Decir que es una moda de la comentocracia hablar de que el INE no es autónomo es cerrar los ojos frente a los signos que envilecen la democracia electoral.
Es cierto que a partir del 10 de septiembre que comenzó formalmente el proceso electoral el tema ha cobrado más relevancia. Razones hay muchas. No se trata de percepciones sino de hechos. Y no se trata solo de la conformación del INE sino de las decisiones que ha tomado.
Es cierto que en el pasado ha habido problemas serios en el nombramiento de los consejeros del INE. Quizá la excepción fue la designación de 1994 y 1996. De ahí en adelante han sido cuestionados los métodos —siempre cambiantes— y los seleccionados con el argumento de las cuotas partidistas.
Pero donde hay malo, hay peor. El problema es que ahora ni siquiera hay cuotas. Morena y aliados tienen los números para imponer a quienes deseen. La última designación (2026) recayó en tres personas simpatizantes de Morena a quienes, por añadidura, se les asignaron las comisiones más importantes del Instituto.
No todas las resoluciones han sido votadas por unanimidad, lo que podría hablar de algunos consejeros autónomos, pero la pauta la dio el consejero Arturo Castillo, quien el día del arranque del proceso electoral advirtió que estamos en “el escenario perfecto para una elección cuestionada” el próximo 6 de junio de 2027.
El consejero le dio al clavo en, al menos, tres de sus consideraciones. Primero, los propios partidos no han querido sujetarse a las normas que ellos mismos aprobaron. En particular, en lo que se refiere a las precampañas.
Segundo, su afirmación de que tenemos un árbitro “que no arbitra”; que ha “claudicado a su función de vigilar y arbitrar” al no exigir a los partidos y gobiernos que respeten los tiempos electorales. De sancionarlos, ni hablar.
Tercero, en muchos sentidos el INE ha dejado de funcionar como lo que es: un órgano colegiado. Con la imprescindible ayuda de la mayoría morenista en el Congreso, Taddei impulsó o avaló el cambio de reglas para que ella, sin pasar por el voto de los otros consejeros, pudiera elegir de forma directa a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas como las de Fiscalización y Asuntos Jurídicos.
En suma, estamos frente a partidos y gobiernos que violan a sabiendas la legalidad, un instituto que perdió su independencia frente al gobierno y que, a la manera del Poder Ejecutivo federal, concentra las decisiones en la presidencia.
Las precampañas han comenzado con meses de antelación a lo que marca la ley electoral.
Aquí no acaban las malas noticias para la democracia electoral. Las precampañas han comenzado con meses de antelación a lo que marca la ley electoral. Es cierto que todos los partidos han incurrido en esa conducta pero nadie como Morena, que desde junio pasado convocó al nombramiento de los tristemente famosos coordinadores de defensa de la 4T. Una simulación desvergonzada para tratar de paliar las divergencias a su interior y nombrar a los candidatos a las 17 gubernaturas que están en juego y a otras candidaturas distritales o municipales.
Es cierto que todos los partidos han incurrido en esa conducta pero nadie como Morena
También tenemos en la lista el sainete de las “boletas planchadas”. Esas que no tienen dobleces y que por lo tanto no pudieron haberse introducido en la urna. Ante el escándalo se optó por una solución que sigue siendo inadmisible. Se acabó la sana práctica de que una boleta marcada que no está en la urna carece de validez. Ahora la boleta no será clasificada ni capturada en ese momento y quedará reservada para que el Pleno del Consejo Distrital determine si procede computarla o no computarla. ¿Qué?
Y más.
Para los observadores electorales se eliminó el cruce con la base de datos de servidores de la nación. Léase, los más de 20 mil operadores de programas sociales de la Secretaría de Bienestar. Es decir, desaparecen los filtros. Ahora basta con que digan que no son servidores públicos, ni “operadores sociales”.
En el caso de Morena esta medida se une al nombramiento de la exsecretaria de Bienestar Social —Ariadna Montiel— como dirigente del partido. ¿Quién mejor que ella para conocer los padrones y la operación de los programas sociales que hoy alcanzan el billón de pesos en el presupuesto?
Todo esto sin hablar de otras medidas como la reducción de los tiempos de capacitación para los ciudadanos que deberán ocupar el importante encargo de cuidar las casillas y hacer el recuento de votos, la intervención permanente de la presidencia en las elecciones o el acto “simbólico” de que la Secretaría de Gobernación haya asistido a la ceremonia de arranque del proceso electoral.
Y una buena, aunque el mero intento habla de lo que se nos viene. El Tribunal Electoral eliminó la propuesta del INE que pretendía prohibir o censurar los “mecanismos discursivos indirectos” —expresiones irónicas, lenguaje no verbal, tonos de voz o muecas— que pudieran descalificar a los candidatos.
En fin, no digo más. La conclusión del consejero Castillo no puede ser más aciaga, pero al mismo tiempo más acertada. México podría llegar al 6 de junio de 2027 “con votos contados, pero con resultados cuestionados”. Y no es la opinión de un comentócrata o analista calificado de derecha sino la de un consejero del propio INE.