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Texto: Raúl Olmos y Valeria Durán

Video: Isabel Mateos
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21 de noviembre de 2018. Dos empleadas domésticas, un ex policía y sus parientes, residentes en colonias populares de las delegaciones Azcapotzalco y Magdalena Contreras, fueron utilizadas como prestanombres de seis empresas utilizadas para desviar fondos públicos en la llamada Operación ‘Safiro’ (así con ‘s’, que es el nombre asignado por el PRI).

María de Jesús Amézquita, una señora de 63 años de edad, reside en una vivienda con techos de lámina en la calle Palmera de Azúcar, en una ladera al pie del bosque, en el asentamiento irregular Las Palmas, en la zona de barrancas al sur-poniente de la Ciudad de México. Pese a su condición humilde, ella aparece como supuesta dueña de Publicidad Espora, que en abril de 2016 recibió transferencias por 20 millones de pesos.

Su casa fue registrada como el domicilio fiscal de la empresa, aunque nadie de su familia identifica el nombre de la compañía y mucho menos reconocen a doña María de Jesús como empresaria.

“Mi abuela trabaja como empleada doméstica”, aclaró uno de sus nietos.

En las actas inscritas en el Registro Público Mercantil de la Ciudad de México, doña María de Jesús aparece como socia de Alejandro Martínez Carriola, esposo de una de sus hijas.

El yerno, a su vez, es supuesto dueño de Servicios Empresariales 3M y de Asesorías Pragmatics, otras dos empresas utilizadas en la operación ‘Safiro’, que obtuvieron pagos por 21 millones de pesos del Gobierno de Durango, en 6 contratos.

Para inscribir 3M ante el SAT, aportó como domicilio fiscal su propia casa en la calle El Aguaje, en la colonia irregular de El Ocotal, también ubicada al pie de la zona boscosa de la delegación Magdalena Contreras.

Al visitar ese domicilio ubicado en un desnivel y con paredes en obra negra, se localizó a doña María de Jesús Amézquita, quien negó que ella sea empresaria o que esté asociada con su yerno en un negocio.

-¿Ha escuchado el nombre de las empresas Pragmatics, 3M o Espora?-, se le preguntó.

-Yo no sé nada de eso. Yo vengo a ayudarle a mi hija con la limpieza, yo no sé. Yo no tengo nada que ver. Yo ni vivo aquí.

-Pero usted aparece como socia de Publicidad Espora, junto con Alejandro Martínez Carriola (su yerno).

-No. La verdad yo no estoy enterada de nada de eso.

-¿Usted no firmó nada de esas empresas?

-No, es que no sé oiga. Me sorprende mucho eso que me está diciendo.

-La empresa de la que es socia recibió 20 millones de pesos.

-No, pues no andaría trabajando. Tengo 63 años, mi esposo tiene 77 y sigue trabajando.

Un hermano del yerno de doña María de Jesús, de nombre Juan Carlos Martínez Carriola, es administrador de Constructora Tocap, otra de las empresas utilizadas para dispersar los recursos públicos desviados.

A poca distancia, en la colonia Ampliación Potrerillo de la misma delegación, está la casa de Alejandra Becerril Payan y de su hija Lorena, supuestas dueñas de otras cuatro empresas de la red fantasma ‘Safiro’.

Alejandra Becerril aparece en actas como accionista de Servicios y Asesorías SINNAX, Despacho de Profesionistas Futura y de Comercializadora Fing, que en 2016 recibieron transferencias por 272 millones 850 mil pesos de los gobiernos de Chihuahua, Sonora, Durango, Colima y el Estado de México. Mientras que Lorena Becerril es socia de Constructora Franfeca, firma utilizada para dispersar los desvíos.

Al igual que en el caso de doña María de Jesús, la supuesta empresaria en realidad es una empleada doméstica.

“Alejandra trabaja en una universidad como empleada de limpieza y nunca ha pertenecido a algún grupo empresarial”, aclaró su hermana Lucía. “¿Dueña de una empresa? ¡Por Dios! ¿No está viendo dónde vivimos? Si fuera empresaria no estaríamos aquí”, dijo sorprendida.

En las actas, Alejandra Becerril Payan aparece como socia de José Juan Saliano González, un ex policía del Estado de México arrestado por robo, que tiene su domicilio en la calle López Mateos 101, en Ampliación San Pedro Xalpa, una colonia popular de la delegación Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

La casa del ex policía es, además, el domicilio fiscal de Servicios y Asesorías SAMEX y SISAS, otras dos empresas que en 2016 recibieron transferencias por 124 millones 57 mil pesos de los estados de Chihuahua, Sonora, Colima y Morelos.

Esa misma casa de dos pisos es la vivienda de María de Lourdes Gallardo Carrillo, Giovanna Itzel y Jonathan Jesús Saliano Gallardo, esposa e hijos del ex policía, y quienes aparecen en actas como dueños de Constructora Invelco, Despacho de Profesionistas Futura, SISAS y Franfeca.

Al visitar la vivienda, una mujer reconoció que en ese domicilio vivían el ex policía y su familia, pero que ya se habían mudado.

“Sí les estábamos rentando, pero ya desocuparon la casa”.

La red de empresas fantasma vinculadas con el operativo ‘Safiro’ habían registrado otros domicilios fiscales en oficinas virtuales en edificios de Neza, Naucalpan y Tlalnepantla.