Hoy fue impuesto José Romero Tellaeche como Director General del CIDE. Y digo que fue una imposición, pues todo parece indicar que la Directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, violó la normativa al no permitir que decidiera el órgano que tiene la última palabra en la elección: el Consejo General. De ser así, estaríamos frente a una decisión arbitraria e impugnable por cualquier persona con interés jurídico o legítimo. No habría que descartar, por tanto, que en los siguientes días se presenten amparos en contra de la imposición de un director que, además, no cumple con los requisitos legales para el cargo.

En este breve texto, explico: 1) por qué el Consejo Directivo del CIDE tiene la última palabra en la elección del Director General, 2) las alternativas con las que contaba el Consejo Directivo en esta elección y 3) las razones por las cuales Jorge Romero Tellaeche incumple los requisitos para ser designado como Director General del CIDE.

  1. Participación del Consejo Directivo del CIDE en la elección

El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del CIDE y tiene la última palabra en la elección del Director General. Aunque la Directora General de Conacyt tiene la facultad de “designar y nombrar” al Director General del CIDE, el Estatuto General del Centro (Estatuto) señala con claridad que es facultad indelegable del consejo “formalizar” (o no) el nombramiento del director (arts. 29-IV y 30 del Estatuto). Es indiscutible que el consejo tiene la facultad de rechazar (no formalizar) un nombramiento, pues de lo contrario su intervención en la elección sería completamente ociosa y decorativa. La formalización por parte del Consejo Directivo es, por tanto, un elemento indispensable para la validez de la elección del Director General del CIDE. Asimismo, esta facultad para formalizar (o no) su nombramiento es paralela y consecuente con su facultad para removerlo (o no).  

Las votaciones del Consejo Directivo son adoptadas por mayoría (mitad más uno de los miembros presentes) y el Presidente tiene voto de calidad en caso de empate (art. 27 del Estatuto). La normativa no especifica si las votaciones deben ser secretas, por cédula o a mano alzada, por lo que debe entenderse que es el propio Consejo Directivo quien debe decidir tal cuestión, a tratarse de una determinación necesaria para cumplir con su función de formalizar (o no) un nombramiento.

  1. Decisiones que puede tomar el Consejo Directivo en la actual elección de Director General

En el actual proceso de designación, los integrantes del Consejo Directivo del CIDE pueden optar entre las siguientes tres determinaciones:

  1. Votar a favor de formalizar el nombramiento propuesto por la Directora General de Conacyt.
  2. Votar en contra de formalizar el nombramiento propuesto por la Directora General de Conacyt.
  3. Votar a favor de una propuesta de nombramiento diferente a la formulada por la Directora General de Conacyt.

Las primeras dos alternativas se derivan de la lectura textual del Estatuto, mientras que, la tercera, de la práctica administrativa.

  1. Razones para no formalizar una eventual propuesta de Jorge Romero Tellaeche por incumplir lo requisitos para ser designado como Director General del CIDE

Existen diferentes razones que justifican votar en contra de una eventual propuesta de que Jorge Romero Tellaeche sea electo como Director General del CIDE. En los casi cuatro meses que ha desempeñado el cargo como Director General Interino, Romero ha mostrado que no cumple con los requisitos para desempeñar el cargo. En particular, sus acciones como interino evidencian que no cuenta con la capacidad directiva y administrativa para ser Director General (incumplimiento del art. 31-IV del Estatuto), ni tampoco con la calidad ética y profesional para desempeñar el cargo (incumplimiento del art. 31-V del Estatuto). Lo anterior encuentra sustento en las siguientes consideraciones:

  • Romero violó el Estatuto del Personal Académico (EPA) al destituir  arbitrariamente a Alejandro Madrazo Lajous como director de la Sede Región Centro del CIDE. Aunque el art. 40 del EPA señala que el director de la sede puede ser removido por el Director General del CIDE, también señala que “la remoción deberá estar fundada y motivada”. En el oficio de destitución, Romero ni siquiera señaló el fundamento correcto y, más importante aún, se limitó a señalar una supuesta “pérdida de confianza” que nunca justificó. Todo indica, además, que la destitución en realidad se debió al hecho de que Madrazo participó en un video, en el que simplemente pidió respeto a los derechos laborales de su comunidad académica.
  • Romero violó la normatividad del CIDE y los derechos laborales de su personal al suspender las comisiones de evaluación de manera unilateral y con la finalidad de poder despedir a diversos investigadores. A pesar de que no cuenta con facultades para ello, Romero decidió cancelar unilateralmente las comisiones académicas dictaminadoras (CADI). Esto es, las instancias académicas y colegiadas en las que se define la promoción y permanencia de los investigadores. Incluso, la Directora de Evaluación Académica le señaló, mediante oficio, que una decisión así violaría la normatividad académica, afectaría los derechos laborales de los investigadores y generaría responsabilidades administrativas. La reacción de Romero fue igualmente arbitraria: destituir a la Secretaria Académica, Catherine Andrews, e intentar despedir a la Directora de Evaluación Académica, Céline González Schont, a quienes Romero acusó de cometer un “acto de rebeldía” por insistir en el cumplimiento de la normativa. Peor aún, Romero ha reconocido abiertamente ante miembros de la comunidad que decidió suspender las CADI pues no contaba con los votos suficientes para despedir a diversos investigadores con los que no simpatiza.
  • Bajo la dirección interina de Romero, el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del CIDE se ha agravado. Uno de los principales compromisos que asumió Romero cuando fue designado como interino fue el de realizar las gestiones necesarias para que el CIDE pueda cumplir con sus obligaciones laborales. Sin embargo, hasta la fecha ha sido incapaz de lograr la aprobación de: 1) las reglas de operación de recursos externos, 2) la política de administración de recursos propios y 3) la reforma a los lineamientos de estímulos. Esto ha generado severos problemas. Desde hace casi un año, el CIDE no ha pagado a los investigadores por sus proyectos. Y, desde hace semanas —ya bajo la dirección de Romero—, no se han pagado ni los estímulos por clases ni los incentivos a la publicación. El incumplimiento de estos derechos laborales ha generado protestas sindicales y el riesgo de que estalle una huelga en el CIDE el próximo año. En términos más generales, en el contexto actual el CIDE no cuenta con los insumos necesarios para realizar investigación, impartir docencia, así como asegurar las becas y los apoyos académicos para los y las estudiantes.
  • Romero no cuenta con el respaldo de la comunidad de profesores y administrativos y fue el candidato peor evaluado en el proceso de auscultación interna. Tal y como se desprende del informe del observador designado por el Consejo Académico, en el proceso de auscultación interno, Romero fue el candidato peor evaluado por la comunidad de profesores y administrativos. “Los resultados del proceso fueron favorables al Dr. Llerenas en todas las categorías que se evaluaron (perfil del candidato y plan de trabajo) salvo en el rubro relativo a la experiencia como investigador”. El promedio final que obtuvo Romero (7.29 puntos en una escala del 5 a 10) fue significativamente menor que el del otro candidato, Vidal Llerenas (quien obtuvo 8.98 puntos). Incluso el comité de auscultación externo (nombrado por la Directora de Conacyt) habló de una “abrumadora preferencia de la comunidad […] por el Dr. Llerenas”. 
  • Romero ha generado una crisis de gobernabilidad con la comunidad  nunca antes vista en la historia del CIDE. Han sido muchos los agravios de Romero en contra de la comunidad estudiantil. En su programa de trabajo, los acusó de no ser “capaces de entender y atender los programas sociales del país” y de perseguir “solo su éxito personal”. En un fallido diálogo, los acusó de ser “esponjas que absorben lo que los profesores les dicen”. Incluso, recientemente, se ha documentado que Romero utiliza una escolta armada al interior de las instalaciones del CIDE. Esto ha llevado a que la comunidad exija la destitución inmediata de Romero y la reposición del proceso de elección. Asimismo, ha generado que por primera vez en su historia el CIDE esté al borde de un paro estudiantil y un cierre de instalaciones. En una votación en la que participó el 87% del alumnado (424 votos en total), la mayoría votó a favor de realizar un paro indefinido sin clases a partir del 29 de noviembre y tomar físicamente las instalaciones a partir de esa fecha y de manera indefinida.

Javier Martín Reyes. 

Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. 

Twitter: @jmartinreyes.