Este artículo forma parte de Integridad Corporativa 500 de 2021 y fue originalmente publicado en la revista Expansión de diciembre de 2021.

En 2021, México celebró la mayor jornada electoral de su historia. En esta fecha se eligieron 500 curules para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 15 gubernaturas; 1,063 curules en los Congresos locales; y 1,923 presidentes municipales. La participación de distintas instituciones, organizaciones y personas fue fundamental para que este proceso electoral derivara en la selección de nuestros representantes en cargos ejecutivos y legislativos. 

El sistema de financiamiento de los partidos políticos en nuestro país es mixto, reciben dinero público y pueden recibir aportaciones privadas. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia las personas morales —empresas mercantiles, sindicatos, cooperativas, entre otras—  pueden realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular . 

La pregunta sobre el papel del sector privado en la vida pública y política del país no es nueva y es necesario reconocer su interés por los resultados de los procesos electorales así cómo por las decisiones que toman durante su gestión quienes ocupan los cargos públicos. ¿Cuál es el papel de las empresas en la vida pública? Estas son algunas consideraciones útiles a tener en cuenta para la discusión: 

  1. El seguimiento al dinero, público y privado, sigue siendo un reto. El Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral auditó 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos del Proceso Electoral 2020-2021. Al finalizar, identificó 60 tipos de irregularidades cometidas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que deberán ser sancionadas. De los ingresos, casi 32 millones (31,533,651.13) se identificaron como “no reportados” y casi 50 millones (49,579,213.95) como “no comprobados” . ¿Cuál es el origen de estos ingresos? ¿Cuáles son las empresas o empresas fantasma que han aportado a las campañas políticas de manera ilícita? El seguimiento al dinero, durante los procesos electorales y durante la gestión de gobierno, tiene que lograr conocer de manera precisa el origen, el destino de los recursos, así como los resultados de su ejercicio.
  2. Las empresas, aunque tienen un papel fundamental en la vida pública del país, tienen fines lucrativos y defienden los intereses particulares para los que fueron creadas. Si las empresas pudieran realizar aportaciones o donativos de manera legal a una campaña política muy probablemente lo harían —o lo hacen— desde la defensa de los intereses de esa empresa, sindicato o cooperativa. 
  3. Todas las personas tienen intereses. El problema no es tenerlos, sino que una decisión pública esté encaminada a satisfacer los intereses particulares y beneficiar a un grupo específico de personas y no los intereses públicos. De ahí la importancia de conocer los intereses de los servidores públicos, porque la relación entre las empresas y la política no se limita a los períodos electorales. Para citar solo un ejemplo, el gobierno compra utensilios médicos y medicamentos para proveer el servicio de salud. Si la decisión para proveer este servicio se guía por el interés de beneficiar a una empresa en específico, y no a garantizar el derecho a la salud, entonces hay un conflicto de intereses. 

Reconociendo el rol y el impacto de las empresas en la vida pública del país, es fundamental abrir los espacios para dialogar sobre la situación actual, los retos comunes y los mecanismos necesarios para que la interacción entre las empresas y la política priorice los intereses públicos sobre los intereses de un grupo específico.