La lucha contra la corrupción en la Unión Europea. Normas, programas y políticas públicas

La Unión Europea (UE) avanza en la creación de normativas, programas y políticas públicas que mejoren la vida de sus ciudadanos. Esto sucede en un contexto internacional dominado por una guerra militar (entre Rusia y Ucrania) a las puertas de la frontera europea y una comercial al otro lado del atlántico determinada por Estados Unidos. Además, existen claros desafíos por delante como el tema migratorio, la adhesión de nuevos Estados miembros, la Política Europea de Vecindad y el aumento al presupuesto militar. 

La UE es un referente de liderazgo regional; destaca primero como modelo de integración y, en segundo lugar, como pionera en la creación de marcos regulatorios para temas de gran trascendencia internacional. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en su Estrategia de Igualdad de Género, aprobada en 2020, que establece la igualdad como una prioridad fundamental en la elaboración y ejecución de políticas públicas para los 27 Estados miembros. Otro hito relevante es la reciente aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial, considerada la primera normativa de este tipo, que marca un avance significativo en la regulación de esta nueva tecnología. El ámbito de la lucha contra la corrupción no es la excepción, la Unión Europea mantiene su firme compromiso en este campo.

En la UE, la corrupción es considerada uno de los principales obstáculos al desarrollo. De acuerdo con el Informe especial del Eurobarómetro 2024, los europeos siguen siendo escépticos respecto de los esfuerzos de los gobiernos nacionales para combatir la corrupción: 65 % de los ciudadanos cree que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen lo suficiente y sólo 30 % piensa que los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción son eficaces. Además, 68 % de los ciudadanos considera que la corrupción está muy extendida en sus países. El costo estimado de la corrupción para la economía de la UE es de al menos 120 000 millones de euros al año (alrededor de 2.7 billones de pesos mexicanos), lo que se convierte en un lastre para la vida de sus habitantes.

Normativa contra la corrupción al servicio de los ciudadanos europeos

En el contexto internacional actual, la delincuencia trasciende las fronteras y se convierte en uno de los principales desafíos, no sólo para México, sino para el mundo entero. La información es poder y compartirla en tiempo real entre autoridades resulta fundamental para actuar con rapidez ante la impunidad. Por ello, uno de los grandes éxitos europeos es la Directiva 2014/41/CE, que aprobó el Parlamento Europeo y el Consejo en 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, que simplifica el trabajo de las autoridades judiciales cuando soliciten pruebas que se encuentren en otro país de la UE. La directiva está enfocada en investigar a la delincuencia organizada, el terrorismo, el tráfico de drogas y la corrupción. Se basa en el reconocimiento mutuo, esto significa que los países de la UE están obligados a reconocer y ejecutar la solicitud de otro país, como lo harían con una decisión procedente de sus propias autoridades.

Los propios criterios de adhesión (conocidos también como criterios de Copenhague), hacen hincapié en que para que un Estado sea miembro de la UE, debe primero implementar reformas profundas en ámbitos esenciales. Ejemplo de lo anterior es la obligación de reforzar el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la gobernanza. Las reformas judiciales, la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada y la reforma de la administración pública tienen que dar resultados reales y debe reforzarse el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Por su parte, la Directiva 2019/1937 que aprobó el Parlamento Europeo y el Consejo en 2019, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, es otra de las grandes iniciativas necesarias para mejorar la aplicación del derecho en materia de contratación pública. La norma otorga protección a las personas que denuncien actividades ilegales, como el fraude o la corrupción, que son perjudiciales para los intereses de la Unión Europea, o de una conducta relacionada con el desempeño de las actividades profesionales que pueda constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios y otros agentes de la región.
Estas dos directivas son solo algunos ejemplos del esfuerzo que realiza la UE para combatir la corrupción, basándose en su acquis communautaire, el cual no sólo establece normas, sino que también obliga a los países miembros a trasponerlas a su legislación nacional y garantizar su cumplimiento. Es importante destacar que la falta de aplicación de estas normas a nivel nacional puede acarrear sanciones económicas, que incluyen el pago de elevadas multas.

Políticas públicas europeas y la  lucha contra la corrupción.

En 2017, tras la incorporación de la orden europea de investigación a las legislaciones nacionales de los Estados miembros, el Consejo de Justicia aprobó la Fiscalía Europea, una institución independiente de la Unión Europea, cuyo objetivo es proteger su presupuesto y llevar a juicio a los autores de delitos que atenten contra sus intereses financieros, entre los que destacan: los fraudes transfronterizos en el ámbito del IVA que supongan un perjuicio total de al menos 10 millones de euros (226 millones de pesos mexicanos), los fraudes relacionados con los gastos y aduaneros, la corrupción que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la UE, la malversación de fondos o activos de la UE por parte de un funcionario público, el blanqueo de capitales y cualquier otro delito indisociablemente vinculado a una de las categorías anteriores.

La Red de la UE contra la corrupción, es otro de los grandes éxitos de la UE, ya que se estableció con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, ideas, oportunidades y proyectos futuros. Esta red es inclusiva y cuenta con la participación de organizaciones independientes de la sociedad civil, bajo la convicción de que el intercambio de diversas perspectivas mejora los resultados y contribuye a una política anticorrupción más efectiva. De este modo, la red fomenta sinergias, evita duplicidades y logra un beneficio común. Además, puede organizarse en grupos más pequeños de partes interesadas seleccionadas, si se considera útil. Algunos ejemplos de esta Red se centran en proyectos como C.O.R.E, dedicado a calcular el riesgo de corrupción en la contratación pública; Speak Europe, para prevenir la corrupción en zonas de alto riesgo, empoderando a la ciudadanía europea para que denuncie las faltas de conducta ante organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que puedan actuar; Integrity Watch o DATACROSS, tan solo por mencionar algunos.

En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, en 2022 la Comisión recomendó suspender con carácter de urgente los pasaportes dorados, concedidos previamente a nacionales rusos o bielorrusos sujetos a sanciones o que apoyan significativamente la guerra en Ucrania. La ciudadanía concedida previamente debería retirarse, debido a que este tipo de políticas abren la puerta a la corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Los pasaportes dorados eran en su momento permisos de residencia e incluso de nacionalidad por motivos de inversión, un camino que no solo nacionales rusos o bielorrusos han tomado. Estos famosos pasaportes han planteado riesgos de seguridad graves a la UE en su conjunto, como la posibilidad para sus portadores de viajar libremente dentro del espacio Schengen. La guerra en Ucrania ha vuelto a poner de relieve estos riesgos, que se creían incluso superados.

Programas de la UE en la lucha contra la corrupción.

Existen numerosos ejemplos que demuestran cómo la Unión Europea contribuye a la seguridad y la justicia en el continente para apoyar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, siendo la corrupción un área transversal. En América Latina, a través del programa EL PAcCTO (Programa de Asistencia Europa-América Latina contra la Delincuencia Organizada Transnacional), cuyo principal objetivo es el de asistir técnicamente a 18 Estados de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) para reforzar el Estado de derecho y la seguridad ciudadana mediante la promoción de la cooperación transfronteriza, regional e internacional en contra del crimen organizado. Abarca cinco ámbitos esenciales, el cibercrimen, la corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos, así como la inclusión de dos proyectos complementarios intrínsecamente vinculados.

En América Latina, uno de los mayores receptores de ayuda europea es Bolivia, tan solo después de Haití, con quien existe un marco conjunto de cooperación (281 millones de euros en 2014-2020). El Programa Indicativo Plurianual (PIP) se centra en la lucha contra las drogas ilegales (130 millones de euros), el agua, el saneamiento y gestión de los recursos naturales (115.4 millones de euros), la reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción (20 millones de euros).

En el caso de México, es el primer socio comercial de la UE en América Latina, con un comercio bilateral por un valor de 85 000 millones de euros (1.9 billones de pesos mexicanos). El Acuerdo Global más amplio, del que forma parte el acuerdo comercial, abarca también la protección de los derechos humanos y contiene capítulos sobre cooperación política y cooperación al desarrollo. Este es el primer acuerdo comercial de la UE que incorpora disposiciones específicas para combatir la corrupción, con medidas para prevenir el soborno y el blanqueo de capitales. Sin duda, se trata de un acuerdo integral con un enfoque innovador que abarca aspectos que anteriormente no se contemplaban.

En la actualidad existen diversos programas que la UE ha puesto en marcha en el combate contra la corrupción, por ejemplo, con sus vecinos orientales ha trabajado de la mano con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la prevención de la corrupción apoyando la reforma de la administración pública y la gestión financiera pública. También la OCDE ha desempeñado un papel esencial en los Balcanes Occidentales para el procesamiento y condenas finales en materia de corrupción. Y, finalmente, está el novedoso programa SANCUS, cuyo objetivo es el  fortalecer  redes de rendición de cuentas entre la sociedad civil.

Conclusiones

La Unión Europea ha realizado significativos esfuerzos para afrontar los desafíos que tiene por delante, no solo en la implementación de políticas públicas o programas dentro o fuera de sus fronteras, sino también en la búsqueda por financiar iniciativas que redunden en beneficio de todos sus Estados miembros, así como de sus aliados y socios estratégicos. Para ello, cuenta con proyectos de intercambio de buenas prácticas y de implementación de mecanismos como talleres temáticos para luchar contra la corrupción en diversos países del mundo.

La nueva realidad que enfrenta la UE presenta importantes retos, entre los que está la preparación de sus ciudadanos hacia una futura guerra, así como la amenaza ante la  emergencia climática. En este punto, el financiamiento es clave. Los ciudadanos finlandeses, noruegos y suecos se preparan con la puesta en marcha del “prepping”, una estrategia de anticipación que solicita a los europeos el almacenamiento de suministros (supervivencia física y psicológica durante las siguientes 72 horas) que incluye la búsqueda de bunkers. 

En este contexto, puede resultar decisiva la existencia de instituciones fuertes, autónomas del poder político central y especializadas, tal como la Fiscalía Europea o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), capaces de actuar con eficacia en momentos críticos. Recientemente fueron puestas a prueba, durante la crisis del covid-19 y lo estarán de nuevo ante la futura emergencia climática o la amenaza bélica. Son estas instituciones las que pueden minimizar el impacto de problemas relacionados con la corrupción.

El gran desafío mundial radica en apostar por instituciones fuertes e independientes que puedan hacer frente a momentos de alta incertidumbre, en los que es crucial que la corrupción no entorpezca los esfuerzos gubernamentales para superar las crisis.