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¿Qué hay detrás del robo de medicamentos oncológicos?

Acusando la corrupción del pasado en el sector salud, el gobierno cambió las reglas para comprar medicamentos. El raro caso de los medicamentos robados muestra la opacidad con la que opera ahora el sistema.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El 10 de octubre pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer que casi treinta y ocho mil piezas de medicamentos oncológicos habían sido robadas del almacén de la empresa Novag Infancia. Las autoridades de salud, al hablar con los familiares de los niños con cáncer, mencionaron que estos medicamentos hubieran sido destinados a sus tratamientos. La desaparición de estos productos no es sólo uno de los eventos más desafortunados para estos pacientes y sus familias, sino también uno de los sucesos más extraños que hayan ocurrido en el campo de la salud en México. ¿Cómo llegamos a esto?

La tragedia de un niño con cáncer

Pocas cosas son tan dolorosas como tener a un hijo enfermo. Mucho más cuando esta enfermedad es el cáncer: un padecimiento desgastante tanto para los pacientes, como para sus padres, familiares, amigos y cuidadores. En México, de acuerdo con el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, la incidencia es de 89.6 por cada millón de niños (0 a 19 años). En el caso de los menores de 4 años, la cifra crece a 135.8 por millón.

El cáncer es una condición devastadora en todos los sentidos, sobre todo en lo económico: entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo es la de mayor costo. El tratamiento de un paciente oncológico cuesta normalmente cientos de miles de pesos al año y puede llegar a ser de millones. Si hay una condición en la que aplique el término “padecimiento catastrófico”, sin duda es ésta. Las familias pueden perderlo todo al intentar pagar los costos de los tratamientos.

El sistema de salud en México había sido injusto en el pasado. Con una pobre inversión de recursos gubernamentales en salud, la población con acceso a la medicina institucional era la menos, comparada con quienes históricamente estaban desprotegidos. Sin embargo, el Seguro Popular fue uno de los esfuerzos más importantes para tratar de dar un piso parejo a estos pacientes. Dada la distribución socioeconómica de México, no sorprende el enorme número de pacientes que dependen de la medicina institucional para tratarse.

En términos prácticos, la vida de un niño con cáncer atendido en una institución de salud depende directamente de la disponibilidad de sus medicamentos. En la medicina moderna, la quimioterapia se realiza mediante una combinación de fármacos en una receta personalísima, que deben ser mezclados en centros especializados, para administrarla en tiempos muy precisos al paciente. En México, los derechohabientes de las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y muchos servicios de salud estatales), reciben sus tratamientos de quimioterapia sin pagar directamente de su bolsillo. Los medicamentos a recibir se encuentran aprobados por el Consejo de Salubridad General y están registrados con una clave del nuevo Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Hasta este punto, pareciera que el sistema funciona con relativa facilidad: si un niño es derechohabiente de alguna institución de salud, simplemente acude a tratamiento y recibe sus medicamentos, los cuales se encuentran en las farmacias de las unidades de salud, listas para ser aplicadas. Lamentablemente no funciona así. Mucho menos en los últimos 14 meses.

El desabasto de medicamentos

El sistema de abasto de medicamentos para el sector salud es terriblemente complicado en México, por lo que trataré de explicarlo de una forma simple. Hasta la administración anterior, los medicamentos eran adquiridos mediante licitaciones organizadas por el IMSS en un evento semestral. El evento era público y transparente y las pujas se hacían mediante subastas inversas. El volumen de compra del IMSS era tan grande, y los beneficios en precios tan importantes, que se decidió que otras instituciones se unieran para negociar en paquete en un sistema conocido como “compra consolidada”.

En la compra consolidada podían participar todas las empresas fabricantes de medicamentos (e insumos) legalmente establecidas o con representación en México; sin embargo, una vez ganadas las partidas, los fabricantes debían entregar sus productos a lo largo de cientos de plazas en todos los lugares de la República. Por ello, muchos de estos, si no es que la mayoría, recurrían a operadores logísticos (distribuidores) que los representaban en los concursos y se hacían cargo de la distribución de los medicamentos a cambio de un margen sobre el precio negociado.

El sistema era imperfecto y evidentemente no era infalible. Se conocen casos de colusión de precios o de corrupción con funcionarios; sin embargo, el sistema había logrado mantener el abasto de medicamentos para el sistema de salud en general. Todos hemos escuchado quejas del retraso en el surtimiento de medicamentos en las farmacias de las instituciones, con el ya tradicional “dese una vuelta otro día”; aún así, la norma era el que estos no faltaran más de unos días o un par de semanas. De hecho, la queja principal de los pacientes con enfermedades crónicas de alto costo era realmente la falta de acceso a nuevas terapias, como las biológicas, que no eran compradas por la institución, aunque estuvieran aprobadas en el antiguo Cuadro Básico. Insisto, era un problema completamente distinto: un medicamento caro, de cientos de miles de pesos por dosis, que el IMSS no compraría por falta de presupuesto. No se hablaba de quimioterapias faltantes por meses.

Demoliendo el sistema de compras

La llegada de la autoproclamada 4T ha implicado el desmantelamiento de la estructura del sistema de salud en México. En su afán por cambiarlo todo, so pretexto de combatir la corrupción, la administración actual decidió terminar con el sistema de adquisiciones y distribución desde los primeros meses. El resultado ha sido un desastre.

Desde el primer ejercicio, organizado por una inexperta Secretaría de Hacienda, existieron más del 60% “claves desiertas”; es decir, no se logró comprar casi dos terceras partes de los medicamentos porque los proveedores encontraron que los precios a pagar eran demasiado bajos o las condiciones de entrega eran ridículas. En el camino, el presidente López Obrador, de su puño y letra, vetó a las tres empresas distribuidoras de medicamentos más grandes de México, culpándolas de ser “intermediarias” y de ganar dinero con sus servicios.

El verdadero desabasto se hizo sentir y dos grupos vulnerables recibieron el golpe más grande: los pacientes con VIH/SIDA y los niños con cáncer. Los primeros lograron obtener una nueva y moderna terapia, de la cual han cuidado muy celosamente la compra y adecuada distribución. Los niños con cáncer fueron menos afortunados. Desde abril del año pasado se dejó sentir una enorme escasez de medicamentos, que se convirtió en un desabasto total al detenerse las líneas de producción del principal fabricante de medicamentos oncológicos en México debido a una sanción y desacuerdos con la COFEPRIS. El gobierno había descarrilado el sistema de abasto y ahora detenía al mayor proveedor de quimioterapia en México. El desabasto se convirtió en una emergencia.

Adjudicaciones directas: la nueva normalidad

No es un secreto que el presidente ha buscado desde un inicio combatir la corrupción. Tampoco lo es que en el camino ha tomado decisiones paradójicas en extremo como permitir y fomentar las compras del gobierno federal con base en adjudicaciones directas. Dejaré que los expertos en adquisiciones y finanzas analicen las claras desventajas de esta decisión. Lo que debo comentar en el caso de las compras del sector salud es, que al rechazar a los proveedores en México el gobierno decidió salir a buscarlos en el extranjero de forma directa.

A finales del año pasado, la paciencia de los padres de niños con cáncer se había agotado. El metotrexato importado de Francia en septiembre ya no era el único medicamento faltante, sino una larga lista, y no había proveedores en México que el gobierno quisiera utilizar para cubrir este desabasto. Las compras directas continuarían sin transparencia y sin explicación. Una de las mayores críticas a la Secretaría de Salud, en su compra compulsiva de hace un año, fue que el medicamento adquirido en Francia carecía de registro sanitario, un requisito obligatorio para poder importar y comercializar cualquier medicamento, dispositivo o insumo para la salud en México. La solución del gobierno fue simple: en enero pasado, se emitió un acuerdo que dispensaba de este requisito a cualquier medicamento que deba importarse por razones de urgencia.

Todo estaba arreglado: la administración federal ya cuenta legalmente con la capacidad de salir a comprar medicamentos a quien quiera en otros países, sin dar explicaciones e importarlos sin registro sanitario. Es así como supuestamente se adquirieron los medicamentos oncológicos robados la semana pasada.

El robo: más que misterioso, absurdo

La versión oficial tardó en darse a conocer. De hecho, la noticia fue producto de una denuncia recibida por la periodista Ana Francisca Vega por parte de los padres de niños con cáncer. Luego sabríamos de un comando armado, de un vigilante que hizo la denuncia y hasta de un tráiler. Lo que queda en el aire son grandes interrogantes:

1) ¿Cómo se adquirió el medicamento y cómo se importó a México?

Por las razones que comenté antes, ninguna de las marcas mostradas en el comunicado de COFEPRIS cuenta con un registro sanitario en México, ni a nombre del laboratorio mencionado, ni del fabricante, ni del laboratorio argentino Kemex. Sin embargo, el presidente reconoció que la compra la había realizado su gobierno en Argentina.

2) ¿Por qué se encontraba en el almacén de un particular?

Si el producto tenía la condición “especial” por la que COFEPRIS le dispensó el registro sanitario, estos fármacos debieron permanecer resguardados en alguna instalación del gobierno, con todas las medidas de seguridad hasta no estar liberados con el registro correspondiente, en lugar de con un particular.

3) ¿Por qué el almacén privado no era resguardado por las Fuerzas Armadas?

Además de la pandemia, un gran problema de salud en esta administración ha sido el abasto de los medicamentos oncológicos. Se trata de un tema altamente mediático y con un importante impacto político. ¿Cómo es posible que semejante cantidad de viales estuviera sin protección oficial?

4) ¿El almacén privado tiene las condiciones adecuadas para resguardar medicamentos oncológicos?

Aunque el presidente ha insistido en que distribuir medicamentos es el equivalente a vender “papitas”, los medicamentos oncológicos necesitan condiciones especiales de resguardo, como temperaturas y rangos de humedad precisos. No sabemos si este almacén los tenía. Si algo debe prender los focos de alarma es la decisión gubernamental de improvisar un “distribuidor nacional”, sin el conocimiento logístico ni la capacidad probada de administrar una cadena fría como las empresas de clase mundial.

5) ¿Qué se sabe sobre los análisis de control de calidad del producto?

Aun si COFEPRIS autorizó su importación sin registro, debieron haberse realizado pruebas de calidad (estabilidad, concentración de fármaco, pureza o contaminación, empaque, etc.). No sabemos si éstas existieron. Al no contar con información pública, la suspicacia popular cubre muchas cosas, incluyendo la posibilidad de que las pruebas al producto no fueran favorables. Curiosamente, su desaparición hace que sea imposible usarlos, aun cuando se localizaran posteriormente, ya que se desconoce cómo fue tratado durante su secuestro.

6) ¿A dónde pueden ir estos medicamentos?

Una de las partes más extrañas de la historia es que este robo se hizo a productos de muy alta espacialidad. No son medicamentos que puedan ser colocados en el mercado negro fácilmente. Como señalé antes, requieren de técnicas y procedimientos complejos para su administración. No es un producto que pueda ser vendido en la banqueta en un tianguis como suele suceder.

El caso es terriblemente extraño. Lo realmente malo es que quienes salen afectados son los pacientes: niños con cáncer cuya vida está en peligro. No son productos que puedan reponerse rápidamente, tardarán varias semanas y el costo no será bajo.

Lo que estamos viendo es el resultado normal de la destrucción de un sistema que no sólo permite opacidades, sino que provoca dudas y sospechas en la operación de sus mecanismos internos.

Xavier Tello. Médico cirujano y analista en políticas de salud

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