Estamos en una de las últimas etapas del proceso electoral, a punto de cerrar los informes financieros que tienen por obligación presentar los candidatos (el poselectoral es el festín de abogados y fiscalistas, sobre todo en aquellas elecciones en las que la votación se cerró en el margen de diferencia). Este es el momento justo de que hablemos de dinero: del dinero público —que llega a los candidatos desde el INE— y del dinero privado —que ellos mismos pueden aportar o pueden recibir de sus simpatizantes.
Nuestro actual sistema de financiamiento y fiscalización electoral es producto de la reforma de 2014. El INE presta un puntual servicio a las dudas que existan sobre los reportes de gastos que puedan tener los candidatos, sus representantes y los partidos; cuenta con líneas telefónicas siempre disponibles, asesores que se reparten la tarea de atención por zonas geográficas y asesores en el área técnica del sistema que dan fe del funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). De haber identificado un problema que entorpeciera la captura de información, estos funcionarios pueden ampliar el plazo para reponer la falta del servicio, según lo estipula la ley.
El proceso electoral 2020-2021 tiene una numeralia que explica por qué a este proceso se le llama “el más grande de la historia”:
- 4,180 cargos de elección fiscalizables (que incluyen a los candidatos por representación proporcional como novedad y como opcional, nunca antes se usó que presentaran individualmente tantos informes).
- 19,821 candidaturas de las cuales solo 355 corresponden a candidatos independientes.
Al 26 de mayo a las 2:01:01 am, el sistema ya tenía 318,440 operaciones capturadas. Los candidatos tienen la obligación de presentar diversos reportes tanto de ingresos por su origen, como de gastos por su adecuado destino. También juega un papel importante, especialmente para el monitoreo, la agenda que se captura en el SIF, misma que al ser pública sirve también a la ciudadanía para su consideración y a los asesores de los contrincantes para planear estrategias.
Las herramientas con las que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) para verificar lo que los candidatos informan son:
- La superación de los secretos bancario, fiscal y fiduciario. Esta información se solicita siempre de manera formal por escrito acerca de todos y cada uno de los contendientes e incluso de terceros que pudieran generar interés para la fiscalización.
- Las visitas de verificación tanto a casas de campaña como a eventos, donde los auditores constatan que lo informado sea lo mismo que sucede en la realidad y por último,
- El monitoreo de medios impresos, espectaculares y propaganda en la vía pública. Para estas actividades, el INE se hace de los servicios de distintas instituciones y plataformas como el SIMEI (Sistema de monitoreo de espectaculares y medios impresos).
Esta información se contrasta y complementa (según los hallazgos del INE) a lo que los candidatos informan en el SIF. Por ejemplo, veamos un caso real, lo que al día 26/05/2021 ha informado una candidata a una diputación federal por Mayoría Relativa o elección directa, un cargo que funciona para este ejercicio por aplicar a todos los estados (la fiscalización es federal, no existen normas locales), la candidata Gina Gerardina Campuzano González de la alianza Va por México al distrito 04 del estado de Durango.
La candidata informa en su agenda, para visitas de verificación del INE, 126 eventos de los cuales ha cancelado 11 y realizado 99.
El tope de gastos de campaña para este distrito es de $1,648,189.00. Gerardina lleva informados al 26 de mayo, $852,319.05 de ingresos vía transferencias de recursos públicos y aportaciones de sus simpatizantes, mientras que de gastos ha informado $402,891.44.
Con el objetivo de dar transparencia al origen del dinero, la plataforma del INE nos permite saber que en este caso la primera aportante parece ser de su familia y la segunda persona, aunque aparece en ceros, si ya está dada de alta en el SIF, hará en algún momento una aportación. Los nombres son relevantes si entendemos que una aportación económica es una apuesta al candidato y, a su vez, podría representar un compromiso de este a futuro.
Según la gráfica, la candidata le está apostando más a la publicidad en la vía pública que al internet. Sus gastos operativos se habrán de incrementar ya que incluyen la casa de campaña, su vehículo y al menos la gasolina. $35,768.85 es todavía muy poco. La producción de mensajes la está pagando muy barata o aún no termina de informar lo que hasta ahora hemos visto en televisión y escuchado en radio.
Para efectos de máxima publicidad, el INE hace público en su portal, entre otros muchos datos, las empresas con las que los candidatos tiene relación comercial y el monto de sus contratos:
Las empresas proveedoras se encuentran en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para brindar sus servicios a partidos y candidatos; solo proporcionando la clave de su registro, los candidatos pueden capturar operaciones con el proveedor en el sistema. La relación que establece un candidato con sus proveedores nos da una referencia comercial de la conducta de quien contiende para ser legislador del país. En este caso, aparecen los nombres de 2 empresarios reconocidos y los apellidos de un popular constructor.
El INE ofrece entre sus herramientas la posibilidad de contrastar la información financiera de los candidatos por un mismo o diferente cargo. En este caso, compararemos a los candidatos que aparentemente van más cercanos en las encuestas: la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD Gerardina Campuzano González vs el candidato de Movimiento Ciudadano Martín Vivanco Lira:
Esta gráfica nos muestra los ingresos y egresos comparados entre los 2 candidatos, conforme se hicieron los registros en la plataforma y no necesariamente en tiempo real. La norma marca que pueden ser registrados en tiempo real y hasta 3 días después.
En últimos días se ha detectado un sucedo en el estado de Puebla: sus candidatos no están informando gastos. Hay quien relaciona este hecho con grupos de delincuencia organizada y hemos quienes pensamos que es más probable que tenga que ver con el gobierno del estado y su relación con la delegación estatal del INE, pero habrá que hacer un estudio serio para identificar los factores que influyeron.
Como lo muestra la imagen, de 2,124 candidatos a presidencias municipales de Puebla, solo 971 han dado de alta la ubicación y costo del uso de su casa de campaña, que es uno de los primeros gastos que debieron capturar. Respecto a las cuentas bancarias, solo hay 1,223 capturadas, en el sistema, se han realizado 9,784 operaciones entre 2,124 contendientes, un promedio de 4.6 operaciones por candidato.
Estos informes cierran sus operaciones con fecha 02 de junio y se abren nuevamente el día de la jornada electoral para informar los gastos propios del día de la elección. Luego transcurrirán 15 días en los que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) los revisa y hace llegar a los candidatos sus observaciones, quienes tienen 7 días para contestar. En este periodo también se programa la confronta como garantía de audiencia, donde el candidato puede explicar de viva voz los detalles de lo que le fue observado. Luego viene el dictamen con el proyecto de resolución de la UTF, la aprobación del proyecto por la Comisión de fiscalización y, finalmente, su aprobación por parte del Consejo general del INE.
Seamos participes, por supuesto votando pero también fiscalizando. La actividad de los candidatos, en buena medida, está a la vista, puedes contrastar con información como esta que se encuentra en el portal del INE.
L.A.E. Claudia Patricia Adame Correa es especialista desde hace 20 años en finanzas político-electorales y observadora electoral internacional.
