En las estadísticas oficiales, Colima es el estado más seguro para las mujeres, pues es la única entidad donde en el primer semestre de 2022 no se registró un solo feminicidio. Pero la realidad contrasta con las cifras. Un ejemplo es el caso de Viridiana Tapia, cuyos restos permanecieron en una fosa común mientras sus familiares la buscaban desesperados; nadie sabía que había sido víctima de feminicidio, porque oficialmente en Colima ese delito es casi inexistente, aunque paradójicamente es uno de los estados con una de las cifras más altas de homicidios contra mujeres.

Si las cifras que mes a mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sirvieran como guía para conocer cuáles son los estados del país “más seguros” para las mujeres, Colima ocuparía el primer lugar.

De enero a julio de 2022, en México se han registrado 530 feminicidios y Colima es la única entidad que aparece con un cero mes a mes. Oficialmente es el estado más seguro para las mujeres.

Sin embargo, la realidad que se vive en este pequeño estado, enclavado en el occidente del país, es totalmente diferente. Las autoridades han incumplido con su tarea de proteger a las víctimas y a su familias, como sucedió con Viridiana Tapia Cárdenas, quien fue asesinada, su cuerpo arrojado en la vía pública, enviado por la autoridad a una fosa común, donde permaneció tres años, y ahora su madre busca que el gobierno de Colima reconozca sus errores, repare el daño e impida que el crimen de la joven quede en la impunidad.

El feminicidio en el estado “más seguro”

Viridiana vivía en Villa de Álvarez, uno de los cinco municipios de Colima con Alerta por Violencia de Género desde hace 5 años, y desapareció el 18 de mayo de 2019, unos días después de que terminó una relación sentimental con un hombre que tenía problemas de adicción al alcohol.

La madre de Viridiana, Blanca Estela Cárdenas Rodríguez, relata que el día que desapareció, su hija se encontraba en su casa, en la colonia Tabachines, al cuidado de sus dos hijos, uno de cinco años de edad y otro, un bebé de meses de nacido. Al hogar, entraron unas personas que se la llevaron por la fuerza y no volvió a saber de ella.

Aunque la familia presentó la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado, y se tomaron muestras de ADN de su hijo y hermano -para que en caso de que apareciera alguna pista se hiciera la comparación correspondiente-, el cadáver de Viridiana fue clasificado por la autoridad como no identificado y enviado a una fosa común donde permaneció tres años, hasta el pasado 22 de abril.

El 7 de junio de 2019, - sólo 20 días después de que se denunció la desaparición- el cuerpo sin vida de la joven fue encontrado cerca de un canal de riego en la población de El Chical en Coquimatlán -otro de los municipios con Alerta por Violencia de Género desde el 2017-, donde fue recogido por personal del Servicio Médico Forense y enviado a una fosa común en el panteón de Coquimatlán.

A pesar de que el cuerpo fue tirado en un camino rural, el Ministerio Público no investigó el crimen como feminicidio; por lo menos no existe esa evidencia en la investigación y hasta la fecha, los familiares desconocen las causas que ocasionaron la muerte de la joven.

En Colima, el artículo 124 Bis del Código Penal del Estado, establece que se comete feminicidio cuando la víctima ha sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y su cuerpo sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en un lugar público, como sucedió con Viridiana.

“En la carpeta de investigación no hay nada. No investigaban hasta que yo comencé a exigir. Hay tres licenciados que me están apoyando y ellos quieren saber por qué no hay nada de información sobre el crimen de mi hija. No sé ni por qué falleció. No sé lo que ocasionó su muerte, lo que sí puedo decir es que cuando se la llevaron, ella no llevaba una cobijita de su hijo y cuando encontraron el cadáver, ella tenía esa cobijita de su bebé”, señala Blanca.

En Colima, no sólo Blanca se queja del escaso avance en las investigaciones y la impunidad en la que quedan los crímenes, especialmente en contra de las mujeres; también lo han hecho integrantes de diversas organizaciones civiles como el Centro de Apoyo a la Mujer, quien en mayo pasado pidió a la Fiscalía del estado investigar todos los asesinatos de mujeres como feminicidios.

Si bien este estado reportó cero feminicidios de enero a julio de 2022, en Colima se han asesinado violentamente a 61 mujeres. Esta cifra coloca a la entidad como el décimo más peligroso de toda la República Mexicana.

Es tan evidente el desinterés que muestran las autoridades por atender la problemática que la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas -creada en el 2018 a través de un decreto por el entonces gobernador, Ignacio Peralta Sánchez- ha tenido cero variaciones nominales en los presupuesto de 2020 y 2021.

Lo destinado a la atención e investigación es de apenas 7 millones 343 mil 858 pesos anualmente, lo que significa que el presupuesto no se ha modificado entre un año y otro, a pesar del aumento de la violencia contra las mujeres.

Incluso, al analizar los presupuestos y ajustarlos, el monto destinado disminuye de 2020 a 2021 en cerca de 500 mil pesos, lo que evidencia el abandono gubernamental para atender la violencia de género.

Por la cadena de errores de la autoridad y la falta de apoyo institucional, Blanca arrastra el dolor por el crimen del que fue víctima su hija y la impunidad en la que permanece el hecho.

También pesa sobre ella, la rabia, la frustración en contra de la Fiscalía General de Justicia de Colima- de quien depende la Fiscalía Especializada en Delitos por razón de Género- , porque la autoridad localizó el cadáver el 7 de junio de 2019, 20 días después de la desaparición de la joven, aunque confirmó el hallazgo hasta el viernes 22 de abril de 2022, tres años después.

“El estado no se midió. Busqué a mi hija día tras día y pasé quién sabe cuántas veces por el Chical – una población rural a escasos 20 minutos de la capital de Colima- Si yo aquí estaba, por qué nunca supe que mi hija ya había muerto. Nada más la agarraron - las autoridades ministeriales- y la fueron a tirar a esa pinche fosa fría. Cómo es posible que si había un ADN, no pudieron ver que era ella. Siento impotencia por saber qué fue lo que pasó o quién ocasionó esto”, cuenta Blanca mientras trata de contener las lágrimas que inundan sus pequeños ojos hinchados por el llanto y el cansancio.

Un estado con altos índices de violencia hacia las mujeres

Viridiana vivía en Colima, un estado donde las autoridades estatales y federales sostienen que las mujeres están seguras a pesar de que aumentaron las denuncias por violencia familiar y en el primer semestre de este año, el propio Secretariado Ejecutivo ubicó a Colima con una tasa de 119.6 por cada 100 mil personas, la más alta del país y casi triplicó la media nacional que fue de 43.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Cuando Viridiana fue asesinada, tenía 24 años de edad, era madre de dos hijos y buscaba rehacer su vida. Por su desaparición, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Alba, pero fue Blanca junto con un hermano de Viridiana quienes emprendieron la búsqueda con sus propios recursos y sólo con el respaldo de la Red de Desaparecidos del Estado de Colima, una organización civil, integrada por familiares de desaparecidos.

Desde la desaparición de Viridiana, Blanca le pidió a la autoridad que le tomaran pruebas de ADN…

“Ellos insistían que ya tenían el de mi hijo y el del niño de Viridiana y con eso era suficiente. Yo pensaba que al ser su madre, y al haber estado en mi vientre, había algo más fuerte para identificar y por eso insistí y comencé a moverme, fue cuando la autoridad comenzó a hacer algo y me tomó las muestras de ADN”.

Pese a contar con esas muestras, el cuerpo de Viridiana seguía en calidad de desconocido, hasta el 22 de abril de este año. Aún así, la familia de Viridiana tuvo que esperar una semana más para recuperar sus restos. El 27 de abril, Blanca fue citada a las 07:30 horas en el cementerio municipal de Coquimatlán,donde se llevó a cabo la exhumación.

El cadáver de Viridiana -cuenta su madre- estaba en el interior de una bolsa colocada en un pequeño espacio entre dos tumbas.

“Con toda frialdad me dijeron la calle y el número donde se encontraba y me lo comunicaron en viernes, cuando se atravesaba el fin de semana. La licenciada me dijo que si quería sacar a mi hija tenían que pagar 400 mil pesos o esperar siete años para que la sacaran de la fosa común, pero yo les dije que de ahí ya no me movía hasta que me dieran a mi hija”.

A Blanca las autoridades le pidieron esos 400 mil pesos para sacar el cuerpo de su hija “de viva voz” y no existe un documento para evidenciar el trato inhumano que recibió por exigir evidencias que mostraran que el cuerpo enviado a la fosa común era el de su hija Viridiana.

Al final, la Fiscalía de Colima pagó la exhumación del cuerpo, “yo quería pruebas de que ella era y si ellos -la Fiscalía- no hubieran estado seguros de lo mal que actuaron, no hubieran pagado nada, pero lo hicieron. Ahora, yo estoy sumida en una depresión profunda, con mis hijos desamparados por cómo estoy y con la frustración de lo que nos hicieron”, dice Blanca.

Durante su calvario, la madre de Viridiana no contó con la orientación o el acompañamiento de ningún funcionario público encargado de atender la violencia de género o apoyar a las víctimas de delito. Ni en el 2019, cuando denunció la desaparición de su hija ni en el 2022, cuando la autoridad confirmó que el cadáver de Viridiana lo había enviado a una fosa común tres años antes.

Tampoco ha contado con asesoría de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Todos la han ignorado.

Actualmente ya existe una investigación para determinar si el Estado fue omiso y debe reparar el daño a Viridiana y a su familia, pero ésta no ha concluído.

Con ese panorama, Blanca, así como la mayoría de los familiares de las víctimas de feminicidio, deben enfrentar por sí mismos -y con sus propios recursos-, el dolor de la tragedia y el desdén de las autoridades que se niegan a reconocer que en este estado, también se mata a las mujeres por la violencia feminicida y en la mayoría de los casos, los crímenes quedan en la impunidad, como sucedió con Viridiana Tapia Cárdena. A ella y a su familia todas las autoridades en Colima les fallaron.

“Recordar es algo que me hace pedazos. La impotencia de no saber qué sucedió o qué hicieron con ella. El haber quedado como quedé y el gobierno muy tranquilo. Estoy hundida en una depresión tan fuerte, en una pobreza, en una impotencia y en deudas tremendas que me eché para buscarla y tantas cosas que el gobierno hizo con nosotros. El estado no se midió” declara mientras en la entrada de la casa prestada donde vive, la fotografía de Viridiana se ilumina con las veladoras que enciende todas las noches.