Las compras del gobierno son uno de los espacios en los que puede haber corrupción e impunidad con mayor facilidad. Precisamente por ello, una de nuestras labores se ha concentrado en el análisis y seguimiento de las contrataciones públicas para detectar irregularidades, problemas y áreas de mejora, entre las que destaca la larga y aún vigente tradición del uso y abuso de las adjudicaciones directas. El mes de septiembre es particularmente llamativo, pues ha representado el pico más alto de dinero público entregado a través de adjudicaciones directas en lo que va del 2020, al mismo tiempo que encamina a que este año se rompa, nuevamente, el récord de adjudicaciones directas de la década, pues 79.3% de los contratos han sido entregados por este mecanismo.
La información oficial de la plataforma COMPRANET muestra que durante los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal ha celebrado 104,999 contratos por un total de 333,910 millones de pesos (mdp). De estos, 83,261 han sido entregados por la vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.3% del total de contratos; mientras que la licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado de acuerdo con la Constitución, ha sido usada sólo para 12,501 contratos, el 11.9% del total.
El panorama es diferente si se consideran los montos totales, pues desde esta perspectiva, la licitación pública y la adjudicación directa casi se equiparan en la cantidad de recursos entregados: mientras el primero ha sido responsable por 145,841 mdp (43.7% del total), el segundo método ha entregado 129,149 mdp (38.7%). Esto revela una de las preocupaciones principales de las adjudicaciones directas, ya que mientras una licitación pública entrega contratos, en promedio, por 11.6 mdp; las adjudicaciones directas, al ser muchos más contratos, en promedio entregan montos más pequeños, de alrededor de 1.5 mdp, por lo que las posibilidades de escapar de la vigilancia ciudadana y la atención mediática son mayores. Diversos casos han mostrado que, a pesar de que el discurso político presume el fin de la corrupción, en las compras del gobierno siguen faltando mecanismos de vigilancia y control que impidan problemas tan elementales como que en 2019 diversas empresas identificadas por el SAT como fantasmas sigan recibiendo contratos públicos.
De hecho, si se toma la base de datos con los contratos de 2020 y se compara con el listado completo de contribuyentes identificados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (mejor conocida como la lista de empresas fantasma), aparecen 13 coincidencias de contratos por un total de 19.1 mdp, todos firmados con la empresa Limpieza y Mantenimiento Xielsa SA de CV, que fue señalada como presunta empresa fantasma desde noviembre de 2019 y que fue confirmada de manera definitiva en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 2020 (y que forma parte de una investigación previa realizada por MCCI).
Estos contratos fueron firmados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Diconsa y el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (que, dicho sea de paso, no forma parte de los fideicomisos considerados para su extinción). De estos 13 contratos, 6 fueron entregados en una invitación a cuando menos tres personas y 7 se dieron por una adjudicación directa, lo cual pone de manifiesto la importancia de vigilar el uso de esta figura.
Si contrastamos las cifras actuales con las de otros años, veremos una tendencia muy clara al alza en la que el porcentaje de contratos adjudicados de manera directa hasta el momento colocarían al 2020 como el punto más alto de toda la década, sólo después de 2019, momento en que se había llegado a la mayor proporción, con 78.1%. Estos resultados contrastan de manera significativa con el discurso oficial que enarbola el cambio y la transformación como banderas, pues más que un rompimiento, las compras del gobierno presentan una continuidad preocupante con el pasado. Además, como hemos señalado de manera reiterada en pasadas revisiones, continuar señalando el uso y abuso de las adjudicaciones directas no sólo se debe a que las leyes expresan que éste debería ser un mecanismo excepcional, sino que este gobierno se comprometió formalmente, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a prohibirlas, promesa que sabemos difícil de cumplir a cabalidad, pero que, con los resultados actuales, queda claro que ni siquiera pretende ser atendida.
Adicionalmente, el mes de septiembre de 2020 presenta una anomalía, pues a pesar de que la proporción de contratos entregados por adjudicación directa es bastante similar a la de meses anteriores, que oscilan entre el 79% y el 81%, al considerar el importe total hay un salto abrupto, pues por segunda vez en el año las adjudicaciones directas no sólo son mayores en cuanto a cantidad de contratos, también lo son en las cantidades otorgadas: mientras 6,636 mdp se entregaron por licitación pública, las contrataciones entregadas directamente a un proveedor determinado llegaron hasta 29,509 mdp: por cada peso que se licitó en septiembre se entregaron cuatro pesos por adjudicación directa.
Al indagar el motivo de este salto abrupto en una sola observación, aparece un viejo conocido de nuestro seguimiento mensual de adjudicaciones directas junto con una compañía con un largo y controversial historial: el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) e ICA Constructora, S.A. de C.V. El contrato en cuestión corresponde a una adjudicación directa por 25,849 mdp para el «Proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al tramo Izamal – Cancún». Si bien este contrato ya había sido anunciado desde junio, aún no se había formalizado y firmado, por lo que no aparecía como un contrato activo dentro de Compranet. Con su inclusión, ICA se convierte en el contratista más grande hasta el momento del proyecto del Tren Maya, a la vez que coloca nuevamente al FONATUR como una de las instituciones destacadas en el uso de adjudicaciones directas.
Si se consideran las 20 instituciones que han entregado la mayor cantidad de recursos a través de contratos adjudicados directamente, FONATUR aparece en la segunda posición, sólo por debajo del IMSS. Después de ellas aparecen instituciones fundamentales para los objetivos de la presente administración, como la Guardia Nacional, Diconsa, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa y la de Marina o el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Los datos oficiales son muy claros al mostrar que las adjudicaciones directas no sólo forman parte de la normalidad en la administración pública, sin importar el color del partido que la encabece, sino que su uso se ha profundizado en varias de las obras, instituciones y programas más representativos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no sólo vulnera las leyes mexicanas, sino que atenta contra un objetivo autoimpuesto por el propio presidente. Resulta paradójico que en medio de una serie de cambios profundos y controvertidos al presupuesto y su ejercicio, como sucede con la propuesta para eliminar 109 fideicomisos bajo la premisa de supuesta discrecionalidad y opacidad en su uso, uno de los mecanismos más discrecionales, con mayores riesgos de corrupción y con probadas consecuencias negativas como las adjudicaciones directas siga siendo el instrumento favorito de este gobierno para gastar.
