A lo largo del último decenio, la falta de regulación del espacio público en el Centro Histórico de Coyoacán y sus alrededores ha puesto en riesgo su patrimonio histórico y cultural, que data de más de medio milenio. Entre los problemas más graves está la apropiación del espacio público con auspicio de las autoridades de la alcaldía. Este laissez faire, laissez passer ha sido el sello característico de las últimas administraciones locales y ha expuesto la corrupción en los distintos rubros del gobierno, que acumulan, desde 2012, 359 sanciones a funcionarios. La falta de arbitrio gubernamental también ha impedido que se pongan en práctica políticas de urbanismo que resguarden el centro de la alcaldía favoreciendo formas de comercio y turismo sostenibles. Esto ha hecho que se vuelva imposible para la gente disfrutar, de forma segura y compartida, de sus espacios comunes. En este texto quisiera hacer un diagnóstico de los problemas que enfrenta el centro de la alcaldía, así como explicar su origen en la corrupción política que los mantiene con vida hasta el día de hoy. También me gustaría plantear algunas propuestas para recuperar y volver a valorar el espacio público del corazón de la alcaldía.
Irregularidades y corrupción en la gestión del espacio público
A pesar de que el centro de Coyoacán ha sido protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y es monitoreado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), continúa el crecimiento del comercio informal y que opera al margen de la ley. Además, la invasión de la vía pública por parte de los establecimientos fijos —tales como restaurantes— se ha vuelto permanente, no obstante que su expansión sólo fue autorizada de forma provisional como una medida frente a la pandemia de covid.
A la invasión de banquetas se suma la presencia de franeleros que usan la calle como estacionamiento, sin considerar los espacios que están prohibidos o asignados para ello. El resultado son embotellamientos permanentes, entre los que los peatones están obligados a circular, pues las banquetas están ocupadas por comercios tanto formales como informales. Este problema se vuelve aún más grave a causa del cierre de calles completas para uso del comercio informal, así como por la insistencia del Turibus de Ciudad de México —y del Tranvía Turístico de Coyoacán, los autobuses particulares de turismo y las camionetas del gobierno de la alcaldía— de estacionarse a la altura del Jardín Centenario
El beneplácito de las autoridades de la alcaldía ante la expansión del comercio informal tiene como uno de sus antecedentes más importantes el Programa Emergente del Comercio de la Periferia del Centro de Coyoacán, creado por Édgar Rodríguez Silva, líder de los comerciantes ambulantes. En 2020, Rodríguez fue nombrado como jefe de la Unidad Departamental de Vía Pública de Coyoacán, junto con Elvira Téllez, representante del Mercado Artesanal y propietaria de varios puestos ambulantes instalados en el centro de la alcaldía. Ambos funcionarios firmaron un oficio que autorizó la creación de un corredor comercial en las calles de Cuauhtémoc, Allende y Aguayo. Esta decisión aseguró la permanencia de los comerciantes, a cambio del pago por el uso del suelo a la misma unidad departamental de la alcaldía. Esta medida, que astutamente tomó ventaja de la situación de emergencia sanitaria, terminó por ser permanente.
Además de corrupta, sin embargo, esta práctica es discrecional. Es posible imaginar que este esquema permite la movilización de grupos de agremiados comerciales que, dentro de un esquema clientelar, hacen las veces de votantes a favor del partido al cual rinde cuentas el gobierno local. Por un lado, los votos aseguran mantener el privilegio de seguir comerciando con permiso de la alcaldía, mientras que por el otro, el partido logra mantenerse un trienio más en el poder.
Además, por su naturaleza, esta práctica no ha dejado de traer nuevos conflictos. El más reciente fue entre los viejos comerciantes, reubicados en las administraciones de María Rojo y Heberto Castillo, y los nuevos comerciantes, que desde la pandemia han proliferado en los jardines Centenario e Hidalgo, así como hacia calles como Francisco Sosa. Sin embargo, ante la confrontación de los comerciantes del mercado de artesanías, que protestaban por un trato injusto, la alcaldía declaró por medio de lonas colocadas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento que, con base en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el comercio informal es ilegal; además, recomendó a las familias que evitaran comprar mercancía a los comerciantes. Esto contrasta con lo dicho por el alcalde Giovanni Gutierrez, recientemente electo, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México el año pasado, cuando señaló que su administración “no ha otorgado ni un sólo permiso al comercio informal” y no busca “criminalizar el comercio”.
La aplicación de la justicia en la alcaldía pareciera ser selectiva, discrecional u ocasional. Por un lado, promueve comportamientos discrecionales de algunos comerciantes en el espacio público, pero por el otro levanta prohibiciones solo a ciertos actores y establecimientos de los muchos que operan por encima de la ley.
En el fondo, el vacío de autoridad ha incentivado la creencia, sin fundamentos legales o políticos, de que cualquier persona tiene el derecho de hacer uso del espacio público a voluntad. La disputa por este espacio surge de una falacia, extendida entre la población, según la cual estos espacios, por no ser privados, no le pertenecen a nadie, de modo que corresponde a cualquiera que lo ocupe y lo reclame por derecho propio. Por ello, la solución política emprendida por la alcaldía se ha concentrado, de manera errónea, en la reubicación y no en el resguardo de la condición pública del espacio coyoacanense.
A este sesgo hay que añadir también la percepción, por parte de algunos funcionarios de la alcaldía, de que tienen derechos personales o partidistas para poseer, ceder, vender o arrendar la propiedad pública. Evidencia de ello es la alegada existencia de una presunta red de extorsión a comercios en la que estarían involucrados funcionarios de la alcaldía, reportada por La Jornada en 2023.
Ante las constantes denuncias de corrupción por parte de vecinos y legisladores, los dos últimos alcaldes, Manuel Negrete y Giovanni Gutierrez, han sido llamados a comparecer ante el Congreso de Ciudad de México. En ambos casos, las comparecencias fueron insuficientes como ejercicios de rendición de cuentas que no respondieron a los cuestionamientos de corrupción. Mientras tanto Mauricio Toledo, otro exdelegado y antiguo legislador federal, está prófugo en Chile, acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión. Toledo, quien enfrentó un juicio de desafuero cuando servía como diputado, también ha sido acusado de extorsión, amenazas de muerte, el uso de grupos de choque, el nepotismo y el cobro de un diezmo a los funcionarios de la alcaldía.
Uso (faccioso) del suelo
Por último, pero no menos grave, se encuentran los giros comerciales que se asientan sobre predios que no cuentan con el adecuado uso de suelo. En realidad, este problema involucra a todo un entramado de corrupción institucional, en el que las autoridades emiten documentos de uso de suelo apócrifos, a pesar de que las reglas que lo regulan no se han modificado desde 1995. Esto implica que casi todos los negocios que se han levantado en la zona desde hace casi treinta años a la fecha operan en la ilegalidad.
Existe una notoria discordancia entre el uso de suelo actual (Ver Plano 2), proyectado en cientos de giros comerciales, y el plano de divulgación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente a la colonia Del Carmen (Ver Plano 1), publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1994. Estos planos muestran la cantidad de negocios que han proliferado de forma ilegal en la colonia Del Carmen, en donde, según el diseño original del Programa, debería predominar el uso de suelo habitacional.
ambién es evidente el aumento del uso comercial, muy distinto al de las otras colonias céntricas de la alcaldía. Al mismo tiempo, la proliferación de los nuevos comercios ha sido incentivada por la venta de propiedades que en otro tiempo eran de uso habitacional.
Reparación del daño y solución al problema
En la alcaldía Coyoacán confluyen múltiples lógicas de ordenamiento territorial que responden a diferentes causas. Aún cuando, en un inicio, el elemento turístico y comercial no representó un problema público, en el transcurso de las últimas décadas el crecimiento de estas industrias ha tenido efectos negativos en la comunidad. La falta de regulación de esta actividad económica ha abierto la puerta a distintas prácticas de corrupción, que se confrontan con la insoslayable tarea de conservar el patrimonio histórico y cultural coyoacanense. Este patrimonio no puede pasar a segundo término, pues de desaparecer, la actividad turística no tendría más razón para existir.
Para rescatar el carácter público del espacio, en este caso coyoacanense, es necesaria una regulación que permita un aprovechamiento eficiente, pero compartido. Es decir: necesitamos normas que garanticen que todos podamos disfrutar de él.
Al contrario de lo que ha sucedido hasta ahora, la regulación por parte del gobierno debe tener como propósito preservar el patrimonio que le otorga esencia y valor social al núcleo de la alcaldía, pues éste requiere de límites claros que hagan sostenible su disfrute por parte de la ciudadanía. Es urgente implementar una política pública conservacionista en el Centro Histórico de Coyoacán. La privatización e invasión del espacio público, el crecimiento del comercio ilegal y clandestino, así como el cambio de uso de suelo deben ser regulados en tanto contribuyen al deterioro y desaparición de su patrimonio.
Agradezco a mi padre, Luis Felipe Aguilar Medina por la asesoría y el conocimiento brindado para realizar el artículo
Mauricio Aguilar Madrueño
Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM