A estas alturas no hay quien dude que el supuesto “ecosistema digital” presentado por la Consejera Jurídica de la Presidencia es una lista de personas, medios, organizaciones y políticos de la oposición a los que el gobierno señala.
Se presentaron de manera consciente y burda una serie de láminas con los detalles de las cuentas que, según ellos, operan como capas coordinadas para atacar al gobierno. No hay discurso, narrativa o rectificación que haya valido para justificar este listado, aunque la presidenta lleva más de una semana dándole vueltas al asunto.
La propia Luisa María Alcalde se echó la soga al cuello al decir que se trataba de “un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quienes aparecen en este ecosistema”.
Incluso si atendemos a la definición más simple de qué es un ecosistema digital, nos encontramos con que se refiere a “un grupo de herramientas, plataformas, dispositivos y personas conectadas por internet que trabajan juntos para un propósito”.

Lista o ecosistema, el gobierno ha exhibido una serie de nombres de personas e instituciones que le son incómodas por sus críticas y a las que falsamente se les acusa de estar conectadas, de coordinarse a través de herramientas tecnológicas, de ser de derecha y de trabajar por un propósito que no es otro sino el de acabar con la 4T a través de propagar mensajes contra el gobierno.
Tiene razón mi colega Leo Zuckermann cuando dice que estamos en una “pendiente resbaladiza” y que “las consecuencias para los enlistados se van haciendo más peligrosas”. Pero no concuerdo con él en que este sea el “primer paso” de esa pendiente.
Tenemos evidencia abundante de que no es así, esto viene ya de años atrás. Las listas y sus consecuencias se han visto desde el sexenio de López Obrador.
El 14 de agosto de 2024, Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, presentó en la mañanera la lista e información fiscal de todos los integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, las de sus proveedores y las de sus donantes. Se incluyeron datos sobre aportaciones de fundaciones extranjeras, empresas nacionales, gastos y percepciones de integrantes de la asociación. No importó que se violara la protección de datos personales. ¿Esto no es una lista?
Las listas y sus consecuencias se han visto desde el sexenio de López Obrador.
Cotidianamente en la mañanera se construyen y difunden listas. No tienen que ser proyectadas en un solo documento y de un jalón. Las mañaneras, tomándolas en conjunto, presentan listas espaciadas de “comentócratas” y medios que los gobiernos de la 4T han decidido señalar alternadamente como “conservadores”; “neoliberales”, “corruptos” o “corruptazos”, “hipócritas”, “racistas”, “clasistas”, “aspiracionistas”, “déspotas”, “rateros”, “deshonestos”, “simuladores”, “ladinos”, “vendepatrias”, “chayoteros”, “amarillistas”, “peleles”, etc.
En el sexenio pasado y el que va de éste se ha mencionado de manera muy negativa y denostado en 2,255 ocasiones a Reforma; 1,116 a El Universal; 1,009 a Loret de Mola; 921 a Claudio X. González; 544 a Enrique Krauze; 522 a The New York Times; 488 a Héctor Aguilar Camín; 339 a MCCI; 296 a Ricardo Salinas Pliego, 282 a Carmen Aristegui o 280 a Latinus.
Aquí mi propia lista, que sí es lista:

Todos estos, hayan sido citados o no en la lista de Luisa María Alcalde, forman parte de las listas de los indeseables.
Pero más allá de listas, hay muchas otras señales de la pendiente resbaladiza. Está la desaparición de la transparencia y del órgano autónomo que la garantizaba. La falta de transparencia es censura. Está el artículo de la nueva legislación que convierte en delito electoral y en causal de anulación de elecciones, la injerencia extranjera que incluye, por ejemplo, que algún comentócrata o político dé una entrevista en una cadena de televisión extranjera o a una organización que reciba dinero de fundaciones internacionales.
La falta de transparencia es censura.
Finalmente están los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que poco de protección y defensa tienen y mucho de censura y concentración del poder. Las listas no son un hecho aislado ni una ocurrencia desafortunada. Son parte de una política sostenida de señalamiento que ahora se complementa con menos transparencia, nuevas amenazas legales y mayores controles sobre la expresión pública. Primero se nombra a los indeseables. Después se construyen las herramientas para actuar contra ellos.