La política del Estado mexicano contra el crimen organizado es como un zombie. Camina como muerto viviente, se pudre con el paso del tiempo y se alimenta de los vivos. Es un fracaso.
Lo es porque el statu quo privilegia la falacia punitiva de que más policías, patrullas y balas disminuyen la incidencia delictiva, en lugar de crear estrategias innovadoras para reducir el daño y mitigar la violencia. Esta falacia está respaldada no sólo por gobernantes, sino por liderazgos políticos, empresariales y profesionales.
Por ello, cuando se trata del crimen organizado y la violencia, en la opinión pública suele exigirse la aplicación del Estado de Derecho como un castigo. En respuesta, los políticos suelen prometer aplicar “todo el peso de la ley”. Tan sólo en el primer cuarto del siglo XXI, México ha gastado miles de millones de pesos en seguridad pública y, como todos los días podemos constatar, el problema no está resuelto. Ni de lejos. Entre 2006 y 2019, el gasto presupuestado para rubros asociados con seguridad pública sumó 2 billones de pesos, una cantidad inmensa que el país habría podido invertir para impulsar sectores estratégicos, como energías renovables, tecnología, biotecnología o agricultura sostenible.
El crimen organizado también es un sistema y, como tal, requiere de recursos y energía para funcionar. Estos fenómenos tienen dos características esenciales: la retroalimentación y la contención. Las políticas públicas de las últimas dos décadas no han cerrado los flujos que retroalimentan al crimen organizado, sino solamente contener las consecuencias. Es como una manguera con muchos agujeros. Tapas uno pero el agua se fuga por otros. Lo mejor es cerrar la llave. El primer gran obstáculo para cerrar esa llave es la carga moral de la visión punitiva. Ver el problema del crimen organizado como la lucha de los buenos y los malos privilegia los parches de la manguera.
Primero hay que despojar de moral el enfoque del problema y atenderlo desde la perspectiva de la técnica social. Por eso creo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo mitigamos la violencia que se deriva del crimen organizado? Y la respuesta es reduciendo sus flujos de retroalimentación. Por ejemplo, el reclutamiento de jóvenes, quienes son las víctimas de los criminales y de la fracasada política pública.
Caso Sinaloa. Datos de jóvenes en el delito
En lo que va del siglo XXI, la empresa criminal dominante en Sinaloa ha tenido 3 fracturas con sus consecuentes repuntes de violencia. En 2008 inició la pugna del Cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera contra los hermanos Beltrán Leyva. En 2017 el Cártel de Sinaloa entró en conflicto con el grupo de Dámaso López Núñez y el tercer quiebre es el actual que comenzó en septiembre de 2024 entre los hijos de Zambada y Guzmán.
En estas décadas, los gobernantes sólo respondieron con policías y soldados, metralletas y patrullas. Y el problema no está resuelto, sino peor.Desde la primera fractura, ya había indicios del reclutamiento juvenil. Entonces, se registró un cambio de época, por así decirlo, pues ante la intensificación de la guerra y la pérdida de sicarios y personal de otros roles, se redujeron las edades de reclutamiento. Además de la creciente demanda del mercado y el flujo de armas, el crimen se fortaleció con la fuerza juvenil ante el desinterés del Estado por anticiparse al problema.
A 17 años, esta es la radiografía de la omisión, negligencia o impericia estatal que hoy tenemos. La tercera parte de las víctimas de homicidio doloso en Sinaloa durante 2024 fueron adultos jóvenes (18 a 29 años). De acuerdo con la Sedena, 43 % de los detenidos en esta entidad están en ese rango de edad, mientras que la Fiscalía General del Estado reporta que 14 % de los imputados también son adultos jóvenes. A nivel nacional la tercera parte de la población penitenciaria eran menores de 29 años. Recientemente, en Sinaloa, los adultos jóvenes en penales aumentaron 16% entre diciembre de 2024 y abril de 2025.
Estos datos son indicios de la recurrencia juvenil en actividades delictivas. Por ello, es relevante plantearnos una pregunta: ¿Por qué las personas jóvenes deciden delinquir? Por un lado está el entorno en el que se desarrollan y por el otro, la oportunidad y necesidad.
Comencemos por las familias. El delito más denunciado en Sinaloa es la violencia familiar. Esto significa que el núcleo familiar no está del todo bien y que en algunos casos es un factor de riesgo, más que de protección. Si a eso le sumamos el consumo problemático de sustancias del padre o de la madre o de ambos.
En la escuela pasa algo similar. Alumnas y alumnos están rodeados de factores de riesgo, tanto dentro como alrededor de los centros escolares. Incluso ahí pueden darse los primeros consumos de droga, ya sea con amigos o en las instalaciones. También en las colonias hay factores de riesgo, desde disponibilidad de drogas, hasta la presencia de punteros, sicarios y casas de seguridad.
Este es solo un repaso del entorno en el que niños y jóvenes se desenvuelven. Obviamente no todos se hacen criminales, pero sí están los que se quedan atrás, que son enganchados y terminan participando con el crimen organizado. Estos entornos de riesgo son los que activan las necesidades económicas, emocionales y sociales de las juventudes.
Por el lado de la oportunidad, es importante considerar la disponibilidad, accesibilidad y percepción de las posibilidades de cometer un delito sin ser atrapado o castigado. Se relaciona con factores que van desde la falta de vigilancia, hasta la debilidad de las instituciones, la presencia de redes criminales activas, la cercanía a economías ilícitas (como el narcotráfico en este caso) y la existencia de modelos aspiracionales que ofrecen la idea falsa de éxito rápido o poder.
Mientras no se resuelva esta convergencia de necesidad con oportunidad en entornos de riesgo, no habrá cantidad de policías ni soldados que alcancen.
La desmovilización de jóvenes y las segundas oportunidades
Mitigar los factores de riesgo en el entorno juvenil y desactivar la convergencia de necesidad y oportunidad es una estrategia de largo plazo para evitar la cantera de jóvenes que retroalimentan al crimen organizado y su violencia.
Inhibir el reclutamiento es una medida anticipativa. Hay otra estrategia paralela, sin embargo, que puede ser de mediano plazo y que requiere aplicarse para cerrar el bucle de la reincidencia del delito: la desmovilización de jóvenes del crimen organizado. Los que ya están reclutados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, la reincidencia en Sinaloa era del 22 % en 2021. Aunque no hay un estudio reciente, dado el contexto, es posible considerar que este porcentaje se mantiene o, incluso, es más alto.
Para intentar entender la reincidencia, veamos la Estadística Nacional de Adolescentes con Medidas Cautelares, con Medidas de Sanción Privativa y No Privativas de la Libertad y la Suspensión Condicional del Proceso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano.
Para abril de 2025, 4 mil 406 adolescentes de ambos géneros tenían alguna medida cautelar o estaban privados de la libertad, por delitos del fuero común o del federal. De estos, 59% estaban con medidas cautelares o de sanción en externamiento, es decir, no estaban privados de la libertad en espera de sentencia o ya dictada esta. ¿Dónde están? Usualmente en sus casas, en su colonias con supervisión de personal de trabajo social o psicología. Así son altas las posibilidades de reincidencia.
La desmovilización es un compromiso del Estado con estos muchachos que antes de victimarios, también son víctimas de nuestras propias estructuras sociales. Implica innovación, altura y seriedad de los gobernantes y empatía de la sociedad. Que nadie quede atrás.
Técnicamente la desmovilización es un proceso integral orientado a desvincular a los jóvenes que participan en actividades ilícitas. Implica romper los lazos que atan a los jóvenes a redes criminales, a través de la creación y fortalecimiento de oportunidades legítimas que superen las que les ofrecen las estructuras delictivas.
Hace unos meses participamos en un modesto sondeo entre menores de edad, la mayoría de ellos eran sicarios. Y hubo dos hallazgos en particular que impactaron. Primero, hay un deseo de renunciar. La mayoría de los jóvenes lo expresaron, lo que sugiere una conciencia de las consecuencias negativas a largo plazo o un cambio en sus aspiraciones.
Segundo, quieren renunciar pero hay obstáculos para la salida. Temen represalias y la falta de alternativas legítimas representan los mayores impedimentos para buscar su reinserción.
Para efectos de este texto, podemos comentar que una estrategia de desmovilización desde la política pública puede representar una segunda oportunidad para estos jóvenes y disminuir la fuerza laboral del crimen organizado.
Enfrentar el reto de la violencia y el reclutamiento criminal juvenil no es cuestión de castigos, sino de oportunidades. Si queremos que México deje de perder a sus jóvenes en el remolino del crimen, necesitamos construir un túnel sólido de reintegración social que les permita salir de esa espiral.
Sobre el autor:
Francisco Cuamea
Director y productor de Téhwa, agencia de comunicación sostenible. Miembro Fundador de Iniciativa Sinaloa AC. Integrante de la red de expertos de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Músico, comunicador, periodista y ensayista.
