La guerra abierta contra la democracia constitucional que ha desatado López Obrador, acompañado por Morena y aliados, sus corifeos del gabinete y sus corcholatas no ha terminado, pero se han ganado batallas importantes. Hay que celebrarlas, pero no bajar la guardia porque no cejará en su intento.
En el plano de la democracia electoral, la primera victoria se la debemos a la oposición en el Congreso —PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y legisladores independientes— que, con sus votos, impidió una reforma constitucional que, literalmente, hubiese acabado con la institución que la hizo posible: el Instituto Nacional Electoral. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué no la planteó antes de las elecciones intermedias cuando contaba con la mayoría calificada para hacerlo? Sólo él tiene la respuesta: ¿seguridad de que en el 2021 no perdería esa mayoría, mal cálculo político, una última patada de ahogado porque sabe que, en condiciones de equidad, y certeza y con un árbitro imparcial puede perder en 2024, deseo irrefrenable del “aquí mando yo”? No importa. La reforma fracasó.
Como la derrota no es lo suyo, ideó un plan B unilateral, regresivo, rupturista, destructor, elaborado sobre las rodillas sin el mínimo cuidado de no violar abierta y repetidamente la Constitución.
Ni siquiera se ocupó de que se respetara el proceso legislativo, lo que muy probablemente le costará la inconstitucionalidad absoluta de las reformas electorales propuestas.
A la oposición en el Congreso no le alcanzó para frenar la reforma, pero aquí entró la sociedad civil a quien le debemos la segunda victoria, porque supo organizarse para defender la democracia en las calles.
La marea rosa fue no una (13-11-22), sino dos veces (26-02-23) decisiva en la defensa del INE y del derecho al voto en elecciones libres y auténticas que mandata la Constitución.
La tercera victoria es la del propio INE que, después de aguantar vara durante cuatro años, montó, bajo el liderazgo de Lorenzo Córdova, la resistencia y defensa de la institución en todos los frentes: en el de las decisiones autónomas e independientes, en el debate público y en el plano jurídico.
La cuarta se la debemos a la Suprema Corte de Justicia con la suspensión de la aplicación a las dos primeras leyes del plan B (la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas), dictada por el ministro Pérez Dayán. A él corresponde el mérito de haber admitido a trámite varias acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas y conceder la suspensión de las mismas porque “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
La quinta victoria se la lleva un juzgado de distrito que reinstaló en su cargo al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien fuera destituido por un transitorio de la reforma electoral.
Nota publicada en Excélsior: https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/optimismo-moderado-pero-fundado/1578622