La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es, en palabras de su Director General, la “empresa más poderosa de México”; pero recuerde usted, estimado lector, que ya lo dice el viejo adagio: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El gran triunfo de la empresa ha sido convencer a toda la clase dirigente por décadas que el interés de la CFE es el mismo que el interés del pueblo y el interés del gobierno en turno. Sin embargo, en este texto propongo analizar cinco puntos para mostrar porqué esa es una elaborada ilusión.
Poder absoluto
La separación del poder, cualquiera que éste sea, tiene el fin de prevenir su concentración en una sola entidad, creando un sistema de pesos y contrapesos. La concentración del poder de mercado es un tema ampliamente estudiado en la literatura económica y es una de las razones por las que se regulan las industrias. La finalidad de esta regulación es prevenir el ejercicio de prácticas monopólicas en detrimento de tu bolsillo y el mío.
Si la CFE se autonombra la empresa más poderosa de México es porque en dos años ha logrado doblar al sistema de pesos y contrapesos establecido en el diseño institucional del sector energético mexicano. En diciembre de 2019, la empresa lanzó un pliego petitorio donde solicitaba a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica (CENACE) realizar los cambios necesarios para rescatar y fortalecer a la CFE.
Y así ha sido, día tras día hemos observado acciones, acuerdos, políticas e iniciativas de ley que tienen por objetivo fortalecer a la CFE. La empresa del Estado ha convencido al hacedor de la política, al órgano regulador y al operador independiente del mercado que darle mayor poder es en beneficio del pueblo.
A esto se le llama poder monopólico. A diferencia de un monopolio privado —cuyo fin es la maximización de las ganancias de sus inversionistas, a costa de la pérdida de bienestar de los consumidores—, un monopolio de una empresa estatal tiene como fin la maximización del presupuesto. Esta tendencia se refleja en exceso de personal, adquisiciones con sobreprecios y menor desempeño comparativo, a costa de la pérdida de bienestar de los ciudadanos contribuyentes.
La recién presentada iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica muestra, sin lugar a duda, la pretensión de CFE de convertirse, una vez más, en la empresa monopólica del sector eléctrico y tener el poder económico absoluto de la industria eléctrica mexicana. Queda de manifiesto pues la iniciativa impacta por igual a proyectos legados que subsisten al amparo del régimen transitorio de la reforma eléctrica, a los Productores Independientes de Energía quienes tan sólo maquilan electricidad y le entregan su totalidad a la CFE para su administración en el Mercado Eléctrico Mayorista y proyectos de Subastas Eléctricas que pasarían de ser obligatorias a opcionales. El único común denominador de los afectados es ser proyectos de empresas privadas, diferentes a la CFE.
Piso parejo para la torre más alta
A pesar de que la CFE es la autoproclamada empresa más poderosa de México, hay una aparente distorsión de la realidad pregonada a los cuatro vientos. En su Plan de Negocios 2021 – 2025, la Comisión señala que: “La situación actual demanda una gestión eficaz ante los organismos reguladores para establecer un piso parejo para todos, en bien del usuario final”.
Paremos unos segundos para reflexionar quién pide el piso parejo. De acuerdo con el PRODESEN 2020, a octubre de 2020, la CFE controlaba el 70% de la capacidad instalada entre centrales propias y centrales de Productores Independientes de Energía; suministra energía a más de 95% de los usuarios del país, quienes representan cerca del 90% del consumo de la energía del país; tiene el monopolio exclusivo de la transmisión y distribución de energía en el país; controla parte importante de la infraestructura de gasoductos del territorio nacional, y recibe inyecciones de capital del gobierno cada año por concepto de subsidio eléctrico.
La CFE no se ha dado cuenta —o no lo piensa traer a colación— que es la torre más alta del reino. Solicita, en su afán de piso parejo, que se incremente su altura a costa de rasar el suelo para todos los demás. ¿Qué es lo que busca con su solicitud de piso parejo? Pues todo. Como decía antes, el poder económico absoluto del sector eléctrico de México.
Libre competencia
El problema es que eso va en contra de un principio constitucional: el de libre competencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, señala que en nuestro país están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas; agrega que la ley castigará severamente los procedimientos que eviten la libre concurrencia y libre competencia en protección de los consumidores y el público en general.
Claro que la Constitución, en el citado artículo, prevé algunas excepciones. Por ejemplo, el correo o los minerales radiactivos son monopolios públicos permitidos. Hasta antes de la reforma energética de 2013, también constituía un área reservada al Estado toda la cadena de valor del sector eléctrico. Pero con la reforma, sólo el servicio público de transmisión y distribución, la planeación y control del sistema eléctrico nacional quedaron reservados al Estado. Es decir, la generación y comercialización de energía eléctrica quedaron bajo el régimen de libre competencia, tal como lo establece el artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica. Precisamente, la iniciativa presentada la semana pasada pretende eliminar el texto de este artículo, para que ahora la industria eléctrica sea tan sólo un servicio de interés público que sería provisto por el monopolio estatal.
La libre competencia es la antítesis de un monopolio. A mayor competencia, menor es el control que tienen las empresas del precio, lo que las obliga a ser más eficientes: reducir su número de empleados, sus costos operativos y administrativos, así como las compras a terceros. Por poner un ejemplo, las Subastas de Largo Plazo para compra de energía eléctrica permitían poner a las empresas, incluyendo a la CFE, a competir por precio. No por nada obtuvimos precios récord en 2016 y 2017.
La iniciativa preferente que pretende reformar la Ley de la Industria Eléctrica propone eliminar la obligación de la CFE de comprar energía eléctrica por medio de subastas. Esto implica más proyectos de asignación con controles opacos. En otras palabras, la ley no está alineada al objetivo de combate a la corrupción y sobrecostos en detrimento de los consumidores y el público en general.
Los subsidios y la caja negra
Las prácticas monopólicas y los monopolios tienen un efecto que suele incrementar los precios en detrimento de los consumidores, pero en el sector eléctrico mexicano no es palpable para los consumidores, particularmente los domésticos. La razón de esto son los subsidios.
Como adelantaba párrafos atrás, los monopolios públicos no buscan maximizar las ganancias privadas, sino el presupuesto. Dicho de otra forma, aunque se incrementen los costos y la ineficiencia por la falta de competencia, estos no se trasladan al consumidor final de forma directa, sino que se le trasladan de forma creciente al Estado. En los últimos años, el subsidio eléctrico que tiene que pagar el gobierno federal pasó de 50 000 millones de pesos en 2018 a 70 000 millones en 2019. Ese mismo monto fue aprobado para los presupuestos de 2020 y 2021.
¿Por qué prefiere una empresa dinero que viene del presupuesto? Porque estas transferencias son una caja negra que se distribuye de forma discrecional al interior de la empresa. Lo anterior significa menor transparencia y eficiencia respecto a los costos y pocos incentivos para mejorar el servicio y rendir cuenta a los clientes.
Contribuyentes cautivos
Hasta aquí, es posible llegar a una conclusión nada agradable. Para la CFE, los usuarios no son consumidores o clientes que merecen el mejor servicio por su dinero, sino contribuyentes cautivos que deben cumplir con sus obligaciones sin compromiso de la empresa a una mejora del servicio o generar eficiencias operativas, administrativas y de adquisiciones.
En el escenario hipotético de que el marco legal promovido por la reforma energética no se hubiera frenado desde 2018, hoy tendríamos competencia de empresas privadas no sólo en generación, sino también en comercialización de energía eléctrica, las cuales tendrían que ofrecer mejores precios o condiciones contractuales para ganar el favor de los consumidores.
Sin embargo, en ese escenario, la CFE hubiera perdido clientes y, a menor cantidad de clientes, aumentaría las insuficiencias tarifarias, lo que requeriría mayor cantidad de subsidios, esto con la finalidad de no hacer cambios verdaderamente importantes en la forma en que se organiza la empresa más poderosa de México.
En conclusión, es indudable que el interés particular de la CFE, como una empresa productiva del Estado, no es el mismo que el interés de los ciudadanos, quienes nos podemos ver afectados por las decisiones de la empresa. Al final, terminamos pagando todos nosotros ya sea en nuestros recibos o con nuestros impuestos.
Paul Alejandro Sánchez. Doctor en Política Pública con 14 años de experiencia en el sector energético donde ha trabajado en los sectores público, privado, social y académico.
