Sigue adelante el proceso de des-institucionalización del Estado mexicano. Durante el sexenio anterior hubo múltiples signos de ello a través de la captura de organismos como la CNDH o el INE y el Tribunal Electoral, de la des-profesionalización de las dependencias del sector público, del abuso de decretos presidenciales o de la simple desobediencia al orden legal.
El inicio de la nueva legislatura con mayoría calificada y la bendición de la nueva presidenta a las reformas, no deja lugar a dudas. Todo el poder al titular del ejecutivo. Ya sea por colonización de instituciones o a través de reformas que acaben con ellas.
Ha sido tal el torrente de iniciativas y el atropellamiento de la labor legislativa que no alcanzamos a explicar -menos aún a aquilatar- las consecuencias que estas reformas tendrán en los próximos años. Quizá lustros o décadas. Consecuencias para el Estado democrático de derecho y para la vida cotidiana de los mexicanos.
La desmesura y el abuso que ha supuesto la reforma judicial ha opacado otras reformas que también afectarán de manera oprobiosa los derechos ciudadanos y los alcances del poder de quien hoy gobierna.
Me refiero en esta ocasión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.
Así como en el caso de la justicia nos dicen que ésta seguirá impartiéndose con toda independencia, autonomía y profesionalismo, en el caso del INAI se señala que seguiremos teniendo el derecho a acceder a la información y a que se resguarden nuestros datos personales. Que la función sigue y que sólo cambia de manos.
¿De verdad nos podemos creer este cuento? El IFAI primero y el INAI después se crearon con el fin de que cualquier ciudadano pudiera acceder a la información que necesite sobre cualquier asunto salvo los de seguridad nacional. Este acceso tiene pocas limitantes y no es necesario ni justificar la petición de información ni tampoco revelar quién la requiere. Se pide y, ya. Se niega, y se recurre al INAI para que obligue a las autoridades a entregarla.
Menospreciar este derecho tiene consecuencias insoslayables. Falso que sólo sirve a la élite, a los periodistas o a las organizaciones académicas y de la sociedad civil.
Es cierto, gracias al acceso a la transparencia los periodistas pudieron revelar casos escandalosos de corrupción como SEGALMEX, o saber que Dos Bocas costo más del doble de lo programado, que el Tren Maya destruyó miles de áreas naturales o que más de 80% de los contratos en los últimos seis años se dieron por adjudicación directa.
Pero el INAI ha servido a miles de mexicanos que en su vida diaria la requieren para reclamar derechos o para acceder a información de utilidad. Sirve al trabajador que requiere una constancia de trabajo para demostrar al patrón que lleva un determinado número de semanas cotizadas en el seguro social; al estudiante que desea saber a qué beneficios puede acceder o a qué universidad le conviene entrar; al empresario para enterarse de las licitaciones; al agricultor que necesita información sobre los cultivos más competitivos en su municipio; al transportista que investiga la ruta más segura para llevar su mercancía de un punto a otro. Ninguno de estos ejemplos son inventados.
Cambiar de manos o, como nos dicen, preservar la función sin la institución, es una fantasía. Es la mejor receta para la opacidad.
El INAI nos sirve de segunda instancia precisamente para cuando una dependencia gubernamental o un poder nos niega la información. Ahora ¿a quién vamos a apelar cuando nos la quieran esconder? ¿A una dependencia que pertenece al mismo gobierno que nos la negó?
En el sexenio pasado se mermó de manera muy importante el acceso de información aún con el INAI funcionando. Se le recortó el presupuesto en términos reales en 27%, se dejó sin designar a tres comisionados faltantes para obstaculizar su trabajo, desaparecieron o se abandonaron 7 de cada 10 bases de datos del gobierno. Peor aún, los recursos de revisión crecieron 116% pasando de 52 mil con Peña Nieto a 113 mil con AMLO.
¿Cumplirá el nuevo gobierno con sus obligaciones constitucionales sin que se le fuerce? Poner a nuestra disposición la información pública; obligar a los sujetos obligados a preservar sus documentos en archivos actualizados; publicar la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. ¿Resguadará nuestros datos personales?
La anunciada desaparición del INAI resta la esperanza de que así sea. La transparencia es un arma de doble filo. Para un gobierno que gusta de la opacidad a sabiendas de que es la mejor manera de no rendir cuentas y esconder lo que no quiere que se sepa, el arma de la transparencia es mortal. Para un gobierno democrático, es un arma para su mejor desempeño y legitimidad: al abrir las decisiones públicas al escrutinio ciudadano, éstas pueden ser evaluadas y los resultados de la acción del gobierno pueden mejorarse.
Y, del resguardo de los datos personales, ni hablar. Toda la información de una persona estará a disposición del gobierno para los propósitos que guste.