Por Sofía Ramírez
Ciudad de México, a 25 de julio del 2016
Imaginen la escena: entra usted con la cara medio tapada a las oficinas del jefe del SAT y sin que nadie lo detenga le anuncia a su titular que usted y tres amigos vienen a ordeñar la tubería fiscal. Necesitan financiamiento para su causa, explican, misma que incluye costear una semana de plantón en la CDMX. El titular, el señor Núñez, calmado y sin voltear a verlo, checa sus mails mientras usted toma a puños unos pesos de las arcas nacionales.
Eso no es ficción. Algunas carreteras del país llevan semanas tomadas por activistas de diversos grupos simpatizantes con la CNTE –se autodenominan revolucionarios y populares-, dejando transitar gratis a los vehículos por las casetas del país a cambio de una aportación voluntaria. En el grueso de los casos, los automovilistas y choferes donan lo equivalente a una fracción de lo que pagarían en la caseta por concepto de cuota. ¿Ganan todos? Veamos, el chofer se ahorra gran parte de la cuota y los manifestantes se apropian de una fracción de lo que pagaría el vehículo por concepto de seguro de accidentes, inversión y mantenimiento de la autopista. Es decir, ganan algunos y ganan poco. ¿Quién pierde? El gobierno pierde ingresos millonarios, la CNTE sólo se apropia de un pedacito de lo que estarían dispuestos a pagar los choferes; el automovilista financia las manifestaciones y bloqueos en la CDMX (“nos vemos mañana en el Zócalo”, dijo un sonriente y agradecido manifestante en la caseta de Chilpancingo por los 20 pesos que recibió) y las personas ven mermado su derecho constitucional al libre tránsito. Es la extracción de rentas más ineficiente de la historia: pierden todos.
Quienes han transitado en los últimos meses por la autopista del Sol sabrán que está en reparación, ampliación y construcción, a ojo de buen cubero, a lo largo de 100 km. Entre la CDMX y Acapulco hay 364 kilómetros. Es decir, aproximadamente una tercera parte del trayecto está en obra. Entendiendo que muchas de esas reparaciones son absolutamente necesarias debido a derrumbes, grietas y desgaste normal, hay al menos tres problemas con ello.
El primero, el más obvio, es que llevan meses sin concluir las obras. Por ejemplo, la ampliación del tramo que rodea Cuernavaca lleva más de seis meses en construcción, siempre con maquinaria pesada estacionada a la mitad de la carpeta y dejando pocos carriles para el tránsito regular. Lo mismo en otros tramos, incluyendo 10 kilómetros en la salida de la CDMX hacia Cuernavaca. Quien ganó las licitaciones debe ser muy poco eficiente ¿no?
Lo cual lleva al segundo problema: ¿la ineficiencia de los contratistas es tal? Es decir, ¿los contratistas no cuentan con buenos ingenieros o los proveedores no les entregan a tiempo? ¿O las obras son interminables porque hay interés en ello? El desvío de recursos en la inversión física y su mantenimiento es un espacio donde fácilmente se pueden cotizar materiales y terminados de buena calidad y colocar materiales y terminados de mala.
En abril de este año México Evalúa publicó un estudio denominado MeTrOP: Antídoto vs. la corrupción, en el cual se afirma que “Los recursos públicos dirigidos a la inversión física han aumentado en términos reales desde 2009. Pero el valor de esta inversión ha decrecido consistentemente. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en inversión física pasó de 658,200 millones de pesos en 2009 a más de 820,000 millones de pesos en 2014. Por el contrario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el valor de la misma inversión aumentó aproximadamente de 866,300 millones de pesos a poco más de 691,800 millones de pesos en el mismo periodo. Esto significa que el dinero público erogado en obra pública no se ha invertido ni eficaz ni eficientemente.
“Tenemos una inversión que, en vez de sumar, le resta al crecimiento económico del país. En general, esto suele suceder cuando hay una contabilidad inadecuada del gasto o los proyectos impulsados resultan redundantes, malhechos o poco redituables. Así pasa también cuando se financia obra pública innecesaria y a costos elevados, se invierte el dinero que va a proyectos de baja rentabilidad social o la infraestructura se hace para satisfacer los intereses de grupos específicos”. Es decir, si cada vez destinamos más recursos a la inversión física y a la par esa inversión vale menos, estamos gastado mal y en cosas que no se traducen en beneficio colectivo.
El tercer problema es la concesión en sí misma. El Financiero publicó en marzo de 2015 que “las cuotas de las autopistas se determinan considerando los gastos de inversión y de operación, así como la demanda que tendrá la vialidad; todos estos factores generarán flujos que al final de la concesión permitirán que la empresa que opera la autopista recupere su inversión y los costos de mantenimiento”. Es una explicación clara, pero el 13 de julio la SCT anunció por instrucciones del presidente Peña que las cuotas de la autopista del Sol (México-Acapulco) se mantendrían con 25 % de descuento durante lo que resta de 2016. Dado que en México las concesiones carreteras se otorgan por determinado número de décadas, ¿qué implica el descuento en términos de la concesión y sus beneficios? No lo sé, pero bien podría traducirse en una extensión de la concesión para compensar el descuento que anuncia el gobierno federal.
El turista sorprendido de que en el trayecto México-Acapulco se hacen hoy en día 6 o 7 horas por la autopista del Sol -en vez de 4 horas como cuando se inauguró- debido a las obras y a las casetas tomadas actualmente por los simpatizantes de la CNTE, se sorprende más cuando, llegando a Acapulco Diamante, tiene que pagar 103 pesos por los últimos 27 kilómetros. Por encima del tramo México-La Marquesa que cuesta 3.3 pesos el kilómetro, este tramo es posiblemente el más caro del país con 3.8 pesos el kilómetro. ¿Dónde quedó el descuento? Creo que la respuesta es que esa caseta opera como segundo piso chilango y no entra en la contabilidad de SCT, es decir, ya no entra en el descuento.
En resumen, la SCT hace caravana con sombrero ajeno porque quiénes pagarán ese descuento parcial somos los usuarios, que seguiremos pagando cuotas caras por servicios malos en rutas concesionadas, como la autopista del Sol, que no generan bienestar sino todo lo contrario. No es un regalo de gobierno; el gobierno no regala cosas sino que las financiamos los contribuyentes. Lo que sucede es que se amplía el periodo de pago de una deuda concesionada y, por tanto, el monto de la misma se incrementa cada vez que el gobierno anuncia descuentos populacheros.
Adicionalmente, el pago de cuotas nunca disminuye, haya o no reparaciones y ampliaciones y las arcas del gobierno se saquean impunemente por cualquiera que necesite financiamiento para bloquear la CDMX. El Estado Mexicano no hace nada por garantizar el tránsito seguro de los ciudadanos vacacionistas que ven detenido su paso para ser asaltados por un encapuchado boteando y retrasada la llegada por cierre de carriles en reparación.
Concluyo con lo siguiente: en plena temporada vacacional no hay autoridad a quien ceñirse. Las casetas tomadas no las resguardan soldados ni policías, lo cual genera incentivos para otros incidentes violentos, pues a 36 días de la tragedia de Nochixtlán, la autoridad no se acerca a los manifestantes de la CNTE. Pero eso le deja el paso libre a los criminales comunes y a los narcos.
Total que la carretera se mantiene oficialmente barata para fomentar el turismo, pero lo que se ahorra el vacacionista en dinero lo paga en tiempo adicional de viaje. Feliz escape vacacional, señor conductor. Usted no viaja seguro. Eso sí, lo que pague ya incluye el 25 % de descuento (dicen).
