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Productores de vino alertan que el ayuntamiento pretende congelar normativa que busca proteger zona donde se produce alrededor del 70% del vino de México.
El crecimiento del Valle de Guadalupe en los últimos años empieza a poner en riesgo los recursos naturales de la zona, por lo que la misma industria vitivinícola urge al Cabildo de Ensenada, que se va en dos semanas, para que apruebe un estricto reglamento que ordenaría el desarrollo de los valles productores de vino. El llamado, aseguran productores, ha sido desdeñado por los regidores.
El reglamento de zonificación y usos de suelo regulará las 14 mil hectáreas de los valles de San Antonio de las Minas y de Guadalupe, donde según los vinicultores ha habido un desarrollo desordenado, eventos turísticos masivos y de entretenimiento que dañan las zonas de conservación, el medio ambiente, la industria y consumen la de por sí poca agua disponible.
En septiembre de 2018, el Gobierno de Baja California, el Ayuntamiento de Ensenada y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP) publicaron modificaciones al Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los valles de San Antonio de las Minas y Valle de Guadalupe, que no había sido actualizado desde 2010, pero nunca se aprobó un reglamento, por lo que el plan sigue sin ser aplicado.
Fernando Pérez Castro, líder de la asociación Provino Baja California, que agrupa a 62 casas vinícolas que producen el 72% del vino nacional, y propietario de las bodegas Lomita y Finca La Carrodilla, dijo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que los productores de vino buscan establecer un marco normativo para poner orden al crecimiento que vive el valle debido al auge de la industria vitivinícola, pero que ha habido incluso intentos por aprobar reglamentos que contravienen el plan de desarrollo de la zona desde el programa sectorial del 2010.
«Hay una avaricia de muchos desarrolladores de querer sacar un botín de lo que ahora es el Valle de Guadalupe», considera Pérez Castro, «todos tienen como común denominador: sacar un provecho comercial y no fomentar la actividad principal que es la agricultura».
Desde la aprobación del plan sectorial hace un año, los productores impulsaron un reglamento de zonificación, sin embargo, los regidores de Ensenada han retrasado su discusión y aprobación. El alcalde Marco Antonio Novelo y el resto del Cabildo dejan la administración en dos semanas, lo que podría retrasar de nuevo su aprobación.
«Como tiene tal importancia el documento y existen intereses que se ven afectados, hay una falta de compromiso. Hay intereses, hay regidores que no están suficientemente informados y hay una ventana política que ellos conocen muchísimo más que nosotros, donde miden mucho las consecuencias negativas que pudieran tener para futuros cargos», dijo el empresario vitivinícola.
«Si el Cabildo no aprueba el reglamento tendríamos que empezar de nuevo con el Cabildo que va a entrar, lo que significaría un año más».
El plan sectorial de 2018 establece las líneas de acción para controlar la extracción de agua, el crecimiento urbano y la conservación del medio ambiente, además de imponer medidas para favorecer industrias como la del vino; sin embargo, es en el reglamento donde se tienen que traducir las acciones para llevar esto a cabo.
El plan señala que en el acuífero Guadalupe —del que se extrae agua para la zona–, los volúmenes de concesión superan en un 50 por ciento la recarga media anual del acuífero, lo que ha causado una reducción de superficies sembradas de vid y de olivo por falta de agua.
«De continuar con una tendencia de extracción de agua en el Valle de Guadalupe se estaría llegando al abatimiento total del acuífero aproximadamente en el año 2032», dice el plan aprobado en 2018.
La actividad hotelera demanda más agua por persona que la producción de vino y se ha desarrollado sin cumplir con la normatividad en materia de planeación. En 2016 existían 5 mil 676 hectáreas de terrenos agrícolas, 680 hectáreas menos que en 2014; con esta tendencia en diez años el valle tendría la mitad de las tierras de cultivo de las que hoy tiene.
Además, como efecto del crecimiento urbano, los servicios básicos como acceso a red hidráulica, drenaje, recolección de basura y seguridad pública son cada vez más deficientes.
El reglamento estaba programado para ser discutido en sesión de Cabildo este martes 17 de septiembre, pero fue pospuesto. Los pobladores y gobierno plantean una zonificación por sectores: asentamientos humanos, áreas agrícolas, de conservación y zonas condicionadas al desarrollo.
Para estas últimas, la autorización de licencias o permisos requiere el dictamen favorable de un Estudio de Impacto Urbano y que se garantice la solución integral a la dotación de servicios básicos como acceso y suministro de agua potable.
También prohíbe la extracción de materiales provenientes de cauces de arroyos, para mantener los recursos hídricos; incluye una regulación para eventos y espectáculos masivos con horarios y reglas de venta de alcohol, niveles de ruido y zonas de acción.
Propone además una Comisión para el Desarrollo Integral de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte, integrada por autoridades locales y federales, representantes de las organizaciones vitivinícolas y agropecuarias, ejidales, hoteleras y miembros de la comunidad.
