En la última década 16 funcionarios y políticos de Sinaloa –exgobernadores, senadores,
diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han logrado
obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio.
Esto les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares.
El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de
influencias supera los 800 millones de pesos.
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POR MARLENE LEÓN, ZORAYDA GALLEGOS Y
SILBER MEZA
Mientras que en Quintana Roo se apropiaron ilícitamente de bienes inmuebles, en San Luis Potosí
se volvieron profesionales del moche y en Veracruz se convirtieron en maestros de la creación de
empresas fantasma, en Sinaloa la clase política ha utilizado un mecanismo poco sofisticado pero
eficaz: han creado empresas reales a nombre de los propios políticos o familiares y han ganado
contratos gubernamentales donde ellos tienen una amplia capacidad de influencia.
La práctica alcanza a políticos relacionados con casi todos los partidos: PRI, PAN, Morena,
Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Nueva Alianza. También involucra a tres exgobernadores de
Sinaloa: Francisco Labastida Ochoa, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez.
Los labastida
Francisco Labastida Ochoa
Gobernador de Sinaloa 1987-1992
Secretario de la Sagarpa 1995-1998
Candidato presidencial 2000
Francisco Labastida Gómez de la Torre
Coordinador de Proyectos Estratégicos de Sinaloa
2011-2016
Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa
2016
MONTO EN QUE pudieron HABER INCURRIDO EN CONFLICTO
DE
INTERÉS
$X,XXX,XXX
POSIBLES IRREGULARIDADES DE
Francisco Labastida Ochoa ha sido uno de los hombres con más poder en la política mexicana
moderna: además de exgobernador de Sinaloa (1987-1992), fue titular de la Sagarpa (1995-1998),
secretario federal de Gobernación y candidato presidencial en el año 2000, cuando el PRI perdió
contra el panista Vicente Fox. Durante su paso por la Sagarpa tuvo como mano derecha a Marcos
Augusto Bucio Mújica, quien fungió como coordinador de los delegados federales de esa
secretaría. Anteriormente Bucio había sido el secretario particular de Labastida durante los
seis años de su gobierno.
Bucio volvió a la Sagarpa federal como oficial mayor en diciembre de 2012, justo al inicio del
gobierno de Enrique Peña Nieto. Y coincidentemente en el periodo en que estuvo en el cargo, la
empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de su amigo Labastida
Ochoa, comenzó a ver un incremento en los subsidios que recibía.
Mientras que en 2012 los apoyos para su empresa apenas alcanzaron los 822 mil 503 pesos, en 2013
–primer año de Bucio– estos se incrementaron a 1 millón 817 mil 249 pesos, en 2014 recibió una
cantidad similar de 1 millón 822 mil 556 pesos y en 2015 Labastida jr. sumó 2 millones 994 mil
671 pesos. La buena racha para Labastida Gómez de la Torre acabó cuando Bucio dejó la Sagarpa
(septiembre de 2015) para irse de Cónsul a El Paso, Texas. En 2016, Agri 27 apenas sumó 152 mil
600 pesos en subsidios.
Bucio y Labastida son amigos entrañables, tanto que el 4 de abril de 2016 el primero le organizó
en Los Mochis, municipio de Ahome, la tierra donde nació Labastida, un homenaje para reconocerlo
por las obras que impulsó en la entidad cuando fue gobernador. “Hay un refrán que dice: en vida,
hermano, en vida, se debe demostrar la gratitud. Hoy estamos aquí los amigos, sus
excolaboradores para hacerle sentir que le tenemos una muestra de gran respeto por su gestión”,
dijo el que entonces ya era cónsul en Texas, y que más tarde se vería involucrado en la
investigación periodística La Estafa Maestra. En el trabajo se le mencionó como uno de los
funcionarios involucrados en la red de desvíos de recursos públicos. Él fungía como titular de
la Oficialía Mayor de la Sagarpa. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado
subsecretario de Educación Pública federal.
Los beneficios del poder a Labastida jr. no acaban con Sagarpa: mientras recibía apoyos del
Gobierno federal también tenía otros ingresos: fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos
(2011-2016) y más tarde como secretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario
López Valdez (2016), y al mismo tiempo arrendó diversas bodegas a los gobiernos municipal y
estatal en Sinaloa.
Labastida hijo no tenía carrera política, incluso el cargo de coordinador de Proyectos
Estratégicos no existía antes de su llegada, pero su papá fue uno de los pilares más importantes
para la campaña de Malova, no solo lo apoyó en la contienda a gobernador por el PAN-PRD y en
contra de su partido, el PRI, sino que previamente habían sido compañeros de fórmula al Senado
de la República. El guiño político de Malova al exgobernador fue crearle un cargo público a su
hijo en el que duró cinco años. El último año se desempeñó como secretario de Desarrollo
Económico del Estado.
Durante los seis años que ocupó cargos públicos Gómez de la Torre obtuvo 3 millones 933 mil 525
pesos por alquiler de bodegas, locales y edificios al gobierno municipal de Culiacán y al
gobierno estatal, según los padrones de arrendamiento de esos años.
Las rentas de inmuebles las realizó a través de Agri 27, una empresa que constituyó en julio de
2002 con su entonces familia política y donde él ha fungido la mayor parte del tiempo como
presidente del consejo de administración. La compañía es una multifuncional que lo mismo se
dedica a la producción y comercialización de productos agrícolas con subsidio público, que a la
adquisición y enajenación de inmuebles a los gobiernos de Sinaloa.
Según documentos
oficiales obtenidos por transparencia, el gobierno estatal entregó pagos
mensuales a Agri 27 durante 2011, 2012 y hasta enero de 2013 cuando fue cancelado, esto a pesar
de que el contrato vencía el 31 de agosto de 2011; en el ámbito municipal, Agri 27 recibió pagos
del DIF Culiacán en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Además, en 2013 la compañía se vio beneficiada con 66 mil 500 pesos para la reconversión de
cultivos por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal. En 2014 recibió 1 millón
y medio de pesos por incentivos a la producción agrícola de parte del gobierno federal.
En total, la empresa de Labastida jr obtuvo más de 14 millones de pesos de los gobiernos
municipal, estatal y federal, por la prestación de servicios de arrendamientos y como
beneficiaria de subsidios durante los seis años en que trabajó en el gobierno de Malova.
Versión de Francisco Labastida Gomez de la Torre
Como lo señalas, esa información que has obtenido fue parte de mi declaración
patrimonial durante la época en que fui funcionario del Gobierno del Estado de
Sinaloa, primero como Coordinador General de Proyectos Estratégicos y posteriormente
como Secretario de Desarrollo Económico.
Es importante resaltar que fui funcionario público únicamente durante la gestión del
Lic. Mario López Valdez, es decir, a partir de enero de 2011 y hasta el día último
de diciembre de 2016; que nunca lo fui antes de esa fecha y que no lo he sido con
posterioridad a la misma; que me he dedicado a la agricultura, a los negocios
inmobiliarios y restauranteros desde 1990 y todavía lo sigo haciendo.
Los ingresos que señalas que fueron obtenidos a través de rentas de bodegas al
gobierno municipal de Culiacán y al gobierno estatal en los 6 años que ocupé un
cargo público desvirtúa la realidad de lo sucedido. Ya que esos ingresos devienen,
si, de un contrato de arrendamiento establecido con el ayuntamiento y el gobierno
estatal pero que fue realizado 3 años antes de ser funcionario y con otro gobierno y
que venció en el segundo año de la administración de la cual fui parte. Y que no se
renovó precisamente para cuidar las malas interpretaciones sobre el tema.
Como lo señalé anteriormente me he dedicado a la agricultura de manera
ininterrumpida los últimos 29 años y Agri 27 es una de las empresas agrícolas que
represento, a través de la cual mis socios y yo nos hemos dedicado a esta actividad
y cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, por lo que efectivamente, es a
través de la misma, como hemos accedido a los precios objetivo del maíz, al cual
todos los agricultores mexicanos que cumplan con los requisitos pueden acceder y no
solamente Agri 27, al margen de ser o no ser funcionario público.
Cabe resaltar que esos programas fueron creados para pagar la compensación base a
los precios de las cosechas del maíz y todos los productores fueron beneficiados en
su momento con este incentivo.
Así también remarco que la Secretaría de Agricultura del Gobierno Estatal NO otorgó
ningún apoyo de reconversión de cultivos, estos fueron recursos federales
canalizados a través del FOFAES. Por lo tanto, NO puede haber conflicto de interés
ni haberse violado ley alguna como lo señalas cuando es un subsidio generalizado,
que no lo otorgó el gobierno estatal del cual fui parte, que no participé de modo
alguno en la creación o definición de criterios para la asignación de los recursos,
ni tampoco participé en la revisión, calificación, selección, toma de decisión o
asignación de esos subsidios, de los cuales mi representada fue beneficiaria por
derecho propio.
Como todos los productores de maiz del País!
Atentamente
Francisco Labastida Gomez
Versión de Marcos Augusto Bucio Mújica
1. Encontramos que cuando usted fungió como oficial mayor de Sagarpa entre diciembre
de 2012 y septiembre de 2015, la empresa Agri 27, propiedad de Francisco Labastida
Gómez de la Torre, hijo de su amigo Francisco Labastida Ochoa, incrementó los
subsidios que recibía por apoyos al campo. Justo cuando usted dejó el cargo para
irse de cónsul, la empresa registró una caída en los apoyos que venía recibiendo.
Desconozco esa empresa, Agri 27, desconozco si es propiedad de Francisco Labastida
Gómez de la Torre.
También comentarte que el oficial mayor, si eran apoyos federales, él no decide ni
opera los apoyos al campo. Habría que ver qué apoyos recibía y de quién recibía.
Había programas de apoyo agropecuario o pesquero.
Si era agropecuario, lo decidía la subsecretaría de Agricultura con sus direcciones
generales, incluyendo Procampo, y el oficial mayor no interviene en la distribución
de recursos.
Al oficial mayor lo que lo mandata la Ley Orgánica de la secretaría es construir de
manera macro el presupuesto y gestionar el presupuesto ante la Secretaría de
Hacienda, y de ahí va al Congreso para su aprobación, pero no opera ninguna partida
de asignación de apoyos.
2. ¿El oficial mayor no tiene nada que ver con contrataciones tampoco?
No tiene facultades para eso
3. ¿Y cuál es la función del oficial mayor?
Construir en base a lo que cada subsecretaría u organismo descentralizado del
sector, el presupuesto que genera cada una de las áreas para ahí administrar y
supervisar el ejercicio puntual de los recursos. Es revisar que cada mes o dos meses
se estén ejerciendo los recursos. El oficial mayor lo que hace es administrar el
sector.
Si revisas la estructura de la oficialía mayor tiene una dirección general de
recursos materiales: administra todos los servicios a todas las secretarías sobre
recursos materiales, adquisiciones, compras, que por cierto, la única secretaría
cuando fui oficial mayor (que hizo) un contrato con Canacintra para que todas las
compras que hacía el oficial mayor quedaran vigiladas por Canacintra a nivel
nacional.
4. Nosotros hicimos solicitudes para saber los apoyos que esta empresa venía
recibiendo y vimos un incremento en los apoyos que recibía y cuando revisamos el
periodo para saber quiénes estaban, encontramos el nombre de usted en la oficialía
mayor y vimos que tenía una amistad con Labastida Ochoa.
Queremos saber si este incremento en los subsidios de Agri 27 tenían algo que ver
con el cargo que usted ocupó en Sagarpa.
No, absolutamente no. Había qué precisar qué apoyos recibió y qué dirección general
los otorga y a qué subsecretario le corresponde.
5. ¿Tampoco conocía a la empresa?
No, absolutamente.
6. ¿Usted niega que pudo haber ocurrido algún posible conflicto de interés?
Por supuesto. Te pongo un caso para la comprensión de cómo opera una secretaría en
este caso Agricultura. Hay un programa llamada Procampo que le da apoyos y que
seguramente debe tener apoyos de Procampo. Hay un director general de Procampo. Y
ese director depende de un subsecretario de agricultura. Esa dirección general en el
padrón tiene la responsabilidad en la ley orgánica para otorgar y asignar los apoyos
a Procampo y validar que no se les dé a conocidos y que no haya conflicto de
interés. Eso no tiene nada que ver con lo que hace la Oficialía Mayor.
7. Lo que nos llamó la atención, reitero, es el incremento de los apoyos en el
periodo en que usted estuvo en Sagarpa, ¿cree que es coincidencia o por qué cree que
este incremento se haya dado cuando usted estuvo en el cargo?
Lo que habría que checar es si esa empresa, estoy suponiendo, por alguna mala
administración haya quebrado en esas fechas.
Los sinaloenses y quienes se dedican al campo, si no trabajan y van al surco, y
vigilan la siembra, se genera un descuido y seguro les va mal en la siembra, y a lo
mejor la coincidencia está dado en que para el siguiente año, ya no está esa
empresa, pero estoy suponiendo.
Te diré otra cosa, a quien sí conozco es a Labastida Ochoa, que es un hombre
escrupulosamente honesto, y que él jamás se atrevería a pedirme a mí, ex
colaborador, que yo ejerciera alguna circunstancia a favor de su hijo. Jamás se ha
atrevido a hacer eso este hombre y se lo puedes consultar.
También fui coordinador general de delegaciones de la secretaría de Agricultura, con
Francisco Labastida Ochoa, en 1994 hasta 1997 y después fui presidente de la
comisión de agricultura de la cámara de diputados. Es decir, conozco muy bien el
campo en todo el país y nunca por este caso, ni en ningún caso, se me puede señalar
de haber generado un beneficio en particular.
JESÚS AGUILAR
PADILLA
GOBERNADOR DE SINALOA 2005-2010
Subsecretario federal de Sagarpa
2012-2015
MONTO EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EN CONFLICTO DE
INTERÉS
$X,XXX,XXX
POSIBLES IRREGULARIDADES DE
El 18 de mayo de 2015, el entonces subsecretario de Agricultura federal y exgobernador de
Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, realizó la modificación de su declaración patrimonial en la
plataforma Declaranet. Al final del documento, donde los servidores públicos tenían la
oportunidad de aclarar si sus relaciones familiares o personales podrían afectar la
imparcialidad de sus decisiones, el entonces funcionario federal anotó: “No estoy de acuerdo en
hacer público mi posible conflicto de interés”. El exgobernador de Sinaloa no quiso revelar un
hecho poco conocido: que una empresa de su hijo Jesús Alberto Aguilar Camacho era beneficiada de
la dependencia que él lideraba.
El 4 de noviembre de 2011 el joven Aguilar Camacho fundó la empresa Agrícola Namisa SPR de RL
junto con su tío Roberto Aguilar Padilla y ocho accionistas más. Antes de que su padre fuera
subsecretario de Agricultura, en 2012, su compañía obtuvo cinco fondos de “Procampo para vivir
mejor”, pero cuando Jesús Aguilar Padilla llegó a la dependencia su suerte cambió: aumentaron
sus ingresos en casi cinco veces, de 65 mil 965 pesos en 2012 a 475 mil 641 en 2013, entre ellos
un fondo por 300 mil pesos para la siembra de frijol.
Todo iba viento en popa: él tenía su empresa que durante el primer año de su padre en un puesto
clave de Sagarpa se vio fuertemente beneficiada, pero algo pasó que el 13 de diciembre de 2013
Aguilar Camacho decidió dejar la compañía. El joven vendió sus acciones, sin embargo en la
compañía se mantuvo su tío Roberto Aguilar Padilla y otros familiares que siguieron recibiendo
el apoyo federal.
Mientras Aguilar Camacho bajaba los recursos de la dependencia donde su padre mantenía una
influencia de subsecretario de Estado y se dedicaba a la siembra agrícola también trabajaba en
el gobierno federal. De acuerdo al portal de servidores públicos, el joven laboró en la
Secretaría de Gobernación en 2013 y 2014, luego pasó a la Financiera Nacional de Desarrollo de
la SHCP, en marzo de 2015, donde estuvo laborando hasta enero de 2019.
Los beneficios o apoyos a empresas familiares no es algo nuevo en el perfil del exgobernador
Aguilar Padilla. En 2006, al inicio de su administración en el Estado, la empresa Sinaloa
Constructora, donde Agustín Jaime Aguilar Padilla, también hermano del exmandatario es
accionista, se vio beneficiada con contratos de obra y de arrendamiento. Ese año la compañía
firmó con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas un contrato por casi un millón y
medio de pesos para la construcción de una guardería para el Sindicato de Trabajadores del
Estado. La Comisión Constructora de Sinaloa (Cocosin) también la contrató por servicios de
arrendamiento de maquinaría por más de tres millones de pesos en 2006.
En total, mientras Jesús Aguilar Padilla ocupó puestos de alta decisión en lo local y en lo
federal su hijo y sus hermanos recibieron más de 5 millones y medio de pesos de dinero público.
Mario López Valdez
Alcalde de Ahome (Los Mochis) 2002-2004
Senador de la República 2006-2009
Gobernador de Sinaloa 2011-2016
MONTO EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EN CONFLICTO DE
INTERÉS
$X,XXX,XXX
POSIBLES IRREGULARIDADES DE
Mientras Mario López Valdez estuvo como gobernador de Sinaloa, ferreterías Malova fue
beneficiada con compras que suman casi 35 millones de pesos por parte de dependencias
municipales y paramunicipales, como las juntas de agua locales.
La ferretería abrió su primera sucursal en 1984 con un inventario de 3 mil pesos, y entre sus
primeros clientes dentro del gobierno tuvo en 2002 a la Secretaría de Administración y Finanzas
con una pequeña compra de 527 pesos. En 2003 el monto fue de 51 mil 547 pesos. En esos años
(2002-2004) Mario López Valdez era alcalde de Ahome. Las compras por parte de los gobiernos
municipales y del estatal fueron mínimas entre 2002 y 2012, con un promedio anual de 352 mil 250
pesos, pero se dispararon de 2013 a 2016, justo cuando ya fungía como gobernador de Sinaloa, con
un promedio anual de 8 millones 692 mil 832 pesos.
En septiembre de 2015, cuando los periódicos Noroeste y Ríodoce ventilaron las primeras compras
hechas por el gobierno local a la ferretería, el entonces gobernador descartó que se estuviera
favoreciendo a su negocio. “Nadie puede asegurar que las Malova se han aprovechado o enriquecido
con mi llegada al Gobierno”, declaró.
Desde el 2002 que Malova ingresó al servicio público –primero como alcalde (2002-2004), después
como secretario de Planeación y Desarrollo en el Gobierno de Sinaloa (2004-2006), posteriormente
como senador (2006-2009) y finalmente como gobernador (2011-2016)–, su ferretería ha logrado
vender a gobiernos municipales y estatales diversos productos en pequeñas compras que
suman más
de 38 millones 646 mil pesos.
1. Documentamos que usted pudo haber favorecido a la empresa Ferreterías Malova SA
de CV hasta por 38 millones de pesos, mientras se desempeñó en diversos cargos
públicos, desde alcalde, senador hasta su función como gobernador del Estado de
Sinaloa. ¿Tiene algo que decir?
–Siendo alcalde di de baja una constructora para no ejecutar obra, y siendo
gobernador mandé cerrar las ventas a gobierno.
2. ¿Cree usted que pudo caer en un conflicto de intereses o participar en tráfico de
influencias o haber violado alguna ley?
–Ningún conflicto y ninguna ley violada. En donde yo fungí como titular prohibí
compras directas a la empresa, cerré una constructora de mi propiedad para no
ejecutar obra y lo que se adquirió fue por concurso y porque se ganó en una
dependencia. ¿Usted pidió información desde 1985, cuando se fundó la empresa? ¿Checó
que los montos de lo comprado a mi empresa para tantos años? Estuve 14 años como
funcionario público y me compraron 28 millones de pesos, con licitación pública la
mayoría, un promedio de dos millones de pesos año, la verdad no veo un canal de
tráfico de influencias.
Mario Ímaz López
Líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa desde 2010
Diputado local 2013-2016
MONTO EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EN CONFLICTO DE
INTERÉS
$X,XXX,XXX
POSIBLES IRREGULARIDADES DE
Movimiento Ciudadano en Sinaloa es un partido tan chiquito que su presidente puede ser al mismo
tiempo dirigente, empresario, diputado… y proveedor del partido.
Mario Ímaz López es el líder del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa desde el 2010, y
mientras dirigió las campañas del instituto político tres de sus empresas fueron contratadas
para proveer de artículos de publicidad al partido, tanto a nivel estatal como federal.
La empresa Ímaz México S. A de C. V. recibió 5 millones 430 mil pesos, Kamara S.A. de C.V.
obtuvó 391 mil 384 pesos, mientras que Vertical Vision recibió 1 millón 312 mil 700 pesos. Las
compañías proveyeron de hojas membretadas, lonas, pendones, volantes y servicios de rotulación
en automóviles. En las facturas también se pagaron productos para difundir la imagen de Ímaz
cuando fue diputado local –de 2013 a 2016–. Uno de los servicios que se contrataron fue el de
bloques de notas con el nombre del político y empresario.
“Blocks de notas Diputado Mario Ímaz López con 50 hojas impresa en papel bond”, se lee en la
factura por 113 mil 888 pesos que recibió el partido de su empresa Ímaz México.
En total, Mario Ímaz le ha facturado poco más de siete millones de pesos entre 2013 y 2017 al
partido que él mismo ha dirigido y del que fue diputado local.
1. Documentamos que usted pudo haber beneficiado a Imaz México SA de CV, Kamara SA
de CV, Vertical Visión con compras hasta por siete millones de pesos mientras era
dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa. ¿Tiene algo que decir?
–Kamara es una empresa que le ha vendido a Movimiento Ciudadano desde que era
Convergencia, estoy hablando de hace unos 15 años, entonces no es delito trabajar a
partidos políticos. Lo que sí es que quedaron con deudas, todavía hay muchas cuentas
por cobrar y hay facturas vivas. Lo que pasa es que Movimiento Ciudadano ha tenido
posibilidad de tener crédito abierto (con sus empresas) y no se han podido liquidar
en su mayoría.
2. ¿Cómo se explican los beneficios obtenidos por las empresas al mismo tiempo que
usted era dirigente del partido?
–¿Por qué dices beneficios? Si te fijas en los precios que se dan, fiado y sin
anticipo, los precios que se otorgan son muy por abajo del precio del mercado.
Fíjate cómo se vende el metro cuadrado de lona en Movimiento Ciudadano y a cómo lo
adquiere gobierno del Estado y Ayuntamiento y ahí te vas a dar cuenta que Gobierno
del Estado y Ayuntamiento lo están comprando por arriba del precio que yo ofrezco,
muy por arriba, eso sí es corrupción. Para mí no es corrupción que yo le venda a un
partido político y que no me pague la gran mayoría. Yo te puedo enseñar el listado
de adeudo que tiene Movimiento Ciudadano en las dos negociaciones, las facturas que
tienen vivas. En esta contienda que pasó, en la pasada, no recibimos ningún peso
como partido político y aparte fiados y hasta la fecha no me han pagado más de 250
mil pesos que invertimos en esa campaña.
3. ¿Cree usted que pudo caer en un conflicto de intereses o participar en tráfico de
influencias o haber violado alguna ley?
–Pues no sé fíjate, no creo, ni modo que te impida la ley a un empresario participar
en política. Sobre todo si tú tienes un producto que le sirve a los partidos y lo
tienes que ir a comprar más caro a otro lado y aparte lo tienes que pagar, pues ahí
es muy diferente. Yo creo que el beneficiado fue el partido. Nada más deduce, tú le
facturas a Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano tiene cuatro años sin
recursos en Sinaloa. Yo como Coordinador Estatal tengo la presión de hacer una
campaña digna y si nosotros no tenemos recursos como instituto político yo no voy a
ir a pedir fiado a una empresa que sé que no le voy a pagar, porque me convertiría
yo en una persona corrupta, abusiva. ¿Cuál conflicto de interés tengo? Cuando yo fío
y la gran parte de ese trabajo, el 70 por ciento no se me paga, yo creo que se
pierde el dinero.
Misael Sánchez Sánchez
Miembro del CEN del Partido Verde
Diputado local de Sinaloa
MONTO EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EN CONFLICTO DE
INTERÉS
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POSIBLES IRREGULARIDADES DE
La empresa Grupo Somika facturó 1 millón 198 mil 257 pesos al Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) mientras su propietario, Misael Sánchez Sánchez, ostentaba diversos cargos dentro del
Comité Ejecutivo Nacional del partido. Entre 2009 y 2013, la compañía del también exdiputado en
Sinaloa se encargó de brindar asesorías en materia política al Partido Verde y de engargolar
documentos, entre otros servicios, según la información entregada vía ley de transparencia.
La sociedad fue constituida por Roberto Arturo Campos García y Misael Sánchez Sánchez el 15 de
agosto de 2008 y se nombró a José Eduardo Ruíz Chimal como comisario de vigilancia de la
empresa. Los tres son miembros del PVEM.
En ese entonces Sánchez Sánchez era regidor de Tlalnepantla, en el Estado de México, pero la
empresa no fue constituida en el Edomex, donde residía Sánchez, sino en la Paz, Baja California
Sur con el objeto de realizar un sinfín de servicios. Grupo Somika, donde Sánchez tiene el 90%
de las acciones, se encarga de fabricar y comercializar mercancías de todo tipo, brindar
asesoría y consultoría en materia fiscal, actuar como representante legal, así como comprar y
vender bienes raíces. También puede operar hoteles, cabañas, restaurantes, cafeterías, bares,
centros nocturnos y hasta salones de conferencias. Pese a ello, no cuenta con página de internet
donde pueda ser contactada.
Al año de haber sido creada, y mientras Sánchez Sánchez era secretario de organización del
partido en el Estado de México, Grupo Somika recibió un primer pago de 35 mil pesos del PVEM por
concepto de engargolados. Al año siguiente, en 2010, mientras era apoderado legal del PVEM, la
empresa recibió otro pago de 220 mil pesos por el mismo servicio y casi medio millón de pesos
más por haber sido una de las proveedoras de propaganda de un candidato en las campañas
electorales de 2010. Entre los productos que le vendió hubo lonas, pendones y estructuras de
acero.
En 2011, como miembro del CEN, recibió otro pago de 255 mil pesos por “engargolados” por parte
del mismo Comité donde él prestaba servicios. En 2013, cuando ostentó tres cargos distintos:
secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal en el Edomex, secretario general del
Comité Ejecutivo Estatal en Sinaloa y miembro del Consejo Político Estatal en Sinaloa, otra vez
el mismo Comité Ejecutivo Nacional del partido le realizó otro pago por 195 mil pesos sin que se
precisen los servicios que se pagaron.
Sánchez Sánchez forjó su trayectoria política en el Estado de México y en la Ciudad de México,
donde fue candidato a diputado federal por la delegación Gustavo A. Madero. Posteriormente se
trasladó a Sinaloa, donde fue diputado local entre 2016 y 2018 con un bajo perfil. Actualmente
es secretario de organización y uno de los principales integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
del PVEM.
En el año 2012 Grupo Somika levantó sospechas en el entonces Consejo Estatal Electoral de
Sinaloa (CEES). En el dictamen de los informes de los ingresos de los partidos políticos
elaborado por el CEES, la Comisión de Prerrogativas realizó diversas observaciones a la empresa.
Se encontró que el PVEM emitió seis cheques a la compañía de los que no se pudo verificar su
autenticidad en la página del SAT. “El
comprobante es presumiblemente apócrifo”, es el mensaje
que les aparecía a los auditores al realizar la consulta digital. Además, se expone en el
documento, al llamar al teléfono impreso en las facturas para aclarar la autenticidad de los
recibos, la persona que respondió dijo que ese teléfono pertenecía a otro negocio. “Atendió la
llamada una persona del sexo femenino quien al contestar hace mención de la empresa Vicky Form”,
se lee en el documento.
El CEE tampoco pudo corroborar el domicilio fiscal de la empresa. En las aclaraciones que hizo
llegar el partido al Consejo, se justifica que la compañía cambió de dirección y por ello no se
le pudo localizar ni en el teléfono ni en la dirección anotada en las facturas.
Sin que hubiera claridad absoluta la autoridad electoral dio por solventada la irregularidad.
1. Documentamos que usted pudo haber favorecido a Grupo Somika con compras por 1
millón 198 mil 257 pesos a través del Partido Verde Ecologista de México, mientras
usted desempeñaba diversos cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional del partido
entre 2009 y 2013. ¿Tiene algo que decir?
Estas operaciones que me haces mención ya llevan más de los 5 años que por ley se
marca para ser revisadas, y como tales ya fueron verificadas y observadas por las
instituciones correspondientes. Dicho esto, informarte que no se encontraron con
ninguna anomalía al respecto.
Además, que hacer hincapié que yo en varios de estos años de las facturas
mencionadas, no contaba con puesto partidario.
2. ¿Entonces cómo se explican los beneficios obtenidos por su empresa?
No sé si existieron o no beneficios, toda vez que lo que recibió la empresa fue en
remuneración en la prestación de servicio y/o productos como si fuera cualquier otra
empresa. Además, que las decisiones presupuestales tienen que ser revisadas y
aprobadas por un consejo político.
3. ¿Cree usted que pudo caer en un conflicto de intereses o participar en tráfico de
influencias o haber violado alguna ley?
Por supuesto que no se violó la ley, ya que como te menciono, estos ejercicios de
presupuesto fueron revisados y sancionados en su momento por la autoridad electoral;
por lo cual, no existe ningún dictamen que refiera dicha cosa.
Además de comentarte que muchas de las fechas que me menciona, yo ni siquiera
ocupaba un cargo partidario, a excepción del 2011 al 2013 que sí tuve, pero en mi
cargo no tenía dentro de sus facultades decisiones financieras, ya que quienes rigen
y verifican las operaciones es un consejo político.
4. ¿Algo que desee agregar?
Lo único que me gustaría resaltar es que ya ha transcurrido el tiempo de
verificación de cinco años que la ley marca, y que en su momento ya fueron revisadas
y sancionadas por el Instituto y no se encontró ninguna anomalía.
Alfonso Inzunza Montoya
Alcalde de Salvador Alvarado (Guamúchil) 2005-2007
Diputado federal 2012-2013
MONTO EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EN CONFLICTO DE
INTERÉS
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POSIBLES IRREGULARIDADES DE
Sin duda uno de los diputados federales de Sinaloa que más han gestionado obras para su región
ha sido Alfonso Inzunza Montoya, quien fue legislador federal por el distrito 3 (que comprende
los municipios de Angostura, Culiacán, Salvador Alvarado y Navolato), entre 2012 y 2015. El
problema es que no sólo logró gestionar recursos a su estado, sino que también en beneficio de
su empresa privada.
En su periodo como legislador etiquetó recursos para diversas obras en Sinaloa que se
financiaron con fondos federales y estatales por poco más de 46 millones de pesos y fueron
desarrolladas por Morada S. A. de C.V., una empresa que él fundó en 1981 con cuatro socios más,
y que el 17 de febrero de 2012, seis meses antes de asumir el cargo como legislador, vendió las
acciones a sus hijos Alfonso y Rodrigo Inzunza Lagunas.
Antes de que Inzunza entrara como diputado federal, la empresa familiar solo había recibido
cuatro contratos de fondos federales por un total de 3 millones 616 mil pesos, según registros
públicos que aparecen en Compranet. Una vez que asumió el cargo como diputado federal, tan sólo
en 2013 la compañía recibió fondos federales por 13 millones 211 mil 970 pesos.
En los presupuestos de egresos de diciembre de 2013, 2014 y 2015, discutidos y analizados en la
Cámara de Diputados, el priista votó a favor de la repartición de los recursos que irían
destinados a diversas obras públicas en Sinaloa, como la modernización de caminos rurales en la
localidad de San Ignacio, tramos de pavimentación y la construcción de una cancha de fútbol en
Culiacán, así como en la edificación de la biblioteca municipal de Navolato. Todos estos
contratos los ganó la empresa dirigida por su hijo.
Además, entre 2005 y 2007, Inzunza fue alcalde de Salvador Alvarado y durante ese tiempo también
fue contratista del Gobierno estatal. En esos tres años, la Secretaría de Obras Públicas le
encargó cuatro obras por 2 millones 220 mil 849 pesos a través de su compañía Morada, dos de
ellas fueron por adjudicación directa y las otras dos por invitación restringida. Una de ellas
por poco más de un
millón de pesos
fue para realizarse en el municipio que él gobernaba como
presidente municipal. La obra consistió en construir un centro de cómputo y un aula en el campus
de la Universidad Autónoma de Occidente en Guamúchil.
En total, desde 2002 que Morada comenzó a obtener contratos con la administración pública y
hasta el 2018, que Alfonso Inzunza ostentó cargos partidistas y gubernamentales, la empresa
familiar había sido beneficiada con contratos para diversas obras que suman 277 millones 762 mil
300 pesos.
Rubén Rocha Moya
Coordinador de Asesores del gobernador de Sinaloa
2005-2010
Subdirector de Capacitación del ISSSTE 2013-2017
Coordinador de Asesores del gobernador de Sinaloa 2017
MONTO EN QUE PUDO HABER INCURRIDO EN CONFLICTO DE
INTERÉS
$X,XXX,XXX
POSIBLES IRREGULARIDADES DE
En mayo de 2018 las campañas políticas hervían en el país. Las mediciones colocaban como futuro
ganador al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero nada estaba escrito. En Sinaloa,
en un hotel de Culiacán, se llevaba a cabo el debate de los candidatos al Senado, donde el
independiente Manuel Clouthier intentaba hacer una de sus últimas jugadas políticas para
debilitar al contrincante puntero de Morena, Rubén Rocha Moya.
“Revisando tu tres de tres nos informas que fuiste jefe de asesores de Quirino (Ordaz Coppel,
actual gobernador priista de Sinaloa) y que como ya lo dijiste tienes un hijo dedicado a la
construcción. Pero omites decirnos el potencial conflicto de intereses que genera el hecho de
que tu hijo es contratista de obra pública del gobierno”, le refirió Clouthier ante un público
asombrado.
Rocha Moya respondió con un deslinde: que si había algún conflicto de intereses que se
investigara y se aplicara la ley.
Las acusaciones de Clouthier, quien no brindó detalles de los montos involucrados o los
contratos obtenidos, eran ciertas. Rubén Rocha Ruiz, hijo del morenista, tiene una constructora
llamada Chocosa que constituyó en mayo de 2009 con su hermano Ricardo y que a los ocho meses de
haberse conformado recibió un primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por 292 mil
320 pesos para realizar un estudio de proyecto para la construcción de un tramo carretero, justo
cuando su padre fungía como jefe de asesores del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla. En
marzo de 2010, el último año de Rocha Moya en el gabinete estatal, la firma de su hijo recibió
tres contratos más que sumaron 1 millón 403 mil 178 pesos.
El cargo de jefe de asesores que desempeñó Rocha Moya entre 2005 y 2010 es una figura similar a
la del titular de la oficina de la Presidencia federal. Es decir, tiene una fuerte influencia
con el gobernador y con el resto del gabinete estatal.
Entre 2013 y 2016, Rocha Moya fue subdirector de capacitación del ISSSTE. En 2017 se integró al
Gobierno entrante de Quirino Ordaz Coppel como jefe de asesores y ese año la constructora de su
hijo obtuvo cuatro contratos con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 6 millones 781
mil 782 pesos.
Diversos medios locales, como el diario Noroeste y el semanario Ríodoce le dieron seguimiento
documental a lo dicho por Clouthier, y días después del debate, cuando se le cuestionaron los
contratos que su hijo tenía con el gobierno, Rocha Moya negó que él haya influido con el
gobernador o con el secretario de obras para que la compañía de su hijo se viera beneficiada.
“Yo no influí para nada”, dijo en una entrevista con Noroeste. Sin embargo, aclaró que su hijo
es libre de buscar trabajo. “Si él es constructor puede aspirar a trabajo donde le den”, señaló.
En total, desde enero de 2010 hasta mediados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones 660
mil 930 pesos en contratos con el
Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Culiacán y su junta de
agua, así como con el de Mocorito y su empresa de agua.
En la actualidad Rubén Rocha Moya es senador de la República por Morena, presidente de la
Comisión de Educación, y fuerte aspirante a la gubernatura de Sinaloa.
1. Encontramos que cuando usted fungió como jefe de asesores del ex gobernador Jesús
Aguilar Padilla (2005-2010), la Constructora Chocosa, de uno de sus hijos, recibió
durante 2010, cuatro contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Posteriormente, cuando usted nuevamente fungió como jefe de asesores en el gobierno
de Quirino Ordaz, la misma compañía recibió al menos otros cuatro contratos de la
Secretaría de Obras Públicas del Estado. Nos gustaría entrevistarlo para conocer su
versión sobre esto y saber si considera que pudo haber incurrido en algún conflicto
de interés, debido al cargo tan importante que desempeñó en ambas administraciones.
–Sería mejor, creo yo, que ustedes hagan un periodismo de investigación para que
derivado de ello concluyan lo que su trabajo les indique. Porque qué les diría yo,
primero, que no tenga idea de a qué contratos y obras se refieren. Mi puesto nada
tenía que ver con contratación de obra, y terminantemente te digo, que si hubo las
obras asignadas a Chocosa que tu refieres, para nada intervine yo, ni siquiera me
consta que las haya habido, no lo sé, por lo que no pudo haber habido conflicto de
interés de mi parte.
Qué les diría yo...que no tengo idea...por lo que no pudo haber habido...
***
El conflicto de interés y tráfico de influencias había sido un asunto poco regulado en Sinaloa
hasta que la discusión y posterior entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción puso el
tema en el debate público. La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado que regulaba anteriormente el desempeño de los funcionarios no los obligaba
a presentar una declaración de conflicto de intereses, sólo la patrimonial. Tampoco daba una
definición clara de conflicto de interés, únicamente establecía que los servidores públicos
deberían regirse con imparcialidad, definiendo que ésta “consiste en no desvirtuar el ejercicio
de la función pública para beneficiar intereses personales, familiares o de negocios”.
El 19 de julio de 2017 entró en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que
define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de
las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de
negocios”. La norma obliga a todos los servidores a presentar su respectiva declaración. Sin
embargo los ciudadanos aún no podemos acceder a estas declaraciones porque se siguen utilizando
los formatos anteriores que no preveían el conflicto de interés.
Para este reportaje se solicitó a las secretarías, dependencias e instancia legislativas donde
laboraron los 16 servidores públicos mencionados en este texto, cualquier manifestación de
posible conflicto de interés que hayan hecho los funcionarios. Sin embargo, a nivel local y
estatal ninguno reportó ante los órganos internos de control o contralorías algún conflicto de
interés, mientras que a nivel federal, en el caso de dos funcionarios que presentaron sus
declaraciones patrimoniales ante Declaranet, manifestaron en el apartado de conflicto de interés
que no estaban de acuerdo en publicitar estos datos.
Jorge Iván Villalobos Seañez
Diputado federal de representación
proporcional 2012-2015
Diputado local 2018-2021
El legislador panista votó a favor de los tres presupuestos de egresos de la
federación (2013, 2014 y 2015) donde se repartieron los recursos públicos que
irían destinados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con los
presupuestos aprobados la CFE suscribió diez contratos con una empresa fundada
por el diputado para realizar exámenes médicos al personal de la Comisión.
La compañía Integradora de Servicios de Apoyo para la Salud SA de CV fundada en
Chihuahua en 2006 recibió los recursos por un total de 775 mil 56 pesos, la
mayoría por adjudicación directa y mientras uno de sus socios era diputado. El
monto más alto lo recibió en 2015, al sumar 640 mil 256 pesos en cinco
contratos.
Cuando asumió como diputado federal, Villalobos Seáñez no hizo mención de esta
empresa en la información que registró en el Sistema de Información Legislativa,
un portal donde los integrantes del Congreso de la Unión informan sobre su
trayectoria administrativa, política, académica y empresarial. En su perfil sólo
informó que había sido asociado en dos firmas de consultoría jurídica. Se
solicitó al Poder Legislativo saber si había manifestado algún posible conflicto
de interés. En respuesta se precisó que para el periodo en que él fungió como
diputado no estaba obligado a presentar dicha declaración.
Contraparte
1. Documentamos que usted pudo haber favorecido a la empresa Integradora de
Servicios de Apoyo para la Salud, S. A DE C.V mientras fue diputado federal.
¿Tiene algo que decir?
Sí, mira efectivamente esta empresa Integradora de Servicios de Salud es una
empresa de mi papá, mi papá es médico nacido en Chihuahua, y esa empresa la
constituyó en el 2006, es decir, seis años antes de que yo entrara como
Legislador y como tú sabes todas las empresas con personas morales tienen que
tener al menos dos socios, y por eso mi papá me utilizó a mí como accionista de
la empresa para formar el capital social mínimo que se requiere en las
sociedades anónimas y evidentemente se creó la empresa en el 2006. Es decir,
seis años antes, desde seis años antes, mi papá que se dedica a la medicina
ocupacional, es decir, le presta servicio a empresas aseguradoras, a empresas
iniciativas o empresas particulares para tratar los riesgos de trabajo que se
presentan en cada una de ellas y desde ese año mi papá tenía relación con la
Comisión Federal de Electricidad, porque lo que hace la Comisión es que le manda
los trabajadores con riesgos de trabajo para que haya los dictámenes
correspondientes para su contratación, así es que de ninguna manera pues la
tendenciosa redacción que recibo en mi correo en el que dicen ustedes que un
servidor pudo haber beneficiado directamente la contratación de estos servicios
para la empresa de mi padre, lo cual es francamente ridículo y lo niego
categóricamente porque la empresa se fundó desde el 2006 y pues ya tiene una
antigüedad mayor a la que yo tuve durante mi encargo como diputado federal de
septiembre de 2012 a agosto de 2015, ¿no?
2. ¿Entonces cómo se explican los beneficios obtenidos por esta empresa a través
de CFE mientras usted estuvo en tal cargo?
No pues no tienen explicación, ustedes, si lo que ustedes están tratando ligar
es la votación de un presupuesto general de un país para con una dependencia
como lo es la Comisión Federal de Electricidad, pues es francamente ridículo, y
lo explico de la siguiente manera, la empresa constituida desde el 2006 ya ha
tenido antecedentes, o sea no es, la empresa no contrató los servicios de la
empresa de mi padre cuando yo fui diputado, es decir, no hay una
contraprestación presumible por parte de ustedes ni por parte de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad por el hecho que yo haya sido legislador, la
empresa de mi padre es mucho más antigua y ya había obtenido contratos desde
anticipadamente que yo tuviera el cargo como Legislador, entonces no tiene
absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
3. ¿Cree usted que pudo caer en un conflicto de intereses o participar en
tráfico de influencias o haber violado alguna ley?
Absolutamente no, ninguna.
4. ¿Algo que desee agregar?
Estamos abiertos a la transparencia y a la rendición de cuentas. Fíjate, cuando
me mandaste el correo, e incluso yo ni sabía, ya ni me acordaba que yo era
socio, lo más probable es que en mi declaración tres de tres haya yo omitido la
declaración de esta empresa porque en las declaraciones tres de tres tienes que
participar en la, anunciar, tienes que declarar la participación accionara que
tienes en empresas, y como era tan vieja, o sea como era del 2006, pues yo
evidentemente no recordaba que era socio, hasta que me llegó tu correo, le hablé
a mi papá y le dije: ‘oye cuál empresa es esta, y dice pues es la mía, la
clínica que tengo yo pero acuérdate que yo te puse de socio para ser parte…’ y
yo pues perfecto, así es que ni siquiera la tenía en el radar y mucho menos.
Consecuentemente son presumibles cualquier vinculaciones o presunciones que
puedan resultar relativas al periodo al que fui legislador. La empresa no estaba
declarada, es correcto… por eso a mí me llamó la atención el tema y le dije a mi
papá oye pásame, qué empresa es esta y dijo, pues es la cínica la que yo
trabajo, este le dije cuál, la empresa sí, ah no te acuerdas que te hice socio
la verdad no, porque yo declaré prácticamente todas las participaciones
accionarias que tuve desde que entré de diputado a la fecha, y también ahora que
soy legislador local, y pues es del 2012 a la fecha que se constituyó varias
sociedades las cuales tengo alguna facultad de participación accionaria, pero
ésta como es mucho más antigua, afortunadamente, gracias a lo que ustedes me
mandaron, me llamó la atención y voy a modificar mi declaración tres de tres con
esta sociedad porque evidentemente cometí el error por omisión o error mío de no
haberla declarado.
Jesús Alfonso Ibarra Ramos
Sagarpa 2013-2015
Diputado local 2016-2018
cargo año
Mientras estuvo en la coordinación con entidades federativas y como asesor del
oficial mayor de Sagarpa, una empresa que él fundó con su familia recibió
contratos por 126 millones 543 mil 719 pesos. La empresa Casas Giro se
constituyó en diciembre de 2007 por Jesús Alfonso Ibarra Ramos, su hermano Juan
Pablo y el padre de ambos Jesús Alfonso Ibarra Salgado con el objeto social de
comercializar todo tipo de edificios, viviendas, centros comerciales o
desarrollos habitacionales.
El 2 de abril de 2014 los miembros de la sociedad legalizaron el cambio del
objeto de la empresa para poder incursionar en la construcción de obras
hidráulicas, como presas y canales, y poder realizar obras de desazolve y
dragado de ríos. En esa misma fecha Jesús Alfonso Ibarra Ramos renunció a la
sociedad, quedando la empresa a cargo de su hermano Juan Pablo como
administrador único. Tres semanas más tarde también cambió de nombre y la
registraron como Grupo Denibal.
Dos meses y medio después de estos movimientos, el 3 de julio de 2014, la
empresa firmó su primer contrato federal con Conapesca, que depende de la
Sagarpa, para el desazolve en un campo pesquero de Altata, en Sinaloa. Justo en
ese tiempo, Jesús Alfonso tenía un año de haber ingresado a Sagarpa.
La empresa de su familia recibió el último contrato de Conapesca el 17 de agosto
de 2015 por un monto de 21 millones 448 mil 813 pesos. A partir de ahí ya no
tuvo contratos con Conapesca.
En febrero de 2016, Ibarra Ramos dejó su cargo en Sagarpa para buscar un escaño
en el Congreso de Sinaloa por el partido Nueva Alianza.
Contraparte
1. Nosotros encontramos que cuando tú entras a Sagarpa a estos cargos, esta
empresa comienza a recibir contratos de Conapesca. Queremos saber si tuvo algo
que ver que tu llegaras a ese cargo.
El 12 de diciembre de 2007 mi papá funda una empresa llamada casas Giro con la
intención de que yo me quedara en la IP, me dijo vente a participar, te doy un
porcentaje menor, pero vente a la IP. Luego yo me metí a trabajar en el Gobierno
del estado, pasaron los años, trabajé en el gobierno del estado, Codesin, de ahí
me fui al ayuntamiento, me fui a Sagarpa, pero en ese tiempo el 2 de abril de
2014, yo dejo de ser socio y tener cualquier interés en Casas Giro y a partir de
esa fecha no tengo conocimiento de las operaciones que haya tenido la empresa ni
mucho menos injerencia por algún beneficio patrimonial.
Cuando me preguntaste yo fui con mi papá a preguntarle: oye ¿qué soy de esta
empresa? Yo no soy socio de nada, yo tenía un porcentaje menor, no tengo nada
que ver con esta empresa, yo doné mis acciones en el 2014 y de ahí para adelante
no conozco que operaciones se hayan hecho porque siempre he cuidado mucho el
tema de conflicto de interés, declarar patrimonialmente, he sido un impulsor en
el estado.
Cuando estuve en el Congreso el tema de la transparencia… Noroeste me sacó una
nota de un ejercicio inédito impulsando el tema de la transparencia donde un
millón 500 mil que me dieron yo comprobaba factura por factura para dejar
huella. Esa ha sido mi lucha.
2. En Sagarpa tuviste dos cargos: coordinador con entidades y asesor del oficial
mayor.
Yo era secretario particular… mi función era ser secretario particular, las
funciones de un secretario particular es prácticamente la agenda, lo técnico, la
oficina… y así me desempeñé todo ese lapso. Por eso cuando me comentaste (sobre
la empresa), fui a preguntarle a mi papá. Y me dice: recuerda que hicimos esto,
la fundamos y en el 2014, tú te saliste.
3. El segundo punto que nos llamó la atención es que tú sales el 2 de abril de
2014 de la empresa y cambian el nombre de la empresa y cambian el objeto de la
sociedad para incursionar en obras hidráulicas y precisamente después de esto, a
los 3 meses la empresa empieza a recibir un primer contrato de Conapesca. ¿Este
cambio tiene que ver para poder llegar a concursar con estos contratos y tiene
que ver el hecho de que hayas estado tú en ese puesto para que la empresa haya
podido tener estos contratos en Conapesca?
Cuando estás metido en todo el tema público y de empresa… yo tengo una familia
que abarca muchos rubros (empresariales), y yo cuando decidí dedicarme a esto he
sido muy cuidadoso con lo que yo hago. Vivo de mi salario y me gusta criticar el
tema de la transparencia, y por eso cuando empecé dije: no puedo tener ningún
conflicto de intereses… y no hay mejor auditor que el google y para mí, mi mayor
satisfacción es que mi hijo cuando le pique esté tranquilo de que existen
políticos que no andan haciendo travesuras.
A partir de abril de 2014 no he tenido contacto ni conocimiento de nada (con la
empresa).
4. ¿Tú niegas que con el cargo que tú tenías tu hayas podido influir desde ahí
para que se otorgaran estos contratos?
Efectivamente, yo era secretario particular del órgano de una secretaría en
Sagarpa, existe Senasica, (la Sagarpa) es un monstruo que desde ahí no tienes
las facultades ni el poder para poder influir en algo. El mío era un cargo
medio, pero no para poder influir en eso.
5. ¿En algún momento tú no le avisaste a tu familia que existían esos fondos?
No, tengo unos hermanos que son muy inquietos y tú sabes Conapesca está en
Mazatlán, y realmente es un tema que yo quiero pensar que ellos fueron,
estuvieron ahí, pero así me siento tranquilo de no participar.
6. Lo que nos llama la atención es esta coincidencia de que la empresa no venía
recibiendo contratos de Conapesca y justamente a partir de que entras en el
cargo en Sagarpa empieza a recibir, y luego cuando sales de Sagarpa, la empresa
deja de recibir contratos de Conapesca. ¿Crees que esto sea una coincidencia?
La verdad que no tenía conocimiento ni mucho menos injerencia en el tema porque
no es mi giro. Yo, puedes checar, no tengo participaciones en empresas. Estoy
metido 100 por ciento en lo que a mí me gusta, la política. La verdad no sé cual
haya sido su modus operandi, la forma de lograrlo. Yo le dio gracias a dios que
le vaya bien a mi hermano, a mi familia, pero que yo participe con ellos en
algo, que yo les vaya ayudar o les ayude en algo, no lo voy hacer.
Óscar Javier Valdez López
Regidor en el Ayuntamiento de Culiacán
2011-2013
Diputado local 2013-2016
cargo año
Óscar Valdez López no sólo recibió ingresos por su cargo como legislador local,
también lo hizo como proveedor del Congreso estatal a través de la empresa
Maexno que fundó en marzo de 2005. En 2014, 2015 y 2016, mientras se desempeñó
como diputado, el Legislativo le realizó diversos pagos por equipos de seguridad
que costaron 203 mil 377 pesos. También recibió pagos del Instituto Estatal
Electoral que le compró extintores para equipar los consejos distritales, así
como del Ayuntamiento de Culiacán, quien le compró uniformes y accesorios de
seguridad por 1 millón 630 mil 72 pesos.
Aarón Rivas Loaiza
Diputado local 2010-2012
Alcalde de Culiacán 2012-2013
cargo año
Entre 2011 y 2018, tres empresas relacionadas con Aarón Rivas Loaiza obtuvieron
contratos con el gobierno de Sinaloa y con los ayuntamientos de Mazatlán,
Navolato y Culiacán. En total el dinero que recibieron estas compañías, a la par
que Rivas Loaiza desempeñaba algún cargo público, fue de 89 millones 438 mil
pesos.
La empresa que más contratos ha recibido es Proyectos y Edificaciones DAAL, que
ha obtenido recursos por 73 millones 829 mil 491 pesos, principalmente de la
Secretaría de Obras Públicas y de la junta de agua de Culiacán.
Mientras Rivas Loaiza fue Alcalde de Culiacán, del 18 de febrero de 2012 al
último día del 2013, la Junta de Agua Potable de Culiacán (JAPAC) le otorgó
cuatro contratos por adjudicación directa a Edificaciones DAAL por un total de 5
millones 952 mil 644 pesos. La compañía no incluye a sus familiares como
accionistas, pero sí a su hermano Darío Eliazar Rivas Loaiza, como administrador
único.
La compañía Comercializadores de Materiales de Sinaloa fue fundada el 10 de mayo
de 2001 por Aarón Rivas Loaiza, su esposa y un par de hijos. Actualmente el
administrador único es su hijo Aarón Rivas Gámez.
Mientras Rivas Loaiza fue diputado local, responsable de aprobar presupuestos y
cuentas públicas de los diversos entes de gobierno, esta compañía recibió la
suma de 6 millones 485 mil 823 pesos del DIF estatal, del DIF de Culiacán, del
Ayuntamiento de Mazatlán, del Ayuntamiento de Navolato y del Ayuntamiento de
Culiacán.
Contraparte
1. Documentamos que usted pudo haber favorecido a las empresas Proyectos y
Edificaciones DAAL, S.A. DE C.V.; Comercializadores de Materiales de Sinaloa,
S.A. de C.V. e Inmobiliaria Santa Mercedes, S.A. De C.V., tres empresas
familiares mientras ocupó diversos puestos en el servicio público. ¿Tiene algo
que decir?
Para comenzar la empresa DAAL no es de un servidor, somos muchos hermanos y cada
quién tiene sus empresa, ¿no? Yo no me dedico a hablar de alguien para que le
ayuden.
2. ¿Entonces cómo se explican los beneficios obtenidos por estas tres empresas?
Comercializadores de materiales se dedica a vender pinturas, y si alguien le
compra pintura, pues nosotros tenemos la mejor marca que es “Pintura Berel”, que
no nomás este es poquito en Culiacán la pintura que más consume la ama de casa y
los contratistas para sus edificaciones es “Pinturas Berel”, es una marca que
tiene aquí muchísimos años y que ha sido beneficiada por el gusto del cliente y
por la calidad que la fábrica le pone a sus productos.
3. ¿Cree usted que pudo caer en un conflicto de intereses o participar en
tráfico de influencias o haber violado alguna ley?
No.
4. ¿Algo que desee agregar?
No, muy contento con que se haga este tipo de investigaciones porque el
ciudadano ocupa estar enterado de lo que sucede, incluso soy empresario del ramo
de la pintura desde 1985. La inmobiliaria es de la familia de mi padre de mi
mamá, de la familia.
José Menchaca
Diputado local 2012-2016
cargo año
cargo año
La empresa Eléctrica y Grúas Menchaca SA de CV, propiedad del exdiputado local
de Sinaloa José Menchaca López, recibió 22 contratos de parte de la
administración del exgobernador Mario López Valdez, alias Malova, en el periodo
2012-2016. La suma fue de 17 millones 676 mil 387 pesos. Durante su paso por el
Congreso estatal, Menchaca se convirtió en uno de los principales defensores de
las cuentas públicas del exmandatario, a pesar de que éstas habían sido
previamente suspendidas por el cúmulo de irregularidades encontradas.
Una de las cuentas públicas de Malova votada a favor por Menchaca, entonces
presidente de la Comisión de Fiscalización, incluía un contrato de su compañía
de grúas con el gobierno local por 331 mil 362 pesos. Este equipo de reporteras
y reportero lo dio a conocer en julio de 2017. La respuesta de esa Legislatura
ante peticiones de reporteros locales, fue: “No afecta la imparcialidad del
diputado Menchaca el pequeño contrato de prestación de servicios que celebró en
el mes de enero de 2016, con el anterior Gobierno del Estado”.
Silvino Zavala Araujo
Exlíder sindical de la sección 53 del SNTE en
Sinaloa
Diputado local 2016-2018
Mientras se desempeñaba como líder sindical del SNTE en Sinaloa, el 30 de marzo
de 2012 firmó un contrato con el gobierno estatal para arrendarle las oficinas
que albergan las supervisiones escolares 002 y 009 de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura en Culiacán por 40 mil 109 pesos mensuales. Aunque el acuerdo
lo menciona como representante del sindicato, los comprobantes fiscales
utilizaron su nombre y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
El contrato tenía una vigencia de tres años y, aunque finalizaba en marzo de
2015, los arrendamientos continuaron al menos hasta abril de 2016. En un listado
de arrendamientos de 2017 elaborado por la Secretaría de Administración y
Finanzas del gobierno de Sinaloa, se lee que la “fecha del término del uso del
bien es indefinida”, es decir, el arrendamiento continuó vigente durante el
periodo en el que Zavala Araujo fue diputado local (2016-2018).
En total, entre abril de 2012 y diciembre de 2017, el exdiputado y exlíder
sindical habría recibido 2 millones 833 mil 398 pesos por concepto de
arrendamiento al gobierno de Sinaloa.
En 2017 el semanario Ríodoce exhibió parte de estas irregularidades de Zavala
Araujo, pero el sindicalista no aclaró los señalamientos.
Francisco Miguel Retamoza
Director de Obras y Servicios Públicos en
Guasave 2017-2018
cargo año
cargo año
cargo año
Francisco Miguel Retamoza renunció a su cargo tras ventilarse en medios locales
que su hijo, Francisco Miguel Camacho, era contratista de la administración
estatal a través de Mica Servicios Constructivos, pero negó haber influido para
que la compañía fuera beneficiada.
Miguel Camacho firmó diez contratos con la Secretaría de Educación y con la
Secretaría de Obras del Gobierno de Sinaloa mientras su padre era director de
obras en el Ayuntamiento de Guasave, el cuarto municipio más grande del estado.
La empresa constituida en abril de 2014 recibió sus primeros contratos en
octubre de ese año, pero justo cuando Francisco Miguel Retamoza entró al
servicio público local, el dinero asignado para obras por parte del sector
público a esa compañía tuvo un incremento considerable al pasar de 1 millón 582
mil 289 pesos en 2016 a poco más de 6 millones de pesos en 2017. En 2018, entre
enero y septiembre de ese año, los últimos meses de Retamoza en el cargo, la
compañía realizó obras por 35 millones 711 mil 512 pesos en el Estado.
Además, un mes después de que el funcionario renunciara, el mismo Ayuntamiento
de Guasave le asignó una obra a la empresa en cuestión.
Antonio Humberto Vega Gaxiola
Titular de la Unidad de Coordinación con
Entidades Públicas de la Secretaría de
Administración y Finanzas 2005-2010
Titular de la Auditoría Superior del
Estado 2014-2016
Durante los dos años y medio que Vega Gaxiola se desempeñó como titular de ASE,
el órgano que fiscaliza los recursos públicos en Sinaloa, tuvo que auditar los
recursos públicos que una empresa de su hijo recibió del mismo Congreso del
Estado, y de diversas dependencias del gobierno Ejecutivo.
El despacho Vega Prieto y Asociados, que el auditor fundó y que después dejó en
manos de su hijo Antonio Vega Arellano y otros socios, durante 2014 prestó
servicios de asesoría y auditoría externa al Congreso Estatal, a la Secretaría
de Agricultura, a la Secretaría de Administración y Finanzas, y al Instituto
Sinaloense de las Mujeres. Las cuentas de esas dependencias debieron pasar por
la fiscalización del auditor. Pese al cargo clave que desempeñaba Vega Gaxiola,
la empresa de su hijo no se abstuvo de continuar prestando servicios durante
2015 y 2016 a las mismas entidades que después tendría que fiscalizar su padre.
Años antes, entre 2005 y 2010, había sido titular de la Unidad de Coordinación
con Entidades Públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Durante su paso por el Gobierno del Estado, Promotora Avilán, la empresa de otro
de sus hijos, Carlos Arturo Vega, firmó al menos tres contratos de arrendamiento
con la SAF.
En total, entre 2006 y 2017, mientras Vega Gaxiola desempeñaba un cargo público,
las empresas de él y de su familia recibieron pagos por 4 millones 460 mil 160
pesos por servicios de asesoría en materia fiscal y contable.
POSIBLES IRREGULARIDADES DE
*Metodología:
Los personajes que aparecen en este reportaje fueron el resultado de una búsqueda sistemática
realizada por los equipos de Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Se elaboró una lista de los gobernadores, alcaldes, diputados y senadores que han representado
al estado en la última década y se les buscaron empresas a sus nombres o de algún familiar
directo en el Registro Público del Comercio.
Una vez que se obtuvo un listado preliminar con unos 50 personajes se hizo una nueva selección
de los políticos que a través de estas sociedades tuvieran contratos con la administración
pública. Tras este cruce se obtuvieron unos 30 personajes que con sus compañías habían sido
proveedores, arrendatarios o contratistas del gobierno.
El último paso fue verificar que los contratos se hubiesen otorgado mientras el servidor público
tenía un cargo con poder de decisión que pudiera influir en la adjudicación de los contratos.
IMPORTANTE: Se buscó a todos los personajes mencionados en
este reportaje. Quienes aceptaron dar
su versión fueron incluidos en este texto. Las ausencias de contrapartes de algunos personajes
se deben a que se negaron a una entrevista o a que simplemente no respondieron a nuestras
solicitudes.
