Se dice que en la enfermedad se conoce a los amigos. La Pandemia de COVID-19 nos ha mostrado que también se conoce a los gobiernos. Las medidas tomadas por los gobernantes alrededor del mundo han sido de una gran diversidad tanto en forma como en intensidad. En algunos países, la situación ha derivado en la emisión de medidas populistas, cuando no francamente autoritarias, en las que los Jefes de Estado buscan concentrar poder, debilitar los frenos y contrapesos democráticos e, inclusive, cometer actos de corrupción. El caso más extremo es el de Vicktor Orban en Hungría, quién disolvió el parlamento y se concedió poderes plenos, medida que pone en duda el Estado de Derecho en el país europeo.[1] Este no es el único caso de abuso de poder durante la pandemia: actitudes similares podemos encontrar en Brasil, Estados Unidos y México. Así, se han documentado casos preocupantes en materia de compras públicas, tráfico de influencias y negligencia.[2]
En México, el Ejecutivo Federal ha adoptado un conjunto de medidas que permitieron concentrar más su poder e incrementar la discrecionalidad con la que toma decisiones. Estas acciones han acentuado los efectos de la pandemia en la salud de las personas contagiadas, en los derechos de los trabajadores, en la subsistencia de empresas pequeñas y grandes y han debilitado los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Muchas de estas consecuencias se han visto reflejadas en la emisión de más de 120 decretos y acuerdos relacionados con la atención a la emergencia sanitaria o como pretexto de esta. Esta regulación comparte cuatro características que tienen el potencial de vulnerar el Estado de Derecho:
- Ausencia de controles sobre la relación de las normas con la emergencia.
- Ausencia de proporcionalidad entre las medidas y el problema que enfrentan.
- Ausencia de temporalidad definida en las medidas extraordinarias.
- La afectación de derechos humanos sobre todo salud, trabajo, acceso a la información y a la justicia.
La emisión de decretos e iniciativas de reforma que buscan la concentración del poder en manos del Ejecutivo Federal y la ampliación de las actividades asignadas a las Fuerzas Armadas pone en riesgo la separación de poderes y el respeto a la ley. Asimismo, arroja señales de alarma que es necesario atender mediante los mecanismos de defensa. Además, el tratamiento de la pandemia en México se ha caracterizado por una falta de transparencia y rendición de cuentas, así como por omisiones en la adopción de medidas de protección, violentando los derechos humanos a la salud, al trabajo y al acceso a la justicia.
De ahí la importancia de acercar a más personas herramientas para la defensa de sus derechos y la exigencia de transparentar información y rendir cuentas en estos tiempos difíciles. Este escenario resulta aún más preocupante al considerar que en 2021, —en menos de un mes— México celebrará elecciones, en las que serán renovados los 500 cargos de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos estatales. En este escenario, podría presentarse la tentación por adoptar decisiones públicas —con pretexto de la pandemia— ocultando fines electorales. Algunas de estas decisiones, sin explicación técnica y con aparentes motiviaciones políticas sonla negativa de vacunar a personal de salud del sector privado, o favorecer la vacunación del magisterio en Campeche desde enero 2021.[3]
Ante esta situación y con el objetivo de fomentar la participación de las mexicanas y los mexicanos en la consolidación de nuestra democracia y la defensa del Estado de Derecho, conjuntamos esfuerzos de varias organizaciones de la sociedad civil como: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Comisión de Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de abogadas y abogados, con el apoyo de Open Society Foundations en el proyecto Justicia para todos. Desarrollamos un micrositio que contiene información en datos abiertos sobre el impacto de las medidas gubernamentales o de sus omisiones durante la atención a la emergencia provocada por la COVID-19 y alberga: bases de datos, notas o artículos relevantes y un banco con ejemplos de demandas y resoluciones de tribunales con motivo de COVID-19. Además, elaboramos una Guía de Estrategias de Defensa del Estado de Derecho en la que se explican de manera sencilla los procedimientos jurisdiccionales que tenemos en México para combatir violaciones a la Constitución y las leyes que consideramos idóneos durante la pandemia:
- Juicio de amparo indirecto
- Queja ante Comisiones de derechos humanos
- Procedimientos de responsabilidad patrimonial
- Denuncia por responsabilidad administrativa
La Guía identifica los elementos con problemas de invalidez o de inconstitucionalidad, las posibles violaciones de derechos humanos, así como los daños potenciales que pudiera causar a personas, empresas o instituciones. Este análisis toma como punto de partida el marco normativo sobre derechos humanos y pandemia emitidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, señala los procedimientos jurisdiccionales existentes en el orden jurídico mexicano para combatir las irregularidades encontradas, explica los principales procedimientos y ofrece ligas a modelos de demandas o denuncias. Finalmente, identifica casos que pueden ser replicables por las personas afectadas, con los siguientes elementos: expone brevemente la problemática, presenta los principales riesgos de violación de derechos humanos y da ejemplos esquemáticos de los argumentos con los que pueden conformarse las demandas o las denuncias, con énfasis en la forma de solicitar reparaciones integrales y, sobre todo, en lograr medidas de no repetición.
Justicia para todos busca ser un espacio de colaboración de la comunidad jurídica mexicana en el que se compartan experiencias exitosas en el uso de los mecanismos jurisdiccionales para la impugnación de actos ilegales o inconstitucionales, el fincamiento de responsabilidad patrimonial y administrativa, así como para la defensa de los derechos humanos de modo que estas herramientas sean accesibles a más personas.
Ana Elena Fierro. Doctora en derecho y profesora investigadora en el CIDE
Adriana García García. Profesora afiliada de la División de Estudios Jurídicos CIDE
[1] BBC Mundo. Disponible en: bbc.com/mundo/noticias-internacional-52173845
[2] Transparencia Mexicana. “Identifica Transparencia Internacional riesgos de corrupción y medidas de integridad en contrataciones públicas en el marco de COVID-19”. Consultado el 08 de junio del 2020 en: https://www.tm.org.mx/riesgos-de-corrupcion-y-medidas-de-integridad-en-contrataciones-publicas-en-el-marco-de-covid-19/.
