Ciudad de México, a 04 de enero del 2017
En el primer día hábil de 2017, Carlos Chaurand Arzate, exlegislador priista, fue elegido Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el trienio 2017-2019. El TFJA es pieza fundamental del sistema nacional anticorrupción y mal empezamos si el nombramiento de su titular no sólo recae en el militante de un partido sino que es llevado a cabo sin ningún tipo de publicidad y transparencia que permita a la sociedad exponer sus puntos de vista.
Ante este hecho, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, reconoce que, si bien el procedimiento fue legal y cumple con el plazo establecido (primera sesión del periodo), para la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción sólido es indispensable la socialización y absoluta transparencia de estos procesos. De acuerdo a la ley, los 16 magistrados del Pleno General de la Sala Superior del Tribunal, están facultados para elegir, entre ellos, al nuevo Presidente. Sin embargo, los criterios y argumentos que se exponen para llegar a un consenso no son públicos.
La discusión y socialización son factores necesarios para contar con un sistema legítimo capaz de combatir la impunidad sin tintes partidistas. El nombramiento del magistrado presidente debe ser objeto de una discusión pública. Lo contrario puede empañar, de origen, la credibilidad de quien dirige esta institución encargada de impartir justicia en relación a las responsabilidades en las que incurren los servidores públicos y los particulares.
Frente a este hecho consumado, María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, destacó: “Este proceso poco transparente a través del cual se eligió como presidente a alguien que ha militado en un partido, no abona al reto y compromiso de combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Falta definir a los magistrados que integrarán la Tercera Sección del Tribunal con competencia en responsabilidades administrativas y que contará con salas especializadas para imponer sanciones a quienes incurran en faltas graves. Solicitamos que en congruencia con el espíritu de la ley, estos nombramientos sigan un proceso guiado por los principios de máxima publicidad y transparencia, de forma que los organismos de la sociedad civil especializados en el tema tengan oportunidad de emitir sus opiniones y asegurar que los mismos sean ajenos a intereses partidistas.”
