Los presidentes de las cámaras de diputados y senadores solicitaron al INE la cancelación del registro de algunas candidaturas que aspiran a ocupar un cargo en la elección judicial del próximo primero de junio.
El motivo de la solicitud es que no cumplen con alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución. Una de las acusaciones más preocupantes es que algunas de estas personas tienen presuntos vínculos con grupos dedicados al narcotráfico.
Esta solicitud sorprende porque es contradictoria, ya que fue el propio Senado el que, en febrero, envió los listados con las candidaturas definitivas al INE.
Los presidentes de las cámaras de diputados y senadores solicitaron al INE la cancelación del registro de algunas candidaturas que aspiran a ocupar un cargo en la elección judicial del próximo primero de junio.
El motivo de la solicitud es que no cumplen con alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución. Una de las acusaciones más preocupantes es que algunas de estas personas tienen presuntos vínculos con grupos dedicados al narcotráfico.
Esta solicitud sorprende porque es contradictoria, ya que fue el propio Senado el que, en febrero, envió los listados con las candidaturas definitivas al INE. Además, carece de fundamento legal, ya que ni la Constitución ni la legislación electoral prevén la posibilidad de que se cancele el registro de una candidatura que no debió otorgarse desde un principio, ni que el Congreso solicite una cancelación de candidaturas.
La solicitud que hicieron los legisladores pone en evidencia que el proceso de selección realizado por los Comités de Evaluación no cumplió con su propósito, que era asegurar que llegaran a la boleta personas que cumplieran con todos los requisitos que les exige la Constitución y que estuvieran bien evaluadas.
Conforme al artículo 96 de la Constitución, los comités de evaluación de cada uno de los poderes tenían la tarea de verificar que las personas aspirantes tuvieran conocimientos técnicos sólidos, buena reputación pública y un historial académico y profesional destacado. Luego, los representantes de cada Poder debían aprobar estas candidaturas y enviarlas al Senado para que, finalmente, se entregaran al INE.
Las listas definitivas de candidatos se publicaron a mediados de febrero. Desde entonces, muchas organizaciones de la sociedad civil hemos advertido sobre varios perfiles que no cumplen con algún criterio de elegibilidad o de idoneidad.
Pocas semanas después de la publicación de las listas, periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron la inclusión de personas vinculadas al crimen organizado y, en algunos casos, imputados por delitos como abuso sexual, amenazas, lesiones o desvío de fondos públicos (peculado). Por eso, señalamos desde entonces la urgente necesidad de hacer una revisión de cada una de las candidaturas.
Ahora que los representantes del Congreso presentaron esta solicitud al INE, dicen que desconocían estos antecedentes. Según ellos, no pudieron ser detectadas durante el proceso de evaluación. Argumentan que se enteraron por las noticias y las redes sociales y que ahora es información del conocimiento público. Omiten reconocer que fue la denuncia ciudadana y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil lo que permitió identificar estas irregularidades.
Las organizaciones de la sociedad civil también denunciaron casos de candidatos vinculados a la iglesia de la Luz del Mundo, inclusive de algunos que presuntamente eran ministros de culto, lo que les impediría ocupar un cargo judicial. Sobre estos candidatos, por cierto, los líderes del Congreso no solicitaron la cancelación de sus registros.
Los representantes del Congreso advierten que, de no cancelarse los registros cuestionados, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al existir potenciales conflictos de interés y una clara falta de idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular.
Estas primeras solicitudes de cancelación de registro podrían ser apenas la punta del iceberg. En algunos casos, es evidente que ciertos candidatos burlaron los requisitos mínimos de elegibilidad, pero en muchos otros, en la mayoría, en la mayoría, no hay certeza sobre la idoneidad de quienes buscan convertirse en jueces, magistrados y ministros.
Si bien la ley no prevé retirar una candidatura por no cumplir los requisitos, que ya es una falla muy grave en las reglas que crearon los legisladores, sí es posible anular la elección si una candidatura ganadora no los cumple. Pero para que eso suceda, tendremos que esperar a que pase la elección y que se decida en tribunales si procede anular la elección o no para que, en su caso, reponerla.
Es inevitable pensar que con estas reglas, el proceso postelectoral también será muy complicado y las autoridades electorales enfrentarán muchos retos para validar o anular las elecciones para cada uno de los 881 cargos federales que están en juego.
Esto pone en evidencia una vez más que el tamaño y la complejidad de la elección judicial merecían un proceso legislativo mejor diseñado y que atendiera las preocupaciones de integrantes del poder judicial, personas expertas y activistas. Pero todo esto fue ignorado para poder organizar la elección en menos de un año.
Y apenas vamos comenzando. Nos vemos la siguiente semana.
