La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves 16 al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, aprobado en 2017 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF). Un proceso que, como muchos en la última legislatura de la ALDF, encabezada por los perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, así como el panista Jorge Romero, arrastró vicios que evidenciaron ilegalidad tanto en las leyes como en los nombramientos que pudimos presenciar los reporteros que cubrimos este proceso.
Los diputados locales aprobaron el 17 de julio de ese año seis leyes y reformas a cinco más para integrar el Sistema Local (SLA) en una sola sesión, a un día de que terminara el plazo del Sistema Nacional Anticorrupción para implementar los sistemas locales y, sin siquiera aceptar la discusión de las reformas planteadas por legisladores opositores de las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Las violaciones al proceso legislativo fueron la causa de las impugnaciones realizadas por un tercio de los propios diputados de la Asamblea Legislativa, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Aunque la sentencia de la SCJN se dio por las formas y no por el fondo de las leyes, en este artículo se mencionan ambos problemas, cuyo resultado ha sido que la capital del país lleve dos años y medio de retraso en el funcionamiento de su sistema anticorrupción, el cual necesita ahora un nuevo marco normativo.
Perpetuidad en el gobierno
Con las reformas y nuevas leyes de 2017, el legislativo buscó, ante el debilitamiento del PRD y las cercanas elecciones de 2018, dejar a un fiscal que les cuidara la espalda en la administración que los relevaría.
Los diputados se dieron la facultad de nombrar al fiscal anticorrupción, el Comité Ciudadano y el Consejo Técnico; el contralor de la Ciudad, tres nuevos subcontralores y los 16 contralores para las demarcaciones. También los cargos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de auditor de la Ciudad y de los titulares de los demás órganos internos de control de todas las dependencias, ignorando lo establecido en la constitución de la Ciudad y en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En el caso del contralor general, la ley aprobada por los diputados posibilitaba la reelección del entonces contralor designado por Miguel Ángel Mancera, Eduardo Rovelo, para quedarse durante la siguiente administración. Para el fiscal anticorrupción, aprobaron que fuera designado por mayoría simple y no por dos terceras partes del congreso; además éste sería propuesto por el jefe de gobierno y no por el Consejo Judicial Ciudadano, contemplado en la constitución local, que busca dar independencia a estos puestos claves en el aparato de procuración de justicia del gobierno en turno. Además, los diputados locales modificaron en la publicación de la ley lo que ellos mismos aprobaron en el pleno respecto al secretario técnico del comité coordinador que evaluaría las políticas públicas de combate a la corrupción, para que el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera pudiera proponer la terna.
“No vaya a ser que aquí también sin distribuir los dictámenes o pasando a proceso y luego a publicación se eliminen o se cambien cosas. Es ya práctica parlamentaria en esta legislatura, independientemente de lo que se discute y aprueba”, reclamó en la eterna sesión de 2017 la entonces diputada local Aleida Alavez a quien le rechazaron 18 propuestas de reforma a las leyes anticorrupción sin siquiera discutirlas.
Lo que mal empieza…
Las peleas entre el PRD y Morena en el congreso local, la impugnación del sistema anticorrupción en la Suprema Corte, la emergencia por los sismos de 2017 y las elecciones a jefe de gobierno de 2018 congelaron las designaciones de los funcionarios que debieron integrar el SLA y que ha hecho a la CDMX la entidad 30 de 32 en instalarlo (tan sólo antes de Campeche, donde recién fue instalado, y de Chiapas, donde está aún pendiente).
Una de las crisis que causó fue la desaparición del pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF) de marzo a diciembre de 2018, al no nombrar a sus nuevos comisionados hasta entonces. La falta de comisionados dejó a la deriva 940 recursos de revisión de ciudadanos inconformes con respuestas de transparencia de entes públicos, que tuvo que atraer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Respecto a las ternas enviadas por Mancera el mismo año a magistrados de la Sala Superior Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Sala Superior Especializada en Anticorrupción y de las salas especializadas, organizaciones de la sociedad civil exhibieron que los candidatos tenían conflictos de interés, antecedentes penales o falta de estudios necesarios para el puesto; además acusaron que los nombramientos eran cuotas de grupos locales en el poder.
Aunque Eduardo Rovelo, último contralor del gobierno de Mancera, fuera parte de la terna del perredista para quedarse siete años más, este cargo no fue votado hasta la entrada de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Lo mismo ocurrió con los puestos del propio sistema anticorrupción, definidos hasta después de la reforma a la ley en marzo de 2019. Ambas designaciones, sin embargo, deben de repetirse luego de la resolución de la semana pasada.
Designaciones en el limbo
Luego de la invalidación la ley del SLA y la ley orgánica de la fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Ciudad de México, no hay definición de cuántos son los nombramientos que tienen que repetirse. El paquete de 11 leyes que fueron reformadas y aprobadas en 2017 como parte del sistema anticorrupción incluía la designación de 164 puestos que lo integran.
Para Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el congreso local, los nombramientos que deben repetirse son los del Comité de Selección, el Comité de Participación Ciudadana del SLA –electos en julio y septiembre de 2019 y contemplados en la ley invalidada– así como los contralores de los organismos autónomos. Sin embargo, en este proceso también fueron nombrados el actual contralor del gobierno capitalino, Juan José Serrano; cuatro de los cinco comisionados del InfoDF; la secretaria técnica del SLA, Roxana Cuesta; y todos los funcionarios de los órganos internos de control de las dependencias del gobierno capitalino.
El congreso de la Ciudad solicitará a la SCJN que explique cuáles son los nombramientos legales para conocer cuáles son los que deben repetirse. Además, la repetición del proceso invalidado será lo primero que presenten los diputados locales en el próximo periodo ordinario, que arranca la siguiente semana. Siguen pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y de magistrados de salas anticorrupción, entre otros, por lo que todavía falta para corregir la un sistema anticorrupción que nació en medio de la ilegalidad.
Samuel Adam (@Samadamcas) es reportero en la Unidad de Periodismo de Investigación en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
