3 de los 5 integrantes con los que debe contar, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Además, en febrero del próximo año concluyen las funciones de otra de sus integrantes, lo cual haría prácticamente imposible que este órgano cumpla con sus objetivos.

El Senado de la República, a través de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para designar a un nuevo Comité de Selección para que éste, a su vez, nombre a los integrantes del CPC para que funcione de manera completa. Sin embargo, por falta de asistencia a las sesiones respectivas de algunas senadoras y senadores de la Comisión los procedimientos correspondientes siguen sin realizarse.

Por ello, MCCI decidió apoyar al CPC en la presentación de un juicio de amparo para buscar que, por órdenes del Poder Judicial de la Federación, el Senado de la República cumpla con sus obligaciones en favor del debido funcionamiento de Sistema Nacional Anticorrupción. Así, se admitió la demanda en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y se concedió la suspensión provisional descrita.

Cabe mencionar que, en caso de que las y los legisladores demandados no obedezcan la orden judicial dictada por el Juez, cometerán el delito de desacato previsto en la Ley de Amparo.

El Comité de Participación Ciudadana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad continuarán impulsando estrategias judiciales para garantizar el debido funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en beneficio de todas y todos los mexicanos.