Las decisiones del gobierno en turno que provocaron, poco a poco, el desabasto de medicamentos en el país, se enmarcan en cuatro pilares: una fallida estrategia anticorrupción, producto de reformas al vapor; un fallido intento para reducir los costos en la compra de fármacos; un veto a las principales distribuidoras de medicamentos; y, las luchas internas por el control de las contrataciones públicas.
Así lo revelamos un equipo de investigadores y abogados de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, el pasado 15 de febrero, en la investigación Operación Desabasto: así se detonó la escasez de medicamentos. Se trata de tres capítulos que revelan los fatales efectos de estas decisiones que pusieron en jaque a miles de enfermos con diversos padecimientos, en especial a niñas, niños y adolescentes con cáncer, quienes se han enfrentado a difíciles obstáculos para continuar sus tratamientos.
Al día de hoy, el desabasto continúa y el problema parece no tener aún solución. La compra de medicamentos para 2021 y hasta 2024 fue encomendada por el gobierno federal a una entidad dependiente de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Sin embargo, la UNOPS no se hará cargo del último eslabón de la cadena: la distribución de los medicamentos a cada uno de los hospitales públicos de nuestro país.
Para llenar ese vacío de la distribución, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) sería la nueva distribuidora. A más de seis meses de ese anuncio, no existe certeza de que, en 2021 y en los años siguientes, Birmex pueda asegurar el suministro para todas las instituciones de salud en todo el territorio mexicano.
Ante este panorama, un integrante de nuestro equipo acudió a la conferencia de prensa vespertina del 16 de febrero de 2021, encabezada por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell. Esa noche, le preguntamos sobre cómo se pensaba hacer cargo el gobierno de la distribución de medicamentos cuando la UNOPS concluya su primer compra consolidada, en mayo de este año, bajo el entendido de que: 1) la paraestatal Birmex, propuesta como la nueva distribuidora, no cuenta todavía con las capacidades para lograrlo; y, 2) se desplazó de golpe a las tres principales distribuidoras luego del veto del presidente, quién los acusó actos inmorales y monopólicos.
En el entendido de que Birmex fue propuesta como la distribuidora nacional desde julio del 2020 y que fue presentado un escueto plan en diciembre, suponíamos que para este momento contarían con más información. Pero el doctor López Gatell respondió que “[d]e momento no le puedo detallar, porque no tengo la información a la mano, pero podemos conseguirla con Birmex sobre el plan de desarrollo que tiene”. Después, hizo una semblanza de Birmex y reiteró que la paraestatal fue dejada en condiciones difíciles, lo cual se debió a un abandono de los anteriores gobiernos y a las actividades monopólicas de la industria.
Inconsistencias en el abasto y distribución
Desde 2018, el presidente electo López Obrador y su ya perfilado secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, establecieron un plan para que las compras públicas se centralizaran en la Oficialía Mayor de Hacienda, con el fin de reducir los costos y combatir la corrupción. Esto ocurrió durante la transición de gobierno en 2018 e incluyó a la compra consolidada de medicamentos.
Para el nuevo gobierno, esa acción era “un cambio de paradigma”, pues arrebataba facultades de compra a instituciones de nivel federal para que quedaran en las manos de un equipo cercano al presidente y sus principales colaboradores, como Urzúa y la exoficial mayor, Raquel Buenrostro. De este modo, en noviembre de 2018 se puso fin al modelo de compra consolidada de medicamentos que, desde 2013, realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los efectos de esta decisión fueron resentidos durante 2019. La falta de medicamentos en todo el país iba acompañada de una serie de acciones —y omisiones— poco afortunadas por parte del gobierno federal. Para 2020, los derechos a la vida y a la salud de miles de mexicanos ya habían sido afectados, en muchos casos de manera irreversible. Este problema no fue provocado por la emergencia sanitaria de la Covid-19. Tal como lo revela la investigación, las razones que afectaron al sistema de salud de nuestro país se fraguaron antes de marzo de 2020.
Para entender esta serie de decisiones implementadas desde la transición de gobierno, cuando Morena ya tenía la mayoría en el Congreso, no solo recabamos cientos de documentos públicos e internos, así como amparos, quejas ante la CNDH y denuncias penales, sino que buscamos a 17 altos funcionarios —titulares de institutos y secretarías de salud y hacendaria— de la administración en turno, así como titulares de la iniciativa privada farmacéutica y a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ninguno respondió y eso dejó una amplia lista de preguntas sobre temas pendientes de gran interés para la población mexicana.
Un segundo nuevo modelo
En este nuevo modelo hay dos actores principales: la UNOPS y Birmex. Para el proyecto con la UNOPS, la administración en turno invertirá 6 mil 800 millones de dólares. La Oficina de Naciones Unidas cobrará, al menos, 1.25% de las compras que realice entre 2021 y 2024. Esta cantidad representa aproximadamente 85 millones de dólares, recursos que podrían ocuparse, por ejemplo, en 4,250 ventiladores pulmonares para hacer frente al COVID, tomando en cuenta que un ventilador cuesta alrededor de 20 mil dólares.
Ahora bien, según el calendario publicado inicialmente por la UNOPS, el proceso de licitación de medicamentos iniciaría en octubre de 2020; sin embargo, este inició hasta el 4 de diciembre. De hecho, la propia UNOPS reconoció que tenía un mes de retraso en el proceso y que la compra consolidada se concluiría hasta mayo de 2021, por lo que anunció que tendrán que realizarse compras de emergencia para el primer semestre de este año.
Birmex comenzó como instituto de higiene hasta convertirse en una productora de vacunas en 1999. Posteriormente, se convirtió en una comercializadora de vacunas producidas por otras farmacéuticas y, actualmente, se encuentra entre las 10 principales proveedoras en el sector salud.
De acuerdo con los contratos adjudicados directamente a la paraestatal, los montos pasaron de 25 millones de pesos en 2010 a 2 mil 156 millones en 2018 y 2 mil 115 millones en 2019. En 2020, tuvo un descenso importante a 152 millones de pesos; sin embargo, se trató del año más opaco, debido a que se registraron 2 mil 247 millones de pesos devengados de manera ambigua mediante “otras contrataciones”. Es decir, no se sabe si fue por adjudicación directa o licitación pública. A eso hay que agregar la falta de transparencia cuando no se incluyen los contratos para descargarse en el sistema de Compranet de la Secretaría de la Función Pública.
Parece una contradicción en la estrategia anticorrupción que Birmex haya sido la elegida para realizar la distribución de medicamentos a nivel nacional. En la investigación Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, publicada por Impunidad Cero y Justicia Justa en marzo de 2020, la paraestatal es una de las instituciones públicas que más pagos realizó a las llamadas “empresas factureras”. En tan solo 17 meses, pagó 213 millones de pesos, tras un análisis de 141 facturas.
Además, en agosto de 2020 el presidente nombró a David León como director de Birmex, quien renunció a este nombramiento antes de ocupar el cargo tras verse envuelto en un videoescándalo, por posibles actos de corrupción. Actualmente, está al frente de Birmex el médico y homeópata, Pedro Zenteno, cuya trayectoria no tiene ninguna relación con las encomiendas que tiene la paraestatal. Tan solo hay que consultar los puestos en los que se ha desempañado para saber que su experiencia es más amplia en asuntos políticos: ha coordinado dos campañas presidenciales, fue presidente municipal y director general de administración del entonces gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2005. Durante este último cargo, construyó cercanía con el exsecretario de hacienda Carlos Urzúa.
En conferencia de prensa del 19 de diciembre del año pasado, Zenteno anunció la creación del Sistema Nacional de Distribución de Insumos para la Salud. Su puesta en funcionamiento, anunció, sería en el 2022. Sin embargo, este sistema no termina por explicar cómo resolverán la distribución de medicamentos en el corto y mediano plazo. De hecho, por el contrario, conduce a varias interrogantes: ¿Qué sucederá el resto de todo este 2021? ¿Cómo se garantizará la distribución de medicamentos y vacunas? ¿Cómo se asegurará que el sistema de distribución quede al 100% cuando requiere de una alta inversión en personal, infraestructura, logística y capacitación? ¿No se trata de una fecha precipitada cuando el mismo subsecretario López Gatell reconoció que “hoy por hoy lo que hemos dicho es no tiene la capacidad”? ¿Cuál será el costo en materia de acceso a la salud al no contar con un programa piloto y alternativas viables mientras se desarrolla Birmex?
Nada de esto lo sabemos. Sin embargo, después de insistirle con una segunda pregunta al doctor López Gatell, el pasado 16 de febrero, durante la conferencia de prensa, se comprometió a transparentar la información:
—¿Cómo va a resolver en el corto plazo la distribución de medicamentos? —le cuestionamos, como parte del análisis en la investigación Operación Desabasto.
—Se lo consigo con mucho gusto. Esta es una temática de interés y la iremos anunciando conforme se vaya precisando— nos contestó.
Denise Tron es abogada experta en materia de salud pública. Colabora en la organización Justicia Justa.
Alejandro Melgoza es periodista de investigación independiente. Miembro del HUB de la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas.
