La corrupción es un fenómeno multidimensional que se manifiesta en distintas formas y a través de distintas prácticas. Quizás las más comunes de estas sean aquellas que enfrentamos de forma cotidiana —como el soborno— así como aquellas que aparecen en los medios de comunicación: relacionadas al nepotismo, compadrazgo, conflicto de interés, abuso de poder o las palancas. No obstante, existe un tipo de corrupción mucho más dañina y que apenas se estudia: la corrupción de la gobernanza. ¿En qué consiste esta forma de corrupción? Andersson y Anechiarico la definen como “aquellas prácticas realizadas por gobernantes y funcionarios que no sólo son abusivas, sino que intencionalmente excluyen a los grupos y minorías de la toma de decisiones que pueden afectarles” (2009). De tal forma, la corrupción de la gobernanza está centrada en la exclusión de grupos en la toma de decisiones, muchas veces a través de mecanismos formales, pero también mediante la aplicación parcial y sesgada de las normas. Además, los autores arguyen la necesidad de ampliar la definición de corrupción, de manera que proponen resaltar a la integridad pública y la democracia como elementos centrales, principalmente porque sin democracia, la corrupción es determinada por lo que indica un régimen, así que la pluralidad y la oposición son esenciales para limitarla.
La gravedad de este tipo de corrupción es evidente en un contexto democrático. Las democracias se construyen en la pluralidad, el diálogo y la discusión constante entre distintos grupos, donde no existe ninguno que posea la verdad absoluta. Asimismo, las democracias no sólo deben obedecer a la mayoría, sino incluir e incorporar las voces de las minorías. Por lo tanto, impedir a ciertos grupos participar en la toma decisiones, incluso negarles ser escuchados, representa un claro ataque a la lógica democrática.
Lamentablemente, en el gobierno actual constantemente se observan casos flagrantes de la corrupción de la gobernanza, donde se impide que grupos que contravienen con la postura del partido en el poder participen e incluso son desdeñados bajo argumentos simples como que son neoliberales. En las últimas semanas pueden observarse ejemplos perfectos de este tipo de corrupción. Curiosamente, esta práctica se reproduce al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diversas instituciones.
1. El acuerdo presidencial
El primero sería el acuerdo presidencial que establece que “[son] de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras gubernamentales de infraestructura…”. Mediante este acuerdo se promueve la opacidad, así como la violación de las normas y el incumplimiento de requisitos establecidos como los estudios sobre impacto ambiental o las consultas a las comunidades afectadas. De esta manera, se limita considerablemente la información y la participación de distintos grupos como periodistas, activistas ambientales y comunidades originarias (Alvarado y Castellanos, 2021). La posibilidad de cuestionar, criticar y detener el avance de los proyectos emprendidos por AMLO es eliminada, no existe más la oportunidad de debatir, negociar y acordar. El acuerdo lo que deja claro es que las voces críticas y disidentes estorban, son molestas y deben ser suprimidas. Irónicamente, la justificación es para “agilizar trámites”, sin mencionar que esto es a costa de la libertad y derechos de grupos minoritarios que deben ser atendidos y respetados.
En esa medida puede identificarse claramente la intención de reducir la rendición de cuentas y la imposición de una idea sobre lo qué es correcto. El abuso de poder, así como el rechazo a la pluralidad están defendidos bajo el argumento de que el presidente enarbola los ideales del pueblo, una figura retórica que es ambigua y que favorece las generalizaciones, así como los ataques contra aquellos que no sean parte de ese constructo, sólo porque piensan diferente. En este grupo se incluyen desde empresarios, académicos, periodistas, la sociedad civil, los activistas y hasta movimientos sociales. Parece entonces que si un colectivo no está de acuerdo con el movimiento de “transformación”, es justificable reducir sus derechos, pues atentan contra el pueblo bueno. Para justificar estas acciones se construyen narrativas que sostienen que los grupos que se resisten es porque “desean conservar sus privilegios”. Por lo tanto, se crea una delgada línea en la que se confunden privilegios con los derechos fundamentales que debe asegurar cualquier Estado democrático.
2. Conacyt y la designación de José Romero Tellaeche
Como ha sido de conocimiento público, el proceso de designación del Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha estado lleno de irregularidades. Más allá del claro conflicto de interés en la elección de los miembros del consejo de auscultación externa, en la que se incluyeron personas cercanas a uno de los candidatos, en términos de la corrupción de la gobernanza debe enfatizarse la participación apenas testimonial de la comunidad del CIDE en todo el proceso. En la auscultación interna, Romero Tellaeche fue pobremente evaluado por profesores y administrativos. Adicionalmente, la comunidad estudiantil no fue escuchada ni atendida durante el proceso, ni por Romero Tellaeche ni por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla.
A pesar de las múltiples muestras de rechazo por parte de la comunidad, Álvarez Buylla designó de forma unilateral a Romero Tellaeche el pasado lunes 29 de noviembre. Incluso no llevó a cabo el proceso de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General del Centro, pues no se formalizó el nombramiento ante la omisión de la votación por parte de los miembros del Consejo Directivo como declaró Edmundo Jacobo (Proceso, 2021). De esta forma, a los miembros de este Consejo se les negó su participación en la decisión.
Paradójicamente, tampoco fue escuchada la comunidad del CIDE; es más, fue completamente ignorada en la elección de quien encabezará su institución en los próximos cinco años. Contrario a lo que mencionó la directora de Conacyt “que el proceso de designación del nuevo titular del CIDE se realizó con total transparencia y en estricto apego a la normativa marcada en el Estatuto General de este Centro Público de Investigación coordinado por el Conacyt”, resulta evidente que Álvarez Buylla nunca tuvo la intención de realizar un proceso abierto y transparente (Reyes, 2021). Por el contrario, los hechos demuestran que la elección ha sido discrecional, infringiendo las normas y alterando los mecanismos institucionales establecidos a su conveniencia. En todo este proceso, resulta claro que al interior de Conacyt se ha excluido a una comunidad pequeña, le ha impedido participar en un asunto sustantivo que es esencial para su existencia y funcionamiento; finalmente, se le ha negado la posibilidad de diálogo, ante la cerrazón distintiva de su directora.
Reflexiones finales
La corrupción de la gobernanza es quizá la forma de corrupción más perjudicial pues ataca elementos fundamentales de las democracias como la pluralidad y la defensa de la minorías. Si bien, no es una forma de corrupción comúnmente estudiada, no cabe duda de que debemos empezar a reflexionar sobre sus implicaciones, sobre todo en el contexto actual, donde el gobierno constantemente cuestiona a los grupos críticos, los desestima y desdeña. Como quedó demostrado, esta forma de corrupción está muy presente en el gobierno de AMLO y se reproduce en formas diversas en múltiples temas. La lógica de este gobierno ha sido descartar a las minorías opositoras o al menos a aquellas que no comparten los ideales de la Cuarta Transformación. La nula incorporación de visiones opuestas es una constante de este gobierno, al grado de negarle a grupos enteros la posibilidad de decidir y velar por sus propios intereses.
Ante esto, ¿qué debemos hacer? Quizá lo primero sería reflexionar y recalcar las claras diferencias entre derechos y privilegios. Los primeros son innegociables y nunca deben ser negados. Los segundos sí que pueden ser cuestionados, siempre y cuando no los confundamos con las libertades fundamentales. La democracia se construye a partir de la diálogo, el disenso, la negociación, el debate y el intercambio de ideas. La exclusión nunca es el camino en un contexto democrático. Acallar las voces críticas es un grave error pues de ellas también puede aprenderse y reconducir el camino.
Profesor asociado del CIDE y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE.
Referencias
Alvarado, L. y Castellanos, R. (2021). ¿Es constitucional el polémico “Acuerdo presidencial” sobre proyectos y obras de seguridad nacional? Nexos. Recuperado en: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/es-constitucional-el-polemico-acuerdo-presidencial-sobre-proyectos-y-obras-de-seguridad-nacional/
Andersson, S. & Anechiarico, F. (2019). Corruption and Corruption Control. Democracy in the Balance. New York: Routledge.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [Conacyt] (2021). Se formaliza nombramiento del Dr. José Romero Tellaeche como nuevo director general del CIDE. Comunicado 267 de Conacyt. Recuperado en: https://conacyt.mx/se-formaliza-nombramiento-del-dr-jose-romero-tellaeche-como-nuevo-director-general-del-cide/
Redacción Proceso. El INE votó contra designación de Romero Tellaeche como director del CIDE. Proceso. Recuperado en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/30/el-ine-voto-contra-designacion-de-romero-tellaeche-como-director-del-cide-276701.html
Reyes, J.M. (2021). La arbitraria elección de Romero Tellaeche como director del CIDE. Nexos. Recuperado en: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/la-arbitraria-eleccion-de-romero-tellaeche-como-director-del-cide/
