Marginan en CDMX a ciudadanos en leyes de planeación

Organizaciones de la sociedad civil acusan que las iniciativas en el Congreso de la Ciudad de México para la planeación urbana reducen la participación ciudadana, con lo que muchos asuntos del desarrollo de la capital quedarían en manos de la autoridad.

Las comisiones de Planeación del Desarrollo y de Administración Pública Local en el Congreso de la Ciudad discuten en estos días el dictamen de la Ley de Planeación que ordena la Constitución de la Ciudad y que sería votado esta misma semana.  

Esta ley establecerá los criterios bajo los que se creará el plan general de desarrollo para los próximos 20 años, un programa de ordenamiento territorial a 15 años y el Instituto de Planeación que elaborará ambos.

Las reglas para cambios de uso de suelo, límites de altura en las construcciones, gestión del agua, medio ambiente, vivienda, movilidad y la asignación del presupuesto para estos temas también serán definidas en esta ley.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó el 26 de noviembre que a través de una iniciativa de ley la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum buscaba controlar la planeación y el desarrollo inmobiliario de la ciudad dejando fuera al Congreso en el nombramiento de los órganos que deberían diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo urbano.

Ahora existen dos propuestas en comisiones, una del diputado panista Federico Döring y otra de la morenista Guadalupe Chavira, que se apega a la propuesta de Sheinbaum. Las comisiones deberán llegar a un dictamen para que sea votado en el pleno esta semana.

Aunque la Constitución ordena que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva cuente con una oficina especializada de consulta pública y participación social, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que las dos iniciativas que hoy se discuten dejan fuera a los ciudadanos en muchas decisiones.

Josefina Mac Gregor, directora de la organización Suma Urbana, dijo que en ninguno de los dos proyectos está definido el alcance que tendrá la participación ciudadana en los procesos de planeación de la ciudad.

La propuesta del diputado Döring señala que para la aprobación de los programas de desarrollo la ciudadanía podrá presentar observaciones durante los 30 días siguientes a la difusión del proyecto y la autoridad responsable analizará las opiniones y propuestas ciudadanas.

Pero eso no incluye la participación de los capitalinos en otros temas de desarrollo urbano más allá del programa de desarrollo.

“La población debe opinar y conocer no solo los programas parciales y de ordenamiento territorial, sino también cualquier modificación a áreas de valor ambiental, modificación a áreas verdes, modificación de uso de suelo de un predio, desincorporación de un inmueble público a título oneroso como los permisos temporales para uso privado”, dijo Mac Gregor.

El predictamen de Döring señala que las consultas ciudadanas deben ser realizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos el quince por ciento de la lista nominal de la zona impactada.

Por su parte, la propuesta de dictamen de la diputada Chavira solo contempla la creación de una oficina especializada para la consulta pública y delega su integración, funcionamiento y operación a una ley posterior.

Pero para las organizaciones queda en la incertidumbre si estará garantizada la participación, por lo que Mac Gregor dice que se deben definir desde la Ley de Planeación los procesos donde serán consultados y que todas las consultas sean vinculantes.

Además, considera que deben garantizarse mecanismos de participación como audiencias en el Congreso de la Ciudad, donde serán aprobados los cambios en el desarrollo.

“Que esté abierto a audiencias públicas y se pueda volver a exponer y a incidir no solo desde el cabildeo, sino a través de mecanismos creados y estipulados desde la ley”.

Ante el riesgo de que los titulares de estos órganos en el Instituto de Planeación no sean totalmente independientes Mac Gregor señala que tiene que haber una supervisión desde la ciudadanía para que no sea perjudicada en el diseño del desarrollo.

La directora de Ruta Cívica Mónica Tapia, por su parte, dijo que la participación ciudadana debe garantizarse en tres momentos: con propuestas de proyectos de desarrollo, con la retroalimentación a proyectos presentados por la autoridad y siendo consultados previo a la aprobación del Congreso de planes y proyectos de desarrollo.

“Hay mecanismos desde la Constitución que son muchos, muy variados, hay que aprenderlos a usar en cada momento y se usan bien. Esto se hace en cualquier ciudad del mundo, no es complicado”, dijo Tapia.

De acuerdo con la activista, el Instituto Electoral no gastaría recursos en las consultas sobre el desarrollo, ya que al menos dos se pueden empatar con elecciones, una con la de alcaldes y legisladores, y la otra cuando se eligen comités ciudadanos de cada colonia.

Los diputados de las comisiones unidas que discuten la Ley de Planeación buscan que este miércoles 4 de diciembre se discutan las propuestas para que la ley se pueda aprobar en el Pleno esta misma semana.