Ciudad de México, a 15 de agosto del 2016

Es más difícil de argumentar, pero a nadie parece extrañar que el recién nombrado también coloque a “su gente” en los puestos de primer nivel de la Secretaría.  A diferencia de los cambios en el staff, remover a subsecretarios sí puede vulnerar la continuidad de las políticas y la capitalización de la experiencia adquirida. Vanessa Rubio ha acompañado a José Antonio Meade en su peregrinar a través del Gabinete Federal, desempeñándose como Subsecretaria para América Latina y el Caribe en SRE, Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL y ahora Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de SHCP, sólo durante este sexenio. Imaginemos el costo que ha tenido la curva de aprendizaje, el reclutamiento de nuevos funcionarios, la etapa de transición de cada uno de estos movimientos, los proyectos que quedaron inconclusos. En fin, ese es tema para otro texto.

Lo que definitivamente no tiene explicación, es que los Secretarios hayan asumido también la atribución de nombrar al Titular del Órgano Interno de Control (OIC), al juez encargado de vigilar la legalidad de los procedimientos administrativos de la secretaría, el correcto ejercicio de los recursos públicos, la transparencia y el desarrollo institucional; todo esto ante la pasividad y permisividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Como quien dice, cada secretario elige a su propio cancerbero, al de confianza, al que ya conoce. Ahora que están de moda los paquetes de impunidad, ¿de qué otra forma podemos entender esto?

José Antonio Meade se ha hecho acompañar de Pablo Téllez Yurén como titular de los OIC de SENER, SRE y SEDESOL. Miguel Ángel Vega García ha sido el vigilante de Rosario Robles en SEDESOL y en SEDATU. Jesús Murillo Karam migró de PGR a SEDATU con todo y José Álvaro Vaqueiro como titular de los respectivos OIC y los mismo hizo Claudia Ruiz Massieu quien al salir de SECTUR se llevó a su titular del OIC, Óscar Gómez Bravo Topete, a SRE.

Estas designaciones son, cuando menos, arbitrarias y van en contra de la razón de ser de los OIC: la imparcialidad. Los OIC dependen de la SFP y no de cada secretaría, precisamente para que no haya incentivos a quedar bien con el jefe. De lo contrario, su capacidad para ser un contrapeso efectivo, un disuasivo a la corrupción, una amenaza creíble de vigilancia y sanción, es nula.

Este conflicto de intereses no es ajeno a quienes no persiguen una carrera política. En CONACYT, Enrique Cabrero designó como contralor interno a Magdaleno Díaz, quien fungió como Coordinador de Administración y Finanzas en el CIDE, cuando Cabrero fue Director General de esta institución. ¿Será posible que Magdaleno Díaz no tenga la expectativa, en el fondo de su ser, de que Enrique Cabrero le ayude a conseguir otro empleo cuando termine el sexenio? ¿Cómo afecta eso su desempeño como vigilante de Cabrero?

Otros titulares de OIC, que parecen no estar directamente ligados a una persona, han ostentado este cargo en diferentes dependencias sin que tengamos parámetros claros para evaluar su imparcialidad y eficacia. Por ejemplo, Max Evia Ramírez, quien se había desempeñado como funcionario en el Estado de México hasta 2013, ha sido titular del OIC en la COFETEL (2013), en LICONSA (2013-2014) y actualmente, en la Secretaría de Salud. ¿A qué responden esos movimientos? ¿Qué criterios existen para evaluar la calidad de su trabajo? ¿Cómo se explica su salto de una institución a otra?

Otro parece ser el caso de SE, SENER y SCT, en donde los OIC están dirigidos por funcionarios que ha tenido experiencia en cada uno de los ramos, y que también han pasado por puestos relacionados con la auditoría, ya sea dentro de la SFP o de otros órganos de fiscalización. Aunque en el papel parecen tener un perfil más adecuado, sólo la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP cuenta con elementos para evaluar su desempeño. Bien harían en hacer pública una “auditoría de los auditores”.

La cooptación de los órganos internos de control se ha agudizado hasta volverlos francamente irrelevantes. Son entidades que atestiguan concursos amañados en el Servicio Profesional de Carrera, que avalan la simulación que representan los actos entrega-recepción de los funcionarios, y que, cuando mucho, persiguen a aquellos que se atrasan en la presentación de su declaración patrimonial, aunque nunca revisen la veracidad de su contenido. ¿Cuándo fue la última vez que supimos de un caso de corrupción detectado y denunciado por un OIC?

El control de la corrupción es un equilibrio entre las oportunidades y las restricciones para incurrir en un acto ilegal (Mungiu-Pipidi). Al interior de las Secretarías que tienen un OIC a modo, esas restricciones son simbólicas. Ésta podría ser una primera cruzada para Arely Gómez: recuperar los órganos internos, quitárselos a quienes hoy los controlan y darles nuevas herramientas para cumplir su función, empezando por la autonomía. Ayudaría a construir el capital y la credibilidad que necesita al frente de la SFP y a posicionarse frente al resto del gabinete.