Los órganos autónomos y la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron triunfos del proceso de democratización. Hoy, México los necesita por partida doble. En lo cotidiano para ejercer un contrapeso a la enorme concentración del poder que López Obrador ha operado en estos cinco años. En la coyuntura porque estamos a menos de seis meses de la elección. En estos momentos, importan particularmente el INE y el Tribunal.
El Presidente no ha ocultado su aversión a los órganos autónomos ni a la autonomía del Poder Judicial, incluido el TEPJF. Si por él fuera, pasaría la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación. Ya lo ha planteado en diversas ocasiones. Quizá querría volver a lo que antes de la transición y de la existencia del INE se llamaba la “autocalificación” de las elecciones.
No sólo ha habido aversión a estos órganos, sino además a una política de debilitamiento deliberado por la vía de recortes presupuestales, nombramientos a modo o usando la aplanadora morenista, inoperancia al dejar de mandar listas de integrantes o vetar a los designados por el Congreso, captura y daño de su reputación. Apenas este lunes en la mañanera, se pronunció por llevar a cabo una reforma administrativa para que desaparezcan los organismos autónomos porque no le sirven al pueblo, son onerosos y quieren “tener el control de todas las decisiones del poder público”. Tiene ya preparada una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte, incluso los magistrados electorales sean electos por la vía de elección popular. No le alcanzan los votos para perpetrar ese retroceso democrático. Ni siquiera si Movimiento Ciudadano —que no lo creo— lo acompañara en esa aventura.
Estamos ciertos que de ganar Xóchitl Gálvez y el Frente Amplio tal ocurrencia no prosperaría. Algunos tenían la esperanza de que Claudia Sheinbaum tampoco fuera proclive a tal iniciativa. Pero la misma Claudia despejó la duda el lunes por la noche. En un mitin respaldó la postura de López Obrador a voz batiente.
En este contexto de ataque a los órganos autónomos y en vísperas de las elecciones estamos presenciando crisis internas en los órganos colegiados del Tribunal y del INE. Peor momento no puede haber. Mayor irresponsabilidad, tampoco.
El Tribunal está incompleto porque el Senado, sin costo alguno y como en otros muchos casos, ha dejado de cumplir con su obligación constitucional de aprobar el nombramiento de dos magistrados para que el Pleno esté completo. Pero, más grave aún, es la inmadurez que muestran al menos tres de los cinco magistrados que haciendo a un lado su responsabilidad y anteponiendo nimios intereses personales o quizá sirviendo los intereses de Palacio han montado una reyerta interna sin reparar —o quizá sí— en los peligros de tener un Tribunal de última instancia enfrentado entre sí.
De un lado Reyes Rodríguez Mondragón —presidente del Tribunal— y Janine Otálora. Del otro Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto.
Estos últimos se empeñaron en remover de la presidencia a Reyes Rodríguez dando a conocer sus razones a través de un comunicado opaco y turbio que deja todo a la imaginación menos el hecho de que no quieren revelar sus motivos para pedir la remoción de Reyes.
Su comunicado habla de pérdida de confianza. ¿De dónde viene? No lo dicen. Habla de razones administrativas. ¿Cuáles? No lo dicen. Argumentan que ha mostrado debilidad en el manejo de la institución. ¿En qué consiste? No lo dicen. Lo peor, afirman que hay “otras razones” para pedir su remoción. ¿Qué razones? No las revelan. Si Reyes Rodríguez hubiese cometido algún delito o falta administrativa, su obligación era denunciarlo. No lo hicieron así que su comportamiento resulta sospechoso. Quizá los motivos para exigir su remoción son inconfesables.
En contraste, Reyes Mondragón, en una carta a la opinión pública, sí revela el origen de los posibles descontentos y los motivos para no dejar el cargo: medidas administrativas que disminuían algunas de las más que generosas —escandalosas diría yo— prestaciones que reciben los magistrados, desacuerdo sobre el aumento en el Presupuesto 2024 para el Tribunal, prueba de que lejos de querer manejar de manera feudal a la institución ha repartido la coordinación de áreas a las diferentes magistraturas y política de rendición de cuentas a través de la Visitaduría Judicial del TEPJF.
Con toda honestidad, la transparencia de Reyes Mondragón mata la opacidad de los tres magistrados que lograron deponerlo.
Pero en política las razones pocas veces importan. Reyes fue obligado a renunciar. Como dijo Jesús Silva Herzog: en Palacio Nacional alguien sonríe. Tendremos un Tribunal menos autónomo.
Lo peor: el Tribunal puede volverse parte del problema en lugar de parte de la solución de unas elecciones que lucen muy controvertidas.
Nota publicada en Excélsior: https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/otro-retroceso/1624974