La primera víctima de Covid-19 en México murió en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio, Durango, pero no se supo porque la prueba no había regresado positiva de la Ciudad de México.
El 18 de marzo, un hombre de 74 años falleció en el Hospital General de Zona No. 46 en la Comarca Lagunera. La muestra para la prueba de covid-19 se le tomó a las 10 de la mañana y se envió al laboratorio del hospital La Raza del IMSS en la Ciudad de México. A las 12 del mediodía murió.
Pero la historia de la epidemia de Covid-19 en México registra como la primera víctima mortal del virus a un hombre de 41 años con diabetes internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, que falleció ese mismo 18 de marzo a las 16:24, según su certificado de defunción compartido con periodistas.
Aunque parece irrelevante determinar dónde murió la primera víctima del Covid-19, el caso ilustra los problemas con la aplicación de pruebas, particularmente fuera de la ciudad de México, y el riesgo que existe en hospitales por el ingreso de pacientes con Covid-19 cuyo diagnóstico preciso tarda varios días, por la forma en que la Secretaría de Salud centralizó la aplicación de pruebas.
La diferencia entre las dos primeras víctimas de la epidemia en México es que uno estaba en el hospital del INER, que tiene ahí mismo un laboratorio certificado para hacer pruebas de covid-19 con resultados en un par de horas, y que permitió a los médicos tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y aislamiento.
El otro estaba a mil kilómetros de la capital, a hora y media de vuelo del laboratorio de La Raza, a donde se envió su muestra, porque el Seguro Social enviaba las muestras de sus pacientes sólo a laboratorios en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, al no haber autorizado a los gobiernos estatales hacerlas en sus laboratorios.
El 18 de marzo por la noche, la Secretaría de Salud consignó en un mensaje en Twitter el hito histórico: “Hoy en México falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz”.
Ni en la Secretaría de Salud ni en el Seguro Social sabían que la primera muerte mexicana de esta pandemia estaba en el Hospital 46 del IMSS en Gómez Palacio, porque cuando se emitió ese mensaje la muestra del paciente estaba en una caja, apenas en camino a un laboratorio. Cuando lo supieron y anunciaron el fallecimiento, nunca aclararon que no se enteraron en tiempo real ni corrigieron la cronología.
Pero la diferencia en la prueba no es sólo una cuestión de logística y registro de los casos. La tardanza en el caso del hospital No. 46 Gómez Palacio, como ocurre en hospitales de todo el país, puso en riesgo a decenas de trabajadores de la salud y sólo una combinación de suerte, tragedia y la oportuna intervención de una doctora de Urgencias evitó un contagio masivo como el que por esos mismos días se estaba gestando en Monclova, 330 kilómetros al norte de La Laguna.
Esta investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se basa en testimonios de médicos del hospital No. 46, incluyendo aquellos que tuvieron contacto directo con el paciente fallecido, y revela cómo la lentitud en la forma en que el IMSS procesa las pruebas de covid-19 en sus hospitales contribuye a un registro tardío de casos, e impide a sus trabajadores tener certeza sobre las medidas de precaución a tomar con sus pacientes.
Y el caso que ocurrió en la clínica 46 del IMSS en Gómez Palacio a mediados de marzo nunca se tomó como llamada de atención por las autoridades del Instituto. En otras tres ocasiones, en ese mismo hospital, pacientes han fallecido por covid-19 antes de que sus pruebas positivas se conozcan.
Dos muertes
A las 5 de la tarde del martes 17 de marzo un hombre identificado sólo como José AT, de 74 años y con problemas de hipertensión arterial desde hace década y media, llegó en una ambulancia de la Cruz Roja al área de Urgencias Hospital General de Zona No. 46 del Seguro Social en Gómez Palacio, Durango, con problemas para respirar. Según uno de los médicos que lo recibió, su saturación de oxígeno en la sangre era un severo 60%, muy por debajo del 95% que es lo normal.
Mientras lo preparaban para valoración, la doctora Dulce Quiroz, urgencióloga del hospital, conversaba con el paramédico de la Cruz Roja que llegó en la ambulancia y éste le dijo que el paciente había comentado que recientemente regresó de Estados Unidos.
En ese momento, la doctora Quiroz gritó la orden de que nadie se acercara ni tocara al paciente. Fue una reacción de instinto pues, aunque en La Laguna sólo se había confirmado un caso en esa fecha, varios médicos de la región ya estaban tratando como covid-19 a cualquier persona que tuviera cuadro respiratorio y antecedentes de viaje, porque ya sabían de la lentitud y poca disponibilidad de las pruebas.
El problema en ese momento es que un enfermero ya le había tomado los signos vitales al paciente sin la protección adecuada, y las personas que lo atendieron en la Cruz Roja tampoco habían tomado precauciones para un caso así.
Luego llegó otro dato preocupante: el paciente había estado en ese mismo hospital en esa misma área dos días antes para tratar una insuficiencia respiratoria que fue diagnosticada como una infección y no había dicho nada sobre un viaje a Estados Unidos.
“Lo trajimos casi muerto”, dijo su hija a reporteros de La Laguna sobre la visita al hospital el domingo 15 de marzo.
José había regresado de Los Ángeles el 3 de marzo. Una semana después empezó a sentir malestar, mareos y problemas para respirar. En una consulta privada se le diagnosticó infección de garganta, pero el domingo 15 acudió al hospital 46 del IMSS donde fue estabilizado y se recuperó gracias a que se le administró oxígeno. Se le diagnosticó infección en las vías respiratorias. En el hospital tuvo contacto con al menos cuatro personas.
Ese mismo día, un trailero que había estado recientemente en Estados Unidos, ingresó con neumonía al hospital de zona No. 7 del Seguro Social en Monclova, Coahuila.
José dejó la clínica 46 de Gómez Palacio el mismo domingo 15, después de recuperar energía y capacidad para respirar, pero el martes 17 su condición empeoró. Fue a una consulta a la Cruz Roja de Gómez Palacio, donde decidieron trasladarlo en ambulancia al Seguro Social, ya con una mascarilla de oxígeno para ayudarle a respirar.
Después de que la doctora Quiroz expresó la primera sospecha de un cuadro de covid-19, se advirtió a los trabajadores del hospital que estaban cerca la necesidad de tomar precauciones. También se advirtió a los familiares y a los paramédicos de la Cruz Roja y se buscó a los que habían estado en contacto con el paciente dos días antes.
José fue aislado en uno de los dos cubículos que el área de Urgencias tiene para personas con enfermedades infecciosas. “No está 100% preparado, pero era lo mejor que teníamos”, dijo una enfermera.
El coordinador de turno repartió equipos de protección personal (EPP) a cuatro personas y sólo a esos cuatro se les permitió tener contacto con el paciente: la doctora Quiroz y otro urgenciólogo, una enfermera y un camillero. Cuando se colocaba el traje, los lentes, los guantes y la máscara de su equipo de protección, la doctora Quiroz por primera vez cayó en cuenta de que estaba frente al covid-19, la enfermedad desconocida, y el miedo inicial fue dando paso a la necesidad de confiar en su entrenamiento.
En el cubículo de aislamiento, José fue intubado y se le colocó un catéter para medicamentos. Logró estabilizarse esa tarde, pero su estado empeoró por la noche.
A pesar de la sospecha de covid-19, y de que el hospital ya estaba tratando al paciente como tal, todavía no se le tomaban muestras para una prueba. Eso ocurrió hasta las 10 de la mañana del día siguiente, el 18 de marzo, cuando ya su estado de salud era grave. Utilizando equipo de protección, un médico le hizo los raspados en nariz y garganta.
Dos horas después, el paciente murió. La hora fue confirmada por los dos médicos que lo atendían.
Pero al momento de su muerte, la muestra de José apenas estaba en camino al hospital de La Raza en la Ciudad de México, porque el Seguro Social no había autorizado al laboratorio estatal de Durango para procesar sus pruebas, algo que hubiera ahorrado tiempo.
Por la tarde, mientras en la Ciudad de México fallecía un paciente con prueba ya confirmada de covid-19, los familiares de José recibían su cuerpo y la instrucción de no realizar funeral, cremar el cadáver y aislarse para estar 14 días en observación. Todas las precauciones dictadas para casos covid-19 pero aún sin el respaldo de una prueba de que tuviera la enfermedad.
Ese 18 de marzo, la Secretaría de Salud reportó 117 casos confirmados de covid-19 en México y anunció la primera muerte: el paciente internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México.
Un reporte de la Secretaría de Salud por esos días indicaba 37 laboratorios públicos certificados para hacer la prueba de covid-19, con una centralización notable: 6 de ellos están en la Ciudad de México, incluyendo uno en el INER. Los otros 31 están uno por cada estado.
Una oportuna alerta de los médicos
Rumores sobre una muerte por covid-19 en Gómez Palacio empezaron a circular en La Laguna el 18 de marzo y la Secretaría de Salud de Durango los desmintió. Pero el 19 de marzo tuvo que admitir que había fallecido una persona “que presentó síntomas que cumplían con la definición operacional de covid-19”, según un comunicado que daba a entender que la muerte había sido ese día 19 porque no indicaba fecha.
Reconocer la sospecha era lo único que podía hacer el gobierno estatal, porque el resultado de la prueba no había regresado. El comunicado también informó que las personas que tuvieron contacto con el paciente ya estaban en aislamiento.
De hecho, desde el 18 de marzo, los trabajadores del hospital que habían estado en contacto con José, tanto en su visita del 15 como en su ingreso el 17 de marzo, recibieron la orden de aislarse. Un total de 14 personas, incluyendo familiares, fueron puestos bajo esta medida por lo menos hasta que regresara la prueba.
El resultado de la prueba se conoció en el hospital el 19 de marzo por la tarde, 48 horas después del ingreso de José y más de 24 horas después de su muerte. Era positiva.
Los trabajadores en aislamiento recibieron la orden de extenderlo hasta 14 días. Pasados unos días comenzaron a hacerse pruebas. La doctora Quiroz se la hizo al séptimo día. Todos resultaron negativos.
El viernes 20 de marzo por la tarde, 48 horas después de la muerte de José, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía, confirmó el segundo fallecimiento por covid-19 en el país, luego de estudios “al deceso sospechoso” del día anterior. Se trataba del paciente de Gómez Palacio, pero de nueva cuenta, autoridades daban a entender que el fallecimiento había sido el 19 de marzo y no un día antes.
Precisamente el 19, en el Hospital de Zona No. 7 del IMSS en Monclova, el paciente de oficio trailero, que había viajado hace poco a Estados Unidos y llevaba cuatro días internado, era conectado a un ventilador para ayudarlo a combatir una neumonía. Su aislamiento era precario y los médicos y enfermeras que lo atendían no contaban con equipo de protección suficiente. El Instituto no había autorizado todavía la prueba de covid-19, de modo que ésta la practicó la Secretaría de Salud del Estado y estaba por regresar y confirmarse como positiva.
En 10 días 18 trabajadores de ese hospital ya estarían contagiados y Monclova se convertiría en el símbolo de la incapacidad del IMSS para lidiar con la epidemia.
La clínica 46 de Gómez Palacio en ese momento era un Monclova en potencia, pero hubo al menos dos factores que marcaron la diferencia. Uno, trágico, fue la fecha de fallecimiento del paciente. En Monclova el llamado “paciente cero” que desató el contagio masivo, estuvo 12 días internado, tiempo de sobra para un brote, mientras que en Gómez Palacio el paciente pasó un par de horas en su primera visita y menos de 24 horas en su segunda.
Otro factor fue intervención oportuna de médicos y directivos del hospital. En Gómez Palacio se decretó el mayor aislamiento posible del paciente en el momento en que se conoció su antecedente de viaje a Estados Unidos y se contó con algunos equipos de protección para el personal que lo trató. Cuando se tuvo la sospecha de covid-19, los médicos, enfermeras y enfermeros fueron aislados lo más pronto posible.
Pero los EPP eran escasos. Nunca habían usado tantos y la atención al primer paciente los agotó. Cuando se conoció el resultado positivo, trabajadores del hospital salieron a protestar para exigir más equipos de protección, pues el riesgo era para todo el hospital.
En Monclova, el aislamiento del paciente no fue riguroso, no había suficientes equipos de protección y el personal médico no fue aislado inmediatamente porque no se había confirmado covid-19 en el paciente. Cuando se tuvieron sospechas de que se trataba de la enfermedad, los trabajadores también protestaron por la falta de equipos.
Otro factor tuvo que haber sido la simple suerte de que el contagio no fuera tan extendido en la clínica de Gómez Palacio como lo fue en la de Monclova. Pero no fue una llamada de atención para el liderazgo del Instituto, pues en el mismo hospital de Gómez Palacio, ocurrió lo mismo otras tres veces.
Resultados nada oportunos
El 3 de abril, el gobierno estatal confirmó la muerte por covid-19 de tres pacientes del hospital 46 del IMSS en Gómez Palacio. Al igual que el primer paciente, las pruebas regresaron positivas hasta después de que habían fallecido, porque habían tenido que ser enviadas a laboratorios del IMSS en la Ciudad de México o Monterrey.
Sin embargo, al igual que con el paciente de mediados de marzo, había el riesgo de tratar a una persona con covid-19 sin un diagnóstico oportuno. Para ese momento, la experiencia de tratar al primer paciente les había dejado la lección de tratar como covid-19 a cualquier cuadro respiratorio severo.
En estos casos, dos pacientes tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica y uno padecía hipertensión. Al informar de las 3 muertes, el gobierno de Durango no dio las fechas en que ocurrieron y dio a entender que habían sido próximas en el tiempo, pero en realidad sólo dos lo eran: un fallecimiento fue el 31 de marzo, otro el 1 de abril, pero el primero había sido el 24 de marzo, una semana antes. La razón por la que se dieron a conocer al mismo tiempo fue porque los resultados positivos habían regresado juntos. Esto significaba que personal de la clínica 46 había estado una semana trabajando sin saber que un paciente había fallecido por covid-19. Aunque ya se les había reabastecido de EPP, éstos no eran suficientes.
Para entonces ya se empezaron a aplicar medidas más rigurosas, algunas por iniciativa de los médicos, sin esperar autorización de la delegación del IMSS. Se acondicionó el área de Urgencias para aislar hasta 11 pacientes sospechosos de covid-19 y se marcaron pasillos exclusivos para que circulen los pacientes; los cuartos del hospital, con capacidad de unas 140 camas, redujeron su cupo de tres a dos pacientes, separados por una cama; se empezó a acondicionar otra área para aislar a más sospechosos, con un elevador exclusivo, y se buscó adquirir varios ventiladores para complementar los 16 con que contaba antes de la epidemia. Desde el 4 de abril se cancelaron las cirugías programadas y el hospital se sanitizó.
Poco a poco las oficinas centrales del IMSS comprendieron el problema. Después de que funcionarios visitaron Monclova, tras darse a conocer el contagio masivo en el hospital 7, viajaron también a La Laguna, donde en una reunión con los gobernadores de Coahuila y Durango el 4 de abril se establecieron medidas para aplicar vigilancia en la clínica y en los movimientos de personas entre Torreón y Gómez Palacio.
Y finalmente, el 3 de abril, el IMSS autorizó al gobierno de Durango que su Laboratorio Estatal de Salud Pública realice pruebas a pacientes del Seguro Social, una medida que había resistido. El subsecretario Hugo López Gatell había atribuido la tardanza en las pruebas a la “perturbación aeronáutica”, el hecho de que había menos vuelos para enviar las muestras. Pero la explicación nunca aclaró por qué no vieron esta situación antes y no comenzaron a autorizar a más laboratorios.
La distribución de laboratorios públicos sigue siendo la misma: 6 en la Ciudad de México, y uno en cada uno de los restantes 31 estados. La tendencia a centralizar las pruebas provocó tardanza en hospitales fuera de la capital (es decir, en la mayor parte del país) y eso habría puesto en riesgo a miles de trabajadores de la salud en todo el territorio.
El hospital 46 de Gómez Palacio todavía no está a salvo. El 7 de abril se anunció que un enfermero del área de triage respiratorio está contagiado. Otro está aislado pero con síntomas. El aislamiento de todas las personas que tuvieron contacto con los pacientes fallecidos entre el 24 de marzo y el 1 de abril aún no termina y por lo mismo no se sabe si Gómez Palacio será un nuevo Monclova o, con suerte, volverá a salvarse.
