El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California reconoció la obligación del Congreso del Estado de proporcionar información sobre el uso de sus recursos públicos. Información que había sido proporcionada de manera incompleta, lo que en los hechos equivale a una negativa de acceso a la información.
Esta resolución se dictó dentro de un contexto muy específico: después de que se le solicitó directamente al Congreso del Estado información relacionada con el manejo de sus recursos, éste dio respuesta a la petición de manera incompleta y poco clara. Remitió a diversas páginas de internet en las que no se encontraba con claridad la información solicitada.
Entre la información que se había solicitado al Congreso de Baja California se encontraba aquella que se refiere a la percepción mensual de trabajadores del Congreso, de los diputados, sus funciones, los gastos de los módulos de atención ciudadana, gastos de los diputados por concepto de viáticos, gastos de las comisiones del Congreso, entre otros.
Por lo anterior, se exigió –a través del brazo jurídico de Mexicanos vs la Corrupción y la Impunidad, A.C.- ante el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Estatal mediante recurso de revisión interpuesto el respeto a los principios de transparencia, acceso a la información pública gubernamental y legalidad a efecto de que la información pública solicitada fuera proporcionada.
La importancia de esta resolución radica en que se trata de un precedente más en el respeto de estos derechos. Ahora, gracias a esta resolución, el Congreso del Estado de Baja California se encuentra obligado a proporcionar esta información de manera completa.
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