Independientemente del partido en el gobierno, a las autoridades mexicanas les cautiva la idea de crear o modificar la Constitución, las leyes y los reglamentos que nos rigen. Como si la mera emisión de una norma pudiese cambiar la realidad y como si su pura publicación conllevara su cumplimiento automático.
Desde luego que los cambios legales son importantes y reflejan, entre muchas otras cosas, el talante autoritario o democrático de un gobierno, su orientación social, su perspectiva sobre los derechos fundamentales, su visión sobre el papel del Estado en la economía o sus prioridades.
Pero también importa la aplicación. Esas mismas autoridades, fanáticas del cambio a través de reformas legales, no son tan entusiastas a la hora de hacerle caso a las normas que ellas mismas promovieron. Mucho menos buscar castigar de manera imparcial a los que las contravienen.
Lo electoral es un magnífico ejemplo. En los últimos años hemos tenido más de una decena de reformas electorales normando las conductas de partidos y candidatos en términos de requisitos para competir, financiamiento, propaganda, topes de campaña, prohibiciones de uso de recursos públicos, no intervención de los gobiernos estatales y federal, prohibición de la “compra” de voto y muchos temas más. Junto a esta normatividad tenemos también una Ley General en Materia de Delitos Electorales. Inoperante en muchos casos e inservible cuando se trata del partido en el gobierno.
Siempre se ha violado la ley electoral y se ha demostrado que es más rentable hacerlo y asumir un posible castigo que jugar limpio y perder. El problema es que las cosas ahora son peores con autoridades electorales capturadas por el propio gobierno.
De acuerdo con la norma, el proceso electoral comenzará formalmente hasta el próximo 10 de septiembre de 2026 y terminará el domingo 6 de junio de 2027.
El proceso legal es largo: nueve meses. Incluye tareas sustantivas y operativas interminables que tiene que atender el INE para una elección de más de 19 mil cargos federales y locales.
La norma aclara que el inicio del proceso no implica que los partidos y candidatos puedan empezar sus precampañas y campañas.
Estas actividades no pueden comenzar sino hasta la primera semana de enero de 2027 y en el caso de las precampañas, estas deben durar seis semanas para concluir el 12 de febrero de 2027. Después se prevé un interregno y, según el cargo, las campañas inician en abril para terminar el 2 de junio.
Todo esto es letra muerta. Especialmente para el partido en el gobierno que desde el 17 de junio lanzó su convocatoria para las llamadas Coordinaciones de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Detrás de este rimbombante título se esconde la convocatoria para decidir a los candidatos a las 17 gubernaturas que se elegirán el próximo año.
El mes que viene se hará lo propio para los coordinadores de los 300 distritos en los que se juegan el mismo número de diputados de mayoría, presidentes municipales y alcaldías.
Al momento se han inscrito 277 aspirantes (123 de manera presencial y 154 en línea) para las 17 coordinaciones estatales de las cuales saldrán los o las candidatas. En esta lista hay desde senadores y diputados, pasando por funcionarios federales y estatales hasta llegar a magistrados. Eso sí, todos han tenido que renunciar a sus cargos.
El problema aquí es la simulación o, para llamarlo correctamente, la violación de la ley electoral. Porque esos precandidatos de facto ya han iniciado sus campañas de proselitismo. Primero para ser electos por Morena y después en su carácter de candidatos.
Esos precandidatos de facto ya han iniciado sus campañas de proselitismo.
Casos que evidencian la simulación hay muchos, pero basta con identificar tres ejemplos emblemáticos.
Está el de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, que ya ha sido señalada y denunciada por hacer campaña desde hace más de dos años a través de las unidades médicas móviles y ambulancias rotuladas con su nombre y el logo de su partido.
Le sigue Andrés López Beltrán, que renunció a su cargo partidario y ahora anda con tareas proselitistas para ser candidato a coordinador de defensa de la 4T en el distrito 6 de Tabasco. En este caso se viola la normatividad electoral y, también, las reglas internas del partido porque ni siquiera se ha lanzado la convocatoria para ese puesto.
En este caso se viola la normatividad electoral y, también, las reglas internas del partido
Con todo, la dirigente de Morena salió en su defensa diciendo que Andy “está tomando las tareas militantes que todos debemos tomar en defensa de la soberanía y la transformación”.
Y para cerrar con broche de oro, aunque ni ha renunciado ni aparentemente busca un puesto de coordinador de defensa de Morena, está Mario Delgado, que siendo secretario de Educación Pública tuvo la desfachatez de vender un programa social como “un regalito de Claudia Sheinbaum”: “Ya cayó el dinerito de la beca Rita Cetina, 2,500 pesos que les manda la Presidenta como apoyo para útiles, uniformes o, ¿por qué no?, un buen libro”.
Así que no nos engañemos. Morena no está organizando comités ni asignando tareas militantes; está seleccionando candidatos, haciendo precampaña y utilizando cargos, recursos y programas públicos para obtener una ventaja electoral. Las fechas, los plazos y las prohibiciones siguen escritos en la ley, pero han dejado de operar como límites reales para convertirse en estorbos que se rodean con eufemismos. Cuando la autoridad electoral está capturada y el partido gobernante puede decidir qué nombre darle a cada violación para hacerla sentir hasta como algo creativo, la competencia deja de ser equitativa mucho antes de que aparezca la primera boleta.