En la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han logrado obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio. Esto les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares. El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos.