La Ciudad de México tiene las mismas deficiencias legales, de protección civil y de construcción que hace dos años. Un sismo similar a los dos anteriores en 19 de septiembre volverá a traer damnificados y muertos que podrían evitarse.
Por Miriam Castillo | Fotografías Lucía Vergara
A dos años del terremoto del 19 de septiembre, hay sitios donde lo único que queda es un hueco.
Hay predios que 24 meses después ya no tienen edificios desplomados, ni escombro. Pero no hay memoriales, ni techos nuevos, ni proyectos de reconstrucción.
Y tampoco hay culpables por las fallas humanas que derivaron en edificios colapsados; en ocasiones ni siquiera hay investigados.
En el terremoto del 19 de septiembre de 2017 quedaron dañados 12 mil 253 edificios en la Ciudad de México, 38 colapsaron y provocaron la muerte de 228 personas.
Hace un año, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó la catástrofe en 28 edificios en distintos puntos de la Ciudad de México después del terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Las conclusiones de esos reportajes fueron que en cada uno existió un factor humano que por negligencia, corrupción o ignorancia contribuyó a la caída de los edificios, la muerte de personas y las cifras de miles de damnificados.
A dos años de la tragedia, están bajo proceso judicial sólo seis personas: cinco responsables de obra—de los cuales dos, siguen su proceso en libertad—y Mónica García Villegas, dueña del colegio Rebsamen que colapsó en Villa Coapa y provocó la muerte de 26 personas.
Las autoridades aseguraron que la detención de la dueña del colegio fue por un reporte ciudadano mientras que ella asegura que se entregó, un año después de que se girara su ficha roja por la Interpol.
Sin embargo, hasta ahora no se le ha dictado sentencia y continúa la búsqueda legal de un acuerdo reparatorio con los padres de familia.
Fuera de eso, no hay más investigaciones abiertas por la catástrofe en la Ciudad de México y en ninguno de los casos los accionistas de las inmobiliarias o de las constructoras aparecen como probables responsables.
“No tenemos actualización de los juicios. Cuesta cada vez más trabajo dar seguimiento a los expedientes. Conforme pasa el tiempo, la relevancia se disipa y cuesta más trabajo obtener resultados”, explica Jaime, uno de los vecinos de Insurgentes Norte 1260.
Los vecinos de ese edificio lograron que se abriera un proceso en contra del Director Responsable de Obra de ese edificio, que tiene daños severos a cinco años de su construcción, y ahora buscan responsabilizar a la constructora, sin éxito.
A dos años, las leyes no se han modificado para regular el papel de los Directores Responsables de Obra. Quienes, según se evidenció, entran en serios conflictos de interés con las inmobiliarias a quienes tienen que supervisar y, de quienes al mismo tiempo, reciben su salario.
En diciembre de 2017 se modificaron algunas de las disposiciones del reglamento de construcciones, pero la responsabilidad de quien supervisa las obras permaneció en los mismos términos.
En la Asamblea Legislativa los diputados de la comisión de Protección Civil y de Desarrollo Urbano aseguraron que la propuesta aún se discute y no hay una fecha probable para presentarla.
Tampoco ha habido avance en la regulación de los usos de suelo y en los programas de protección civil.
Un ejemplo: la delegación Iztapalapa es, desde hace varios años, la demarcación que tiene el mayor número de puntos vulnerables por sismo, según el Atlas de riesgo de la Ciudad de México.
Incluso, la base de datos de reconstrucción de la Ciudad de México la coloca como la que tiene mayor número de afectaciones.
A pesar de eso, no hay un plan de emergencia específico para la zona y los recursos para las instancias que pueden monitorear el subsuelo siguen siendo recortados y la unidad está desmantelada para su uso.
Y otro más: en la calle Niños Héroes en la colonia Postal, en una cuadra hay cuatro edificios dañados o colapsados. En la esquina de Niños Héroes y Galicia, en la delegación Benito Juárez, un edificio dañado desde 1985 cayó en 20 segundos en el terremoto de 2017.
Esa vibración, según las autoridades, afectó a cuatro edificios más. Los que están en pie, solo saben que corren un riesgo, pero ignoran de qué magnitud y qué hay que hacer en caso de emergencia.
“Sólo sabemos que por instinto hay que correr para enfrente”, dice Aurora Chávez, quien tiene desde hace casi 40 años un local en la cuadra dañada.
Ahora de vecinos tiene dos construcciones patrocinadas por la fundación Carlos Slim. Apenas hace un par de meses arrancaron los trabajos formales para levantar los edificios.
En dos años, se han destinado 737 millones de pesos para la reconstrucción en acciones de diagnóstico, demolición, apoyos para renta, supervisiones y rehabilitaciones.
A pesar de esto, sólo el 20 por ciento de las construcciones dañadas ha tenido algún avance en su construcción. Los que van más adelantados en los trabajos son quienes han recibido apoyo por parte de fundaciones, aceptaron figuras para incrementar la densidad en sus propiedades y con ello financiar el proyecto, o bien se han unido en la organización de damnificados que les brinda visibilidad política y económica.
La mayoría siguen a la espera de que el trámite burocrático los beneficie.
A esto se suma la dificultad de encontrar y recabar la información necesaria para cumplir los trámites o simplemente para dar seguimiento a la empresas y Responsables de Obra que están involucrados en el proceso de reconstrucción.
Según un estudio hecho por Guillermo Cejudo del CIDE, el acceso a la información ha sido lento y en muchos casos deficiente.
Si bien algunas de las peticiones de información están hechas a dependencias que no tienen responsabilidad jurídica, éstas tampoco se encauzan y hacen que la ciudadanía pierda interés.
“En general la gente no debería saber a dónde pedir toda la información, es responsabilidad de la autoridad explicar dónde está cualquier otra acción inhibe el derecho al acceso a la información que tienen los damnificados”, explicó.
En dos años, la ciudad no ha aprendido la lección. Los marcos legales, de prevención y de castigo tienen las mismas deficiencias que llevaron a que en 2017 un terremoto de magnitud de 7.1, cobrara la vida de cientos y dejara a miles todavía sin casa.
