osa se cobija del sol bajo la frondosa copa de un gran ahuehuete mientras contempla las reducidas aguas de la presa Ignacio Allende, en el oriente del Estado de Guanajuato. A unos metros, sus ovejas se alimentan vorazmente de la amarillenta vegetación que ha logrado crecer en la orilla desecada. Este año el embalse ha descendido a uno de sus más bajos niveles en lo que va del siglo, solo comparable al de la sequía de 2011.

Es medio día, y la presencia humana en la presa es casi nula; ante la sequía, queda muy poco por hacer en esos parajes. La mayoría de los habitantes del poblado de Presa de Allende han abandonado sus parcelas y se han marchado a trabajar a alguna de las fábricas de Dolores de Hidalgo, o bien, han optado por dejar México y se buscan la vida en Estados Unidos.

Los agricultores de comunidades aledañas al embalse no podrán sembrar este fin de año. La presa Ignacio Allende, tributario del río Lerma, es un ejemplo de la crisis climática que atraviesa la región: los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que, desde 1989, no había llovido tan poco. La media histórica anual de lluvias en la cuenca de 58 mil kilómetros cuadrados es de 717 milímetros. Sin embargo, en este ciclo solo cayeron 463 mm. Esto ha dejado a las grandes represas de la región del Bajío mexicano y de los Altos de Jalisco en alrededor de 48 por ciento de su capacidad, aunque a la presa Ignacio Allende es a la que peor le ha ido: en noviembre de 2023, estaba al 14 por ciento de su capacidad, y esta cantidad de agua, unos 25 millones de metros cúbicos (m3), se tiene que mantener, esto de acuerdo a las políticas de operación del embalse. Esta temporada, la asignación de agua para los agricultores de Presa de Allende es de cero litros. Deberán esperar a las lluvias de 2024.

Apenas el 15 de noviembre, se realizó la reunión anual de distribución de volúmenes de la cuenca Lerma-Chapala, para determinar cuánta agua recibirá cada distrito de riego de una zona agrícola que recorre los Estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Querétaro. Como resultado de la escasez generalizada, la asignación de agua fue reducida. El cuerpo de agua que determina la política de distribución a seguir es el lago de Chapala, el más grande del país. Chapala alcanzó el pasado 1 de noviembre 3,958 millones de m3, esto es, 50 por ciento de su capacidad y apenas dos centímetros de alza de su nivel en todo el temporal. Solo en 2011 se comportó peor, con apenas 1 cm recuperado. El decreto de distribución señala que si Chapala está por debajo de seis mil millones de m3 y por arriba de 3,200 millones, la política de asignación es “media”. Este año, a los agricultores se les ha concedido alrededor de 900 millones de m3 de agua para riego, la única asignación por debajo de mil millones de m3 que se ha dado desde 2005.

La región del Bajío y los Altos de Jalisco, entre México y Querétaro al oriente, Jalisco y Aguascalientes al oeste, aporta casi 30 por ciento de la producción agrícola y cerca de 40 por ciento de la producción ganadera de todo el país, de acuerdo a los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal. Ha sido por cinco siglos el granero de México y sus fincas han proveído de leche, carne y huevos a los hogares del país. El impacto ascendente de las sequías, agravado por las erráticas políticas de adaptación y mitigación ante el cambio climático, y la creciente indiferencia del Gobierno federal al sector más productivo del campo, es un problema que impacta a todo el territorio nacional.

Esta región, una demarcación de más de 150 mil km2 (17 por ciento del territorio mexicano), alberga, además de la principal zona de producción agrícola del país, un importante sector industrial (más de 15 por ciento del PIB nacional del sector), ciudades populosas con robustas redes comerciales locales e internacionales, como Aguascalientes, León, Celaya, Querétaro y Toluca, y tiene como usuarios de sus aguas a dos de las tres mayores urbes del país: Ciudad de México y Guadalajara.

La interminable guerra entre el campo y la ciudad por el agua

El Bajío y Los Altos de Jalisco, integran el corazón del principal emporio agrícola de México; la primera coincide prácticamente con la cuenca Lerma Chapala, en los Estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco; la segunda es la subcuenca del río Verde, que descarga en la cuenca del Santiago y abarca tierras de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. El amplio corredor ha sido desde el siglo XVI el más importante para la economía nacional, productor de plata, alimentos y tecnología, y una de las cunas del primer capitalismo global, según el historiador estadounidense John Tutino, de las universidades de Texas y Georgetown (Creando un nuevo mundo; los orígenes del capitalismo en El Bajío y la Norteamérica española, 2016, Fondo de Cultura Económica).

El documento Panorama agroalimentario publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) en 2023, señala una producción de alrededor de 86 millones de toneladas de alimentos de un total de 300 millones de todo el país. El valor de esa producción ronda 450 mil millones de pesos (equivalente al PIB sumado de Nicaragua y Honduras) y da ocupación a un millón 250 mil personas, en cifras redondas.

El Bajío y Los Altos viven en riesgo creciente de ser víctimas de su éxito. Hay conciencia de que al estar en la frontera sur del desierto de Chihuahua, los temporales erráticos y la franca disminución del agua son parte de su realidad desde al menos 1989, cuando se declaró la segunda gran sequía histórica de la cuenca desde la década de 1950. Apenas diez años después, entre 1999 y 2002, el lago de Chapala habría alcanzado su cuota más baja desde que existen registros, si no se hubiera dado una apertura de las compuertas de la presa de Solís, lo que mitigó su precariedad. La razón legal argüida para ese “trasvase” (no es tal, pues Solís está en la misma cuenca) fue la prioridad del derecho humano al agua.

Guadalajara, como usuario principal del lago, debía tener garantizado el recurso para el uso público urbano. Pero más allá del éxito de la medida, fue el banderazo de lo que muchos llamaron “la guerra por el agua”: los agricultores de El Bajío, por un lado; la capital de Jalisco y los ecologistas, por el otro.

León también se ha sumado a las controversias. El segundo capítulo del enfrentamiento campo-ciudades fue por el agua del río Verde, y cambió a los actores: la capital económica de El Bajío pretendía llevarse 120 millones de m3 al año en un acueducto de más de 100 kilómetros de longitud, con el costo de inundar tres pueblos tradicionales y la irritación de los alteños jaliscienses. Los descendientes de los guerrilleros cristeros vieron en el trasvase (este sí, pues va de una cuenca a otra) un despojo de su agua. Este conflicto se ha resuelto, o eso parece, con la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el acueducto y modificar la cortina para apenas proveer algo de agua a Guadalajara.

Eso abre el tercer capítulo, que es la búsqueda por ambas ciudades, de resolver su sed creciente, debida en buena medida al poder de sus industrias inmobiliarias, que mantienen la tendencia a la expansión, más allá de las buenas intenciones institucionales. Por ejemplo, la capital de Jalisco, que históricamente le extraía 190 millones de m3 de agua a Chapala, este último año rebasó 230 millones de m3, muy cerca ya del límite de su asignación, según los datos de la Conagua. En León, las colonias populares ya han debido enfrentar cortes de suministro. Pero el decreto presidencial de reparto del agua del Río Verde, que data de 1995, sigue sin modificarse, lo que indica que los derechos de la ciudad de El Bajío permanecen intactos.

Estas presiones del sector urbano, que cobija los intereses de las industrias que son abastecidas por los sistemas públicos, también apuntan a presionar otras posibles fuentes. Por ejemplo, León también tiene en pláticas con los agricultores del distrito 011, que abarca 110 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte del estado de Tlaxcala), la posibilidad de que se puedan aportar de la presa de Solís las aguas que se le han negado de El Zapotillo. Al respecto, Rigoberto Paredes Villagómez, ex dirigente de la Confederación Campesina en Guanajuato, comenta: “Sabemos que es un uso prioritario, no estamos cerrados a negociar”.

Paredes Villagómez admite que hay una inversión histórica importante en la tecnificación para reducir el desperdicio de agua en las siembras, que según la Comisión Estatal del Agua, rebasa el 50 por ciento. “El problema es que se descompone algo mínimo, y el productor, si el Gobierno no se lo repara, lo deja tirado y regresa a los métodos tradicionales; es un problema muy serio”, ex dirigente campesino. Si esa inversión se deja de lado, será difícil que la presa de Solís tenga los recursos suficientes para abastecer dos sectores. “Cuando hay escasez de agua o malos precios en el mercado, también hacemos recomendaciones a los productores para que cambien de productos; pero es solamente una sugerencia; cada productor es diferente y muchos sencillamente se aferran a sus decisiones, lo que limita el alcance de la planeación”, agrega el dirigente.

Guadalajara, por su parte, obtendrá en 2024 unos 3.000 litros extra por segundo de la cuenca del Verde, según el Gobierno del Estado. Otros 2.000 litros los busca obtener de concesiones de pozos de la industria del corredor de El Salto, la cual será abastecida por una línea con agua tratada de la planta de El Ahogado, de calidad secundaria. Sin embargo, hasta ahora solo ha obtenido contratos por 600 litros, y la tendencia de las empresas es a no entregar sus concesiones, sino, a lo sumo, “prestarlas”.

Son los proyectos inmobiliarios los que están poniendo en jaque el abastecimiento de ambos centros urbanos. En León, el megaproyecto City Center y la sequía ocasionaron que más de 90 colonias sufrieran “tandeos” o cortes de suministro durante este año. En Guadalajara, los permisos para desarrollos nuevos y torres también han puesto en jaque el servicio. En 2021 quedaron sin agua más de medio millón de tapatíos por la escasez en la presa Calderón, pero las construcciones de fraccionamientos no se han detenido, aunque hay más de un cuarto de millón de casas solas en la periferia y existe una reserva urbana con permisos, superior a 8.000 hectáreas, pese a que la política de expansión ha sido supuestamente cancelada desde 2016, con la creación del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet). Al arranque de 2024, la autoridad espera mitigar el problema con la llegada de agua del sistema El Zapotillo, lo que solo disfraza la crisis ocasionada por la expansión de la ciudad.

No es descartable que los intereses de las dos ciudades entren pronto en colisión. Si León ejerce sus derechos o si extrae el agua de Solís, afecta dos puntos de abastecimiento de Guadalajara. Ese podría ser el cuarto capítulo, esta vez, urbanos contra urbanos. Rodrigo Flores Elizondo, académico de la Universidad Jesuita de Guadalajara, cuenta al respecto: “Un funcionario de la Conagua, Mario López, nos dijo cuando se negoció el decreto de distribución que está vigente, que el acuerdo es bueno, pero no resistiría tres años de sequía”. Se espera que 2024 sea, al menos durante los primeros cinco meses, un año seco en toda la región, conforme a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. De no mejorar la situación pluvial, este podrá ser el tercer año de sequía desde que se aprobó el decreto de distribución.

El megaproyecto que seca el vaso regulador de León

Es noviembre de 2016. Sobre un templete color gris y con el humedal Los Cárcamos de fondo, el entonces presidente municipal de la ciudad de León, Héctor Germán René López Santillana, le da la bienvenida al gobernador Miguel Márquez Márquez, quien estuvo al frente de la administración estatal de Guanajuato de 2012 a 2018. Ambos de extracción panista. En ese mismo estrado, empresarios del Grupo Mexico Retail Properties (MRP), desarrolladores de un proyecto entonces llamado City Park, ahora City Center, escuchan el discurso del alcalde, en donde les asegura que ahí “encontrarán un suelo fértil para este ambicioso proyecto”.

La obra incluye un área comercial de 29.500 metros cuadrados, con cines, tiendas, restaurantes y un centro comercial; una torre residencial de 20 pisos con 156 departamentos; una torre de oficinas de 16 pisos; y un hotel de categoría cinco estrellas, también de 16 pisos. López Santillana afirma que aquella inversión representa “un parteaguas para el desarrollo urbano de León”.

Colectivos, organizaciones de la sociedad civil y académicos no solo han denunciado, durante los últimos siete años, las irregularidades del proyecto y la ilegalidad de su construcción, sino que también han advertido de las afectaciones al humedal Los Cárcamos, el vaso regulador de la ciudad de León, y al sistema hídrico del municipio. Para el abogado Gustavo Lozano Guerrero, quien forma parte de la organización Acción Colectiva Socioambiental, ese evento de noviembre de 2016 fue el inicio de un enmarañado camino jurídico que han recorrido desde entonces, con la intención de detener las operaciones del proyecto inmobiliario y preservar el humedal, que poco a poco disminuye su capacidad hídrica.

Desde entonces, han pasado muchas cosas: la sociedad civil ingresó, al menos, 55 solicitudes de información para obtener detalles sobre la obra; se interpusieron amparos para la suspensión del complejo, se ingresaron dos denuncias, ante la Profepa y otra en la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) del municipio; además, se acudió a mecanismos de cooperación internacional en materia ambiental para la revisión del caso.

El proyecto comenzó a construirse hasta 2018 porque en enero de 2017 la Dirección de Medio Ambiente del municipio desechó la primera autorización de Manifestación de Impacto Ambiental que tenía City Center, otorgada en 2015 por la administración del alcalde interino Octavio Augusto Villasana Delfín, quien sustituyó a la priista Bárbara Botello Santibáñez durante los últimos siete meses de su administración.

Sobre esto, Lozano Guerrero explica: “Desechan la autorización que había emitido el Gobierno anterior porque estaba muy mal hecho, pero le dicen que quedaban a salvo los derechos de los promotores del proyecto para que presentara uno nuevo”.

Fue hasta el 31 de marzo de 2017 cuando el desarrollador presentó la nueva solicitud para la asignación de la modalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), trámite obligatorio que evalúa el impacto que tendrá una obra o construcción sobre el medio ambiente. Cinco meses después, el 16 de agosto de 2017, fue entregada la MIA a la Dirección de Regulación Ambiental (DRA) del municipio de León.

Lozano Guerrero recuerda que entre mayo y junio de 2018, un vecino del parque presentó una demanda de nulidad en donde le concedieron la suspensión definitiva del proyecto durante cinco meses. Con esto, Acción Colectiva Socioambiental buscó al demandante con la finalidad de sumarlo a los trabajos que preparaba la organización y que su litigio estuviera arropado por las organizaciones. Pero de un momento a otro, la denuncia dio un giro inesperado. Así lo cuenta Lozano Guerrero: “Aceptó. En agosto de 2018 salimos públicamente en una rueda de prensa a respaldarlo, pero para diciembre de ese mismo año nos enteramos, por un tuit, que el vecino, el Gobierno y el proyecto habían llegado a un acuerdo para que se desistiera de su acción legal a cambio de mejoras al parque”.

Sobre esto, la lectura del abogado y de los colectivos es que detrás de City Center existe una mafia inmobiliaria que, entre otras cosas, realiza ofrecimientos monetarios a cambio de los desistimientos en los trámites legales, ya que, asegura, jurídicamente, no había razones para desistirse. Al contrario, les pareció un acierto que el Tribunal de Justicia Administrativa, a partir de la demanda, ordenara suspender el proyecto. “Quienes lo acompañamos en aquella rueda de prensa nos preguntamos entre nosotros si no queríamos hacer algo más por el tema. Y entonces, a partir de enero del 2019, se conforma la plataforma Salvemos al Humedal Los Cárcamos. Empezamos con varias actividades en el parque los fines de semana y solicitamos la información del proyecto para estudiarla y definir qué acción legal podríamos emprender”, explica el abogado.

Todas las irregularidades que detectaron en este lapso, les llevaron a que, el 16 de abril de 2019, la organización ingresara una petición para la aplicación efectiva de la legislación ambiental, ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América (CCA). El propósito: que se examinaran las omisiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental en el caso del proyecto City Center. La organización alegó que el municipio, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), no era la autoridad competente para “conocer, sustanciar y resolver el procedimiento de evaluación del impacto ambiental” y que “la atribución para realizar las evaluaciones de impacto ambiental es únicamente de la federación y de los estados”.

En julio de 2019, el organismo internacional le dio la razón al colectivo. Estimó que no se presentaron la totalidad de documentos que requieren estas disposiciones legales, así como tampoco se dio cumplimiento a las obligaciones de garantizar el derecho de consulta y de participación de las comunidades aledañas. La misma resolución de la CCA subraya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostiene que los municipios no cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al ambiente, ya que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca en un ámbito exclusivo y aislado del municipio.

Pese al estrés hídrico que atraviesa la ciudad de León y la falta de agua en las 97 colonias aledañas a la presa El Palote y al humedal Los Cárcamos, la Sapal le autorizó a City Center una factibilidad del servicio de 830 mil 304 litros de agua al día; esto sería equivalente a 41 mil 515 garrafones de agua.

Esta desigualdad en el acceso al servicio del agua entre el megaproyecto y los habitantes de la zona norte de León, se agrava por la afectación de la obra al flujo natural subterráneo que vincula a la Presa El Palote con el Humedal del Parque Los Cárcamos. De acuerdo al Estudio Integral para la Conservación del Parque Los Cárcamos, realizado por el Centro de Investigación y Asistencia Técnica (Ciatec) en enero del 2017, se explica que el humedal posee una conexión con El Palote. Este es un señalamiento que las organizaciones han recalcado; sin embargo, México Retail Properties (MRP) lo ha negado públicamente, pese a que el estudio realizado por el Ciatec fue solicitado por el mismo desarrollador, a solicitud de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA).

El 22 de agosto de este año, habitantes de algunas de las 97 colonias que reciben agua por tandeo presentaron una demanda de amparo en contra de Sapal y la Dirección General del Medio Ambiente del municipio. En esta los vecinos argumentaron que el ecosistema que está siendo vulnerado por ese proyecto guarda relación directa con la circunstancia que viven desde el mes de marzo de este año.

Un mes después, el Juzgado Cuarto de Distrito ordenó la suspensión del suministro de agua a City Center; así como que no se emita el aviso de terminación de obra y no se expida la autorización de uso y ocupación. “El proyecto vulnera el derecho humano al agua de los habitantes de la ciudad y pone en riesgo la viabilidad del acuífero a largo plazo y es un proyecto que corrompe autoridades”, concluyó el Juzgado.

A principios de diciembre de 2023, el proceso de juicio entre Acción Colectiva y City Center se detuvo debido a que, tras la suspensión concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito, un vecino del parque Los Cárcamos interpuso un recurso bajo el argumento de estar interesado en el proceso legal. Esta petición fue desestimada por el juzgado que lleva el caso. Ante la incertidumbre de ambas partes, las autoridades han fijado el 29 de enero de 2024 como la fecha para una audiencia constitucional que determine el proceder del megaproyecto.

Muerte en los Altos de Jalisco

El cuerpo de un becerro yace en medio del reverdecido matorral de las tierras de uso común del ejido La Cuchara, en las áridas llanuras de Ojuelos de Jalisco, en el extremo oriente de la meseta de Los Altos. Presenta cerca de un mes de descomposición, y como ha estado expuesto al sol, al calor extremo y a los necrófagos, pronto será solamente cueros y huesos. No es el único. A menos de 100 metros, otra víctima de la sequía comenzó su proceso dos semanas después. Y vendrán más, pues en La Cuchara abundan los muertos en vida.

El presidente del comisariado ejidal, Martín Montoya Contreras, señala a una vaca de cuatro años de edad. El animal luce ya las costillas. “Lo lamento muchísimo; la descuidé por andar en la política y ya no tiene remedio, ni siquiera quiere comer. Ya solo estoy esperando que se caiga”. El bovino camina desorientado e inexpresivo. Ya no intenta arrancar hierba aunque haya pasto tierno. Las vecinas más sanas hacen honor a la fama de hambre inextinguible que persigue a todos los grandes hervíboros. Su condición de rumiantes o poligástricos (poseen cuatro estómagos) les ayuda a enfrentar la escasez, pero ante la gran masa corporal, y la pobreza proteínica de muchos pastos, no les queda otra que comer sin detenerse.

Montoya Contreras explica: “La gente que conoce nuestro clima a veces nos pregunta de qué vive la gente de Ojuelos, y muchos dicen: pues de puro milagro. Porque no llueve lo suficiente casi nunca, y este año, precisamente, llovió mucho menos que cualquier otro año; fue un año espectacular en cuanto a la sequía”. ¿Cuáles son los efectos que esto va a acarrear a los productores? Simple: “No va a haber cosecha, no va a haber ni siquiera pastura para los animales; los aguajes están secos o con mínimos, ni siquiera cinco por ciento de su nivel de agua. Entonces va a haber una carestía enorme de alimento y de agua, se pondrá todo muy caro. El problema es que este año es el siguiente de dos; el anterior también nos fue muy mal a la mayoría de los que producimos frijol y maíz, y este año, pues ni siquiera se pudo levantar la cosecha, ni siquiera las matitas, que quedaron a medio desarrollo, produjeron lo suficiente para cortar algo”.

El novelista Agustín Yáñez llamó a esta meseta con alturas superiores a 2.000 metros sobre el nivel del mar “Las tierras flacas”. No obstante, los datos de su productividad son impresionantes. Región agrícola, y sobre todo, ganadera, aporta más de la mitad de la producción nacional de huevo de gallina, 9 por ciento de la carne de ave, 21 por ciento de la leche fluida de bovino y, junto con los municipios de la Ciénega de Chapala, ubicada al sur, 22 por ciento de la carne de cerdo, esto según datos de la Sader en el documento Panorama Agroalimentario 2023 (disponible en pubhtml5.com).

La Conagua no informa de las precipitaciones acumuladas desde marzo de 2023, cuando sufrió el hackeo de sus plataformas web. No obstante, el mejor termómetro de la escasez son las presas mayores y los bordos, donde el agua se ha reducido dramáticamente. De este modo, el registro para la presa El Cuarenta, ubicada en Lagos de Moreno, es de apenas 5.5 millones de m3, es decir, 18.3 por ciento de su capacidad total; La Sauceda, en el mismo municipio, tiene 27 por ciento de almacenamiento, es decir, 4.3 millones de m3.

La falta de agua ha sido un problema recurrente; políticamente dio soporte a la oposición al acueducto El Zapotillo-León, pero eso no exime de contradicciones a la propia dinámica económica. La investigadora Cindy McCulligh, doctorada en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Occidente), ha documentado una reveladora tendencia a incrementar los gastos de agua pese a su falta crítica.

Señala datos de la Sader: algunos municipios emblemáticos como Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz crecieron sustancialmente sus tierras irrigadas en el periodo del gran debate por la escasez: entre 2006 y 2022, se pasó de 50.490 hectáreas bajo irrigación a 84.243 hectáreas. En particular, Encarnación tenía 4.900 hectáreas en 2006 y reporta alrededor de 15.000 en 2022; San Juan pasó de 2.800 a más de 8.000 hectáreas. Sobre este incremento McCulligh comenta: “Me llama mucho la atención este incremento, pues cuando fuimos al Ayuntamiento a hacer la investigación, nos comentaron que solo existe la posibilidad de abastecer de agua potable entre 24 y 36 horas por semana, a excepción del centro, que tiene agua todo el fin de semana por el tema del turismo y los peregrinos”. Esto significa, según la investigadora, que la falta de agua para uso urbano se debe, en buena medida, a que el uso agrícola creció. Además, la alarma que la Red Nacional de Monitoreo de la Conagua informa de niveles de contaminación alta en aguas superficiales como el río San Juan, o en las subterráneas, donde es común encontrar arsénico o flúor por encima de lo que la norma oficial mexicana permite.

Toda la región tiene vedas en agua subterránea, pero eso no impide procesos de acaparamiento de concesiones, fomentadas en buena medida por la opacidad de la Conagua y la existencia de un mercado negro de concesiones. A la larga, esto provoca que los pequeños productores, una nota social muy característica de Los Altos, estén comenzando a vender sus negocios, que son inviables por carecer de agua y por ende, no tener capacidad de producir sus forrajes, además de los problemas de mercado que los han afectado por décadas.

De este modo, hay una sequía natural: el fenómeno de la escasez de agua por bajas precipitaciones. Pero se agrava con la sequía social, inducida por malas prácticas en el uso del recurso (sobreexplotación, contaminación), falta de infraestructura, y ausencia de autoridad regulatoria, lo que vulnera derechos y afecta a las capas socialmente más desprotegidas.

Estos son tiempos de cambio climático, de lluvias erráticas, de una expansión continua de los grandes desiertos, como el de Chihuahua, que colinda con esta región. Pero, ¿realmente, las nuevas sequías tienen que ver con la expansión del desierto, como aseguran muchos expertos? Uno de los mayores ecólogos de México, Exequiel Ezcurra, nacido argentino en 1950 y que hoy preside el Instituto para Estados Unidos y México de la Universidad de California, ataja esa idea: “No debemos confundir la desertización, un proceso natural, con esta destrucción de ecosistemas que estamos provocando en la zona del desierto para proyectos económicos de corto plazo. El desierto es un ecosistema muy importante y muy rico, no tiene que ver con estos páramos que se están expandiendo a costa de la actividad humana”, sostiene.

A su juicio, el comienzo de la solución para que se detone la adaptación de la economía a las capacidades reales de carga de los ecosistemas secos, es barrer con los subsidios, que impiden reflejar en los precios el verdadero valor de los servicios ambientales. El ex secretario de Agricultura federal (2003-2012), secunda lo dicho por Ezcurra: “Si por otro lado, generamos una gran planeación para manejar de forma integral el agua y el suelo, es seguro que encontraremos que hay muchas soluciones, pero es necesaria la organización para la producción, la información sólida, el largo plazo y la confianza institucional”.

A 13 kilómetros de Ébano, a un costado de la carretera Valles-Tampico, en Pánuco (Estado de Veracruz), se encuentra la empresa Resoluciones Integrales Ecológicas de la Zona Conurbada SA de CV. Este proyecto recibe “residuos peligrosos y materiales provenientes de la extracción del petróleo. Así como materiales, suelos impregnados con hidrocarburos, producto de un derrame o fuga de compuestos petroleros”, según la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), emitida en septiembre de 2006.

Para llegar al tiradero hay que tomar un taxi desde Ébano. Durante el trayecto, Don Rodríguez, el guía para llegar a la planta, advierte que es muy común que del vertedero se emitan olores que generan dolor de cabeza y lagrimeo en los ojos.

En la entrada principal de la empresa, ubicada sobre el camino de Tancoco, se encuentran dos lonas. En la primera se lee lo siguiente: “Por contravenir a la legislación ambiental, clausurado”. Y en la segunda: “Suspensión de actividades”.

A lo lejos, se logra ver una ligera nube de humo que sale del interior del predio; en julio de 2023 habitantes de 11 comunidades realizaron un bloqueo carretero para exigir su clausura, ya que un mes antes se registró un incendio en este vertedero.

A poco más de un kilómetro del sitio, en colindancia con Resoluciones Integrales Ecológicas de la Zona Conurbada SA de CV, hay un rancho en el que se observan algunas vacas. El dueño del terreno, quien vive en una casita al fondo, explica los estragos que la sequía ocasionó al ganado; a la par, hace hincapié en las afectaciones que el tiradero le ha generado a su salud desde hace al menos 15 años.