Algunos de los efectos previstos son afectaciones a la productividad agrícola, acuícola y pesquera; el aumento de enfermedades infecciosas; mayores desplazamientos poblacionales, así como el incremento de desastres naturales derivados de climas extremos. En los siguientes años las consecuencias serán peores en la medida en que no haya intervención públicas de gran calado.

Las consecuencias de no proteger el medio ambiente son especialmente preocupantes para México, puesto que se encuentra en una de las zonas con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Esto significa que el impacto y los riesgos para nuestro país son mayores que en otras partes del mundo. Por ejemplo, el informe del IPCC registró que las víctimas mortales derivadas de sequías, inundaciones y tormentas en las zonas más vulnerables han sido 15 veces mayores que en otros sitios. Además, el cambio climático ya es perceptible en México: de acuerdo con la UNAM, en 2021 se alcanzaron temperaturas récord al registrar un aumento de 1.31ºC en comparación con el periodo de 1880 a 1910 . Esto significa que en el país ya hay un aumento de las temperaturas cercano al umbral de 1.5°C que proponía el Acuerdo de París para abolir los peores efectos del calentamiento global. Aunado a ello, han aumentado los eventos de escasez de agua, sequías, incendios forestales, desastres naturales y climas cada vez más extremos.

Ante este panorama, las acciones gubernamentales han avanzado en el sentido opuesto al necesario para combatir al cambio climático: se ha desmantelado a las instituciones encargadas de estudiar, atender y proteger el medio ambiente. Bajo el pretexto de la austeridad, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desarticulado a las instituciones ambientales, lo cual ha impactado los procesos administrativos y las capacidades del Estado para hacer frente a la crisis climática. De acuerdo con diferentes organizaciones internacionales y expertos en el tema, esto ha significado un retroceso sin precedentes en la política ambiental.

A nivel presupuestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) enfrenta desde 2016 un recorte en su gasto que no se revirtió con el cambio de gobierno, sino que se agudizó. Mientras en 2015 se le aprobaron recursos por 100 mil millones de pesos, para 2018 la cifra ya había disminuido a 47 mil millones. En el gobierno de AMLO llegó a mínimos históricos con 33 mil millones de pesos en 20211. Podría parecer que el presupuesto aprobado para 2023 representa un cambio de rumbo, pues incrementó para volver a los niveles de 2016; sin embargo, como se explicará más adelante, estos recursos no serán destinados realmente a la protección medioambiental.

EL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES AMBIENTALES

Además de los recortes al presupuesto —y en buena medida como consecuencia de ellos—, las instituciones encargadas de atender y estudiar el medio ambiente han sido desmanteladas administrativamente, lo cual ha reducido sustancialmente las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones. Por un lado, se han bloqueado y desactivado los procesos administrativos para vigilar los efectos ambientales de los megaproyectos del gobierno y se han reestructurado las oficinas administrativas para alinearlas con los programas sociales. Por el otro, han sido eliminadas diferentes áreas e instituciones administrativas especializadas para la atención del medio ambiente.

Las 32 delegaciones de Semarnat en los estados fueron reemplazadas por oficinas de representación. Lo mismo ocurrió con las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Además de disminuir la presencia y capacidad de operación de las dependencias en todo el país, este cambio modifica la lógica de las instituciones medioambientales. En lugar de atender los problemas ambientales en el ámbito local, estas oficinas ahora son administradas por las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, los famosos “súperdelegados” de la Secretaría de Bienestar.

En la Semarnat se eliminó la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Ahora solo permanece la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, a cargo de Iván Rico López, exdirector de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar, y la Subsecretaría de Regulación Ambiental que dirige Alonso Jiménez Reyes, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar. En el mismo sentido, Luis Meneses Murillo, a quien se identifica como un operador político de Morena y líder social, quedó al frente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Al igual que en el caso de Profepa, la preocupación medioambiental ha sido transformada por el enfoque de bienestar de la política social de este gobierno.

Otro golpe importante a las instituciones ambientales es la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) bajo el argumento que implicaría ahorros de recursos. Sin embargo, como señala la revisión del decreto y los planes para desaparecer otros organismos, los ahorros de transferir las funciones y personal del INECC e IMTA a Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) serían mínimos. Por ello, esta acción debe entenderse como una reestructuración administrativa más que como un mecanismo de ahorro.

La desaparición del INECC y el IMTA reduce las instituciones técnicas para la atención del cambio climático y la gestión del agua. Ambas eran órganos descentralizados, lo cual significa que tenían autonomía orgánica y técnica, facultades exclusivas, personalidad jurídica y patrimonio propio. Aunque tenían que coordinarse con la cabeza sectorial (Semarnat), su autonomía y arreglo institucional les permitía atender sus funciones bajo criterios especializados en el tema sin tener que lidiar con los criterios políticos que puede priorizar la administración pública centralizada (Semarnat y Conagua, en este caso). En los hechos, el gobierno mexicano ha dado muestras que no le importa contar con las instituciones técnicas para atender el cambio climático y la gestión del agua, dos retos centrales para el futuro de las próximas generaciones.

Por si este desmantelamiento fuera poco, tras la renuncia de José Sarukhán Kermez al frente de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la plantilla laboral de esta institución se redujo 30% con el despido de al menos 250 trabajadores. Para sustituir a Sarukhán, uno de los más reputados biólogos e investigadores en materia ambiental del país, se designó como Secretario Ejecutivo de Conabio a Daniel Quezada, fundador de Morena en el estado de Hidalgo.

SEMARNAT INOPERANTE

Esta investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la Semarnat permitió constatar que la desarticulación institucional del sector ambiental tiene consecuencias visibles, en tanto que han quedado inoperantes muchas de las obligaciones que le corresponden a esta institución. Por ejemplo, hay retrasos en procesos administrativos tales como la emisión de documentación forestal para acreditar la procedencia legal de los productos maderables, la renovación de autorizaciones, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, la emisión de las actas de inspección y vigilancia, así como la integración de expedientes de usuarios que todos los días ingresan trámites en las oficinas centrales de la dependencia.

De acuerdo con personal de la Semarnat, que pidió el anonimato por temor a represalias, hay procesos de gestión ambiental inoperantes, tales como la evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA´s ). Esto se debe a la falta de personal capacitado para cumplir con la revisión y acreditar la viabilidad o no de un proyecto. Aunque un resolutivo de impacto ambiental debe resolverse en un plazo de 90 días y un máximo de 180 días, documentos de la Semarnat evidencian que hay trámites que tardan más de un año en resolverse. Las oficinas de representación de la Semarnat en los estados también reportan un rezago en trámites administrativos derivado de la ausencia de personal.

“No es para nada exagerado decir que México está retrocediendo en su política ambiental. Lo que creo es que hay un retroceso que le está dando en el corazón a la gestión ambiental y que va ser muy difícil volver a reconstruir. Y ese es para mí el gran drama de la política actual: perder las instituciones que se fueron creando con especialistas a lo largo de décadas y que se habían convertido en referentes mundiales”, afirma Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) en entrevista con MCCI.

La también bióloga y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reflexiona sobre lo joven que es la política ambiental del país, ya que tiene apenas 40 años de historia para consolidar instituciones especializadas en la atención al sector ambiental. En la actual administración esas instituciones están desapareciendo y perderlas, explica, representa un retroceso que sitúa al sector ambiental en los años 90.

“La desaparición de Conabio y de toda su estructura y de su personal nos regresa a antes del 92. Las instituciones que se fortalecieron desde los noventa a la fecha, que son instituciones con un carácter que les da ciertos elementos de autonomía le estorban al gobierno, les estorban a las decisiones verticales que vienen desde la Presidencia de la República y entonces, las van debilitando y todo lo que sea una institución con ciertos niveles de autonomía en sus decisiones se han ido destruyendo: eso es el INECC, eso es el IMTA, eso es la Conabio”, enfatiza.

A medida que se debilitan las instituciones ambientales, explica, se pierde el personal capacitado, que representa uno de los principales activos en la gestión de la política ambiental. Lejos de aprovechar a los expertos de alto perfil técnico y científico, así como a las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la agenda del sector medio ambiente, dice, el gobierno les persigue, les sanciona y, con ello, se pierde la confianza para trabajar de manera conjunta.

“Las organizaciones sociales están igualmente perseguidas, castigadas, ¿cómo se va a recuperar esa confianza?, ¿cuánto tiempo va tardar en reconstruirse esa confianza? Hemos desestructurado, hemos perdido confianza, hemos perdido capacidades y esas capacidades tardan mucho tiempo en construirse en nuestro país. Destruir es muy fácil, pero construir es una tarea gigantesca, retadora, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo colectivo y todo eso se erosionó”, agrega Carabias.

Cuando no se garantiza la permanencia de las instituciones ni de los expertos que las conforman, así como el presupuesto para fortalecer su trabajo, se retrocede a gran escala en la agenda medioambiental.

En la siguiente entrega de esta investigación analizaremos a detalle cómo el desmantelamiento de las instituciones medioambientales se refleja en las disminuciones y recortes presupuestales que el gobierno federal ha aplicado año con año.

En la presente administración, señala, la Semarnat promueve la ocupación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y sitios de conservación, lo que ha llevado a que nuevas poblaciones administren esos territorios. Esta gestión ambiental, dice, contrasta con la de los ambientalistas que han defendido la importancia de conservar grandes superficies sin impacto humano. También es contraria la necesidad de una menor intervención humana, que a la vez se respete a los pueblos originarios que ya tienen presencia en esos lugares.

“La visión de la política de Semarnat nos ha ido separando porque no coincidimos en que las áreas protegidas deban de tener más gente de la que ya tienen, que es la que tiene derechos originales. En esta Semarnat, las áreas protegidas se ven como sitios para su colonización. Entonces, se relajan las leyes, se relajan las políticas, se promueven planes de desarrollo dentro de las reservas. Quienes hemos estado empujando las políticas históricamente, consideramos que el medio ambiente se tiene que manejar en un gradiente en donde hay áreas que han sido profundamente transformadas como las ciudades, áreas rurales que están en un proceso intermedio de transformación y áreas que no se deben tocar porque es allí donde continúa la vida y su evolución más allá de los seres humanos”, apunta.

Con una visión distinta sobre la gestión del medio ambiente, añade, la Semarnat también optó por debilitar instrumentos como la Manifestación de Impacto Ambiental y su evaluación, los cuales eran clave para minimizar los daños a los ecosistemas a causa del desarrollo. Además, obras de infraestructura como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el programa Sembrando Vida, acapararon el presupuesto del sector medio ambiente.

“Las instituciones están siendo dirigidas por gente que son operadores políticos y ya no tienen el conocimiento en medio ambiente, el caso más evidente es en Conabio. Programas como Sembrando Vida, Dos Bocas, el Tren Maya, han sido a costa de programas que estaban en el sector ambiental”, acusa.

Aunque el presidente López Obrador dice privilegiar la atención a los más pobres del país, Julia Carabias anticipa que la pobreza no podrá atenderse sin garantizar el cuidado al medio ambiente.

“El “primero los pobres” no es posible sin el medio ambiente, eso es una premisa falsa. No vamos a poder atender la pobreza con mala calidad del agua, sin suelo, sin especies, sin aire de calidad, porque en lo que va repercutir es en la salud directa de la gente y eso se ve en el campo. Los sitios deteriorados, son sitios empobrecidos”, enfatiza.

RECORTE PRESUPUESTAL CON GRAVES REPERCUSIONES AMBIENTALES

El declive presupuestal del sector medio ambiente que se agudizó en esta administración tendrá graves repercusiones en el corto y mediano plazo. César Augusto Rivera de Jesús, investigador de Transición Energética y Medio Ambiente en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), evidencia que en la última década el presupuesto de la Semarnat se ha reducido en un 18.5 por ciento. Esta tendencia, dice, es más evidente en la administración del gasto del actual gobierno.

“En 2013, en términos reales, la Semarnat tenía un presupuesto de 92 mil millones y para 2023 es de 75 mil millones de pesos esto significa la disminución de un 18.5 por ciento en términos generales. Esta disminución se ve en todos los órganos desconcentrados y en el descentralizado, todos tienen una disminución de crecimiento en su presupuesto y esto nos deja ver que el tema de medio ambiente no es una prioridad en este sexenio”, expuso en entrevista con MCCI.

De acuerdo con Rivera de Jesús, cuando los gobiernos reducen presupuestos se modifica también el diseño de las políticas públicas y se limita el cumplimiento de objetivos, pero en el caso del sector ambiental llama la atención que la reducción al gasto ocurre de manera generalizada.

“La parte de presupuesto es importante porque de allí se hace la política. Entonces, el que se dirijan menos recursos implica quitar una parte del presupuesto a una parte que funcionaba. Sin embargo, aquí de manera generalizada hay una disminución, no hay un rubro que tenga o en el que se vea un aumento, bueno para 2023 sí se ve en Conagua, pero en los años anteriores fue parejo la reducción”, enfatiza.

Al analizar el ejercicio del presupuesto, explica, se identifica que esta administración tiene proyectos prioritarios como la construcción de la Refinería Dos Bocas y el fortalecimiento del sector energético a partir de combustibles fósiles, lo cual desplaza las políticas de transición energética. En consecuencia, el sector energético se desarticuló y no hay un gasto programado para inversión en energías limpias que le permitan al país reducir emisiones contaminantes.

“Yo creo que va tener bastantes repercusiones dado que los compromisos, al menos los que se presentaron en la COP27, son muy altos, pero no vemos un presupuesto dirigido a la transición energética. Vemos un presupuesto dirigido a temas de combustibles fósiles que contaminan más, que generan más emisiones de gases de efecto invernadero”, agrega.

Si bien el actual gobierno justifica los altos índices de contaminación destacando el desarrollo económico que prometen sus proyectos de infraestructura, Rivera de Jesús sostiene que corresponde a los ciudadanos exigir el diseño de políticas públicas que garanticen la preservación de los recursos ambientales del país.

“Actualmente se está tratando de normalizar la contaminación con el discurso de “sin contaminación, no hay crecimiento económico”. Sin embargo, el crecimiento económico se podría dar con políticas que tengan menores impactos ambientales, se tendría que ver desde el bien común, la implementación de políticas que nos ayuden a tener un mejor ambiente”, sugiere.

De continuar la reducción presupuestal y el discurso que justifica la contaminación por encima del cuidado al medio ambiente, dice, el país será más vulnerable a problemas ambientales y al impacto del cambio climático.

EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SE VIOLA DESDE EL ESTADO

En México, el derecho humano al medio ambiente se viola desde el Estado. No sólo la asignación presupuestal de la Semarnat no ha crecido, salvo el asignado para 2023, sino que además sus recursos están dirigido a obras hídricas y no a las instituciones que promueven la conservación del patrimonio natural del país, señala Raymundo Raziel Villegas Núñez, abogado y maestro en políticas públicas.

De 2007 a 2015, la Semarnat tuvo un crecimiento sostenido en su presupuesto aprobado, alcanzando un máximo de 101 mil millones de pesos en 2014 y 2015, aunque el gasto que efectivamente se ejerció fue de 96 mil y 85 mil millones, respectivamente. A partir de ese momento comenzó un declive en el gasto, que bajó a 77 mil millones de pesos en 2016 y llegó a poco más de 50 mil millones para los dos últimos años del sexenio de Peña Nieto.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador profundizó esta reducción de recursos, pues los montos de 2019 a 2022 son los más bajos de los que tenemos registro, con apenas aproximadamente 40 mil millones de pesos cada año.

La única excepción a esta tendencia podría parecer el presupuesto aprobado para Semarnat en 2023. Con 72 mil millones de pesos supera la cifra de los años previos, aunque sigue estando por debajo de los niveles de 2014 y 2015. Al identificar la composición de este incremento en el presupuesto de la Semarnat, es notable que la mayor parte de esos recursos adicionales fueron etiquetados a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la construcción de infraestructura hídrica para riego o consumo humano como la presa Santa María, la cual ha estado detenida por varios años por problemas comunales y que recibirá 10 mil millones para este año. También incluye recursos para proyectos nuevos como “Agua Saludable para la Laguna”, entre Durango y Coahuila, con 8 mil 600 millones de pesos y la ampliación del distrito de riego para los pueblos yaquis.

Una forma de ver cómo el incremento del presupuesto en 2023 no ha ido de la mano con un mejor gasto para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad es mediante el análisis de la evolución de algunas instituciones particulares. Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha operado todo este sexenio con un presupuesto aprobado de 2,537 millones de pesos en promedio cada año, lo cual contrasta con los 6,266 millones en promedio del sexenio pasado. Es decir, hoy la Conafor tiene 60% menos recursos. Una de las consecuencias de estos recortes ha sido la desaparición del Programa de Empleo Temporal, con lo que se han reducido los recursos para contratar personal eventual para hacer frente a la creciente incidencia de incendios forestales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encuentra en una situación similar, pues mientras en el gobierno anterior tuvo un presupuesto promedio de 1,034 millones de pesos, durante esta administración disminuyó a 787 millones, una reducción de 24% en términos reales.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá en 2023 un ligero incremento de 4.7 por ciento con respecto al último año, al pasar de 887 a 930 millones, pero este monto se mantiene por debajo de los mil 132 millones de pesos que tuvo en 2018.

El abogado ambiental Raymundo Raziel Villegas explica que la reducción del presupuesto a las instituciones ambientales es una violación del derecho humano al medio ambiente que quedó establecido en la reforma constitucional de 2011, mismo que debe apegarse al principio de progresividad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que la progresividad debe ser una ruta de mejora constante, lo que implicaría que el presupuesto de la Semarnat siempre esté ascendiendo y no disminuya. Pero el actual gobierno, dice, traslada sus ideologías de “pobreza franciscana” y “austeridad republicana” al sector ambiental, lo que se ha traducido en una evidente crisis financiera e institucional.

“Lo menos que podríamos esperar es que ese presupuesto incrementara conforme se incrementó la inflación, allí no estaría mejorando, se estaría manteniendo, pero al menos no estaría retrocediendo. Al día de hoy no solamente no está mejorando conforme a la inflación, se le redujo entre el 60 y 70 por ciento dependiendo de cuál sea la institución de la que estemos hablando. Si se le daba 100 pesos de presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente, con la inflación al 4 por ciento, al siguiente año tendrían que haberle dado 104 pesos, si le diéramos 105 ya estaría progresando y tendríamos un peso de más para destinar al cuidado del medio ambiente, más gente, mejor capacitación, más recursos materiales y financieros, pero eso no está ocurriendo entonces estamos violando la constitución”, argumenta.

El derecho humano al medio ambiente también se viola desde el Estado cuando se vulnera el principio de especialización en la administración pública que establece que los funcionarios públicos deben ser personas con conocimiento y experiencia del área en la que se desempeñan.

“Hay un principio en la administración pública que es el de la especialización y que está consagrado incluso en la jurisprudencia porque la Suprema Corte habla de que debe ser una persona que tenga el conocimiento y la experiencia. Ese principio está siendo violentado una vez más por cuestiones de ideología política. Siendo honestos, no hay quién pueda ser mejor que el doctor José Sarukhán para ocupar esa presidencia de la Conabio, no solamente es reconocido a nivel nacional, es reconocido a nivel internacional y la Conabio es reconocida por todos los avances científicos que ha logrado para el cuidado de la naturaleza. Entonces, cambiarlo por una persona que no da el perfil y que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la Conabio, me parece una falta de atención para la institución y demuestra una profunda ignorancia sobre la importancia de tener una Conabio fuerte”, apunta.

La desarticulación del sector ambiental y el retroceso en su presupuesto, añade, ponen en riesgo a las futuras generaciones.

En la última entrega de esta investigación profundizaremos en otra perspectiva desde la que el presupuesto para proteger el medio ambiente es problemática: los principales programas presupuestales que el gobierno dice que se destinan a mitigar los efectos del cambio climático, en realidad tienen efectos contraproducentes para la naturaleza, por lo que incluso los montos que se presume que se dedican a esta materia en realidad son menores.

LA SOCIEDAD CIVIL POR EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

Frente al debilitamiento institucional y presupuestal del sector ambiental que cada vez se profundiza más, la sociedad civil debe de tener una participación más activa para exigir que se garantice el derecho humano al medio ambiente sano, coinciden los expertos.

La bióloga Julia Carabias, en entrevista para esta investigación, lamenta que la sociedad civil no se organice para salir a marchar en defensa del cumplimiento a la agenda ambiental y para exigir al gobierno que frene la desarticulación de las políticas ambientales. Solo la sociedad organizada podrá enfrentarse al Estado para exigir que se gobierne con apego a una agenda ambiental cuyos avances sean permanentemente auditados de cara a la ciudadanía.

“Yo desearía ver las calles pintadas de verde el 5 de junio que es el Día Mundial del Medio Ambiente como las vemos de morado el 8 de marzo que es Día Internacional de la Mujer, yo siento un enorme rezago en eso en medio ambiente y lo veo lejos todavía, pero por allí hay que construir. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad el sector académico y la sociedad en ir construyendo la agenda, en ir garantizando que se llegue a puntos básicos mínimos, que todos los partidos sin excepción incluyan en sus campañas el tema, que no haya ningún candidato a la Presidencia que no incluya el tema ambiental con compromiso y que el próximo gobierno cumpla con esos compromisos de campaña”, sugiere.

En la construcción de una agenda que garantice el cumplimiento del derecho humano al medio ambiente, dice, deben trabajar de manera conjunta las organizaciones de la sociedad civil y dejar de lado el aislamiento en el que todavía se encuentran.

“Las organizaciones de la sociedad civil nos tenemos que unir porque seguimos en un tema de aislamiento entre nosotros, de enconos, y no estamos viendo el conflicto de manera conjunta y tenemos que dar un brinco como el que dieron las mujeres en la agenda feminista, eso no lo estamos logrando en el tema ambiental”, reprocha Julia Carabias.

El abogado Raymundo Raziel Villegas Núñez advierte que si la sociedad civil no sale en defensa del cumplimiento al derecho humano al medio ambiente, los conflictos socioambientales se agudizarán y sus consecuencias serán cada vez más profundas.

“Necesitamos como sociedad civil organizada hacer escuchar nuestra voz porque de otra manera va ser muy tarde cuando cambie la ideología política de quienes nos gobiernan”, afirma Villegas Núñez.

Juan Bezaury Creel, presidente de la Fundación BD Biodiversidad Mexicana y unos de los expertos nacionales más reconocidos en el manejo de Áreas Naturales Protegidas, enfatiza que el gobierno no puede solo y requiere de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la conservación de los ecosistemas.

“Es importante ahorita fortalecer el presupuesto, la política pública favorable a la conservación y el apoyo a las comunidades para que realicen trabajos de conservación en sus tierras. Pero también hay que volver a crear este círculo virtuoso entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para tener resultados efectivos”, propone.

Los recortes presupuestales han impactado el esquema de subsidios de la Conanp mediante los cuales se animaba a las comunidades a priorizar las acciones de preservación y cuidado de la biodiversidad. Aunque desde la Conanp todavía se continúa impulsando este trabajo, sus principales límites se hallan en la falta de presupuesto.

“Yo no dudo que las personas que están en la Conanp tengan todas las buenas intenciones y crean que están haciendo lo mejor posible, pero si las limitaciones tanto económicas como políticas son tantas, la efectividad se reduce constantemente. Simplemente no ha sido la prioridad de esta administración el medio ambiente y yo espero que esto sea cambiado si no en este momento, a partir de 2024. Creo que hay candidatos de todos los partidos sensibles a este tema y ojalá y nos vaya mejor. Yo creo que es una etapa que tenemos que superar, creo que independientemente de quién gane las elecciones, qué grupo quede en el poder, creo que es necesario que superemos esto”, indica Bezaury.

Como consecuencia de la falta de acciones contra el cambio climático, el desmantelamiento de las pocas instituciones que contribuyen a atender ese problema y la priorización de la política energética basada en combustibles fósiles, las acciones del país en contra del cambio climático han sido catalogadas como altamente insuficientes. De acuerdo con el Climate Action Tracker, el cual busca dar seguimiento a los objetivos y acciones en contra del cambio climático de 39 países, las acciones actuales de México van a provocar que se incrementen las emisiones contaminantes. De acuerdo con Climate Analytics y New Climate Institute, instituciones responsables de esta métrica, si todos los países siguieran la misma tendencia que México, el calentamiento global sería de entre 3 y 4°C para 2030, muy por arriba de la meta para mantener el aumento de temperaturas debajo de los 1.5°C. No sólo México no avanza. En materia de cambio climático, va en abierto retroceso.

El debilitamiento de la gobernanza ambiental en el sexenio del presidente López Obrador hace que México vaya en retroceso en la ruta hacia el desarrollo sustentable. Es fundamental que seamos conscientes de que la salud y el bienestar de las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos depende directamente de nuestra relación actual con el medio ambiente y la conservación del patrimonio ecológico del país, en especial a través de instituciones con recursos y capacidades reales para lograrlo. Es tiempo de exigir al Estado el cumplimiento de un marco de regulación ambiental sólido, progresivo y basado en evidencia. Destruir los ecosistemas del país podría parecer una alternativa atractiva para acelerar las grandes obras de infraestructura y los proyectos de corto y mediano plazo. Muchos años después, cuando llegue la hora de la catástrofe, las omisiones y afectaciones que hoy provocamos al medio ambiente terminarán perjudicando de forma irreversible la vida de todos. Los más afectados serán, como dice el presidente, primero los pobres.