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Un grupo de ciudadanos pidió a un juez declarar nulo el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que en su lugar sea votada por los legisladores la propuesta de PND del ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa que sí cumple con lo que según la ley debe ser un plan rector.
La demanda de amparo presentada este miércoles argumenta que el Plan Nacional de Desarrollo publicado del 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación no cuenta con los requerimientos legales y técnicos de lo que debe ser el documento que rija todas las acciones del gobierno federal, el presupuesto de egresos, la política fiscal y la ley de ingresos.
La ley establece que el Plan debe contener “objetivos, métricas e indicadores de desempeño que permitan dar seguimiento al logro de sus objetivos”, dice la demanda. De lo contrario, según los demandantes todo queda al arbitrio y convicciones personales de los gobernantes.
Los demandantes son ex funcionarios públicos de administraciones anteriores. Rubén Alfonso Aceves fue subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón, Jorge Alberto Lara, ex diputado federal por el PAN y Edgardo Flores Campbell es ex comisionado de asuntos internos de la Policía Federal.
“El argumento central es que los mexicanos necesitamos certeza de cómo es que el gobierno se va a conducir durante estos seis años, en programas, presupuesto, política tributaria, en iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo”, dijo Fernández Aceves.
“Ese (el aprobado), conforme a la ley no es un Plan Nacional de Desarrollo, es cualquier otra cosa pero no reúne los requisitos”.
La demanda pide que la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que si bien llegó a la Cámara de Diputados nunca fue discutida, sea votada por los legisladores y en su caso sea el Plan Nacional de Desarrollo que entre en vigor.
El 30 de abril, el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo, que en realidad consistía en dos planes: un documento de 64 páginas redactado por la Presidencia de la República, y un segundo texto más amplio y técnico que había sido elaborado por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, después de realizar foros de consulta como lo establece la ley.
Se hablaba entonces de que el gobierno federal tenía los dos planes de desarrollo. Aunque ambos documentos fueron publicados en la gaceta parlamentaria como anexos XVIII y XVIII bis, -sólo el primero -el de presidencia- fue votado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio.
El Plan Nacional de Desarrollo elaborado por la Secretaría de Hacienda es un documento de 224 hojas con propuestas ciudadanas, indicadores, líneas base y metas a 2024, mientras que el plan elaborado por el Ejecutivo son 64 hojas donde se enumeran los problemas del país que serán atendidos pero sin indicadores o herramientas de medición.
El 29 de julio el ex secretario Urzúa escribió en el periódico El Universal que su documento fue desechado en abril, poco antes de enviarse a la Cámara de Diputados y en su lugar quedó el elaborado por López Obrador.
“El presidente informó a quien esto escribe que ese documento sería reemplazado por uno de su propia creación. Me atreví a comentar que a mi parecer su trabajo no era un plan sino un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta”, escribió Urzúa.
Ese día, relató el ex secretario de Hacienda, supo que pronto tendría que dejar el cargo.
La demanda presentada no discute el contenido del plan sino el formato y la manera en la que fue votada.
De acuerdo a los demandantes, al no haber sido realizado bajo el método que establece la Ley de Planeación, es nulo y por lo tanto, todas las leyes y acciones de gobierno que deberían sustentarse en el Plan Nacional de Desarrollo serían nulas y susceptibles de ser impugnadas en tribunales.
“Cualquiera podría ir a litigarlo. Cuando venga la política tributaria del año que entra, cuando me vengan a decir cuántos egresos y cuantos ingresos tendremos, y diga cuánto me vas a cobrar, yo necesito saber cuál es el rumbo del país. Si no me das certeza, me amparo y tumbo la política fiscal”, dijo Fernández Aceves.
“Nosotros no buscamos eso, sino que se reponga el procedimiento y que se ordene a la Cámara de Diputados que reponga el procedimiento completo”.
Los demandantes alegan que el presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo decidió unilateralmente no someter a discusión y votación el documento elaborado por la Secretaría de Hacienda.
El día de la discusión Muñoz Ledo dijo a los legisladores que el texto de Hacienda no era parte del Plan Nacional de Desarrollo.
“El plan son las 64 páginas que además para aclararlo el presidente se retrató en la televisión con la misma carpeta engargolada que nosotros tenemos. Los dos documentos -va a venir el subsecretario de Gobernación que se los puede aclarar porque el me lo mandó- se mandaron los dos, pero con un carácter distinto y se creyó al llegar aquí que uno era el plan y otro el anexo y no, son animales de especies muy distintas nacidas en planetas diferentes, el plan no es el anexo”, dijo Muñoz Ledo.
La demanda de amparo fue presentada el miércoles 31 de julio ante la oficialía de partes de juzgados de distrito en materia administrativa y deberá ser admitida a trámite.