Organizaciones de la Sociedad Civil exigen al Estado mexicano medidas concretas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres

• Las OSC condenan los feminicidios en México y exigen a las autoridades el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. 

• El Estado mexicano incumple su deber de proteger la vida y la seguridad de las mujeres. 

• El Estado debe priorizar la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. 

• Al criminalizar a las manifestantes, el Estado muestra falta de apertura y atención a las demandas de las mujeres. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expresamos nuestra más enérgica condena por los feminicidios de la niña Fátima Cecilia e Ingrid Escamilla, manifestamos nuestra solidaridad con sus familias por tan lamentable pérdida y exigimos a las autoridades una investigación expedita y apegada a derecho para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantías de no repetición. 

Los feminicidios son la punta del iceberg del incumplimiento del deber del Estado de proteger la vida de las mujeres que hemos denunciado desde la sociedad civil durante más de dos décadas con los feminicidios en Ciudad Juárez. 

En el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) emitió la sentencia sobre el caso del campo algodonero. Desde entonces el Estado mexicano ha sido omiso en la estandarización de protocolos, manuales y criterios de investigación de todos los delitos que se relacionen con desapariciones forzadas, violencia sexual y feminicidios. Esta sentencia mandata además una serie de políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres que no han sido cumplidas por el Estado mexicano, tal como lo evidencia el incremento sostenido en el número de asesinatos de mujeres. 

En México dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida. Las cifras oficiales muestran que, en 10 años, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó, pasando de 34.2 a 85 por cada 100,000 mujeres. Uno de cada diez feminicidios es en menores de 17 años. Durante 2019 se registraron 3,616 muertes violentas de mujeres, de las cuales 976 están siendo investigadas como feminicidios por las fiscalías. 

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha demostrado que los feminicidios y otras violencias contra las mujeres sea un tema prioritario. Al respecto, sólo se han hecho públicas dos políticas gubernamentales en materia de violencia contra las mujeres: el Plan Emergente para garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, y el Acuerdo Nacional entre Hombres y Mujeres 2019-2024, que menciona al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2019-2024 (PROIGUALDAD). Sin embargo, ninguno está publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Estado también nos debe la publicación del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que por mandato de ley debe elaborar 

Por ello las OSC exigimos al Estado mexicano a que implemente políticas públicas, de tipo transversal e integrales, tendentes a garantizar la seguridad y la vida de las mujeres en México. Las mismas deben incluir, entre otras recomendaciones, las que hizo a México en 2018 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que contemplan emprender acciones para superar las actitudes patriarcales sexistas y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Las mismas deben ir acompañadas de presupuestos adecuados y suficientes para implementación. 

La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Los lamentables feminicidios de Ingrid y Fátima ponen de manifiesto la forma en que la inclemente violencia nos persigue a las mujeres desde la niñez hasta la vida adulta, ante la indiferencia del Estado. 

Por ello las mujeres exigimos que el Estado nos proteja y se nos deje de asesinar sólo porque somos mujeres. Por eso también defendemos nuestro derecho a salir a las calles a protestar y exigir al gobierno acciones concretas que prevengan y erradiquen las violencias que atentan contra nuestra integridad y nuestra vida. 

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