A pesar de los avances para blindar la asignación de los recursos dedicadas a ellas, las contrataciones públicas han sido tradicionalmente una de las áreas del gobierno más proclives a la corrupción. A través de ellas se puede aumentar o disminuir la competencia, maximizar o desperdiciar recursos, provocar daño patrimonial o beneficio privado, premiar o castigar a los amigos o enemigos del sexenio, crear y destruir fortunas…
No hablamos de unos cuantos pesos, sino de una cifra que ronda, para 2018, los 900 mil millones de pesos, que equivalen a 17% del presupuesto y casi 4% del PIB y que para 2019 se planifica que serán alrededor de 1,016 millones.
Desde el texto original de la Constitución de 1917 se creó un mecanismo en el artículo 134 para que “todos los contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública”. Esta disposición no se modificó sino hasta 1982, cuando se estableció que los recursos públicos debían ser utilizados “con eficiencia, eficacia y honradez” y que:
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que [se] realicen se adjudicaran o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Sólo cuando las condiciones no fueran idóneas debían utilizarse procedimientos alternativos a la licitación. En la actualidad hay tres mecanismos para canalizar los recursos: licitación abierta, invitación restringida a tres empresas o más y asignación directa. La primera debe privar y las otras dos deben ser la excepción y ser justificadas como tales.
Leyes van y leyes vienen, pero la realidad sigue siendo la misma. Año con año se viola el espíritu y la letra de la ley: a veces a través de la creación de regímenes especiales, a veces a través de la filtración de información, a veces a través de “justificaciones injustificables” y a veces a través de abiertas violaciones a la norma. Todas estas razones explican que las adjudicaciones directas hayan sido la norma más que la excepción.
Para lo que no hay explicación es para el hecho de que un gobierno que ganó con la promesa de combatir la corrupción no haya comenzado a implementar medidas que están en sus manos para hacerlo, y que no lo haya hecho en decisiones precisamente en los –hasta ahora- mayores proyectos de su administración: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Esto además de las pipas que se compraron en el extranjero para enfrentar el desabasto de gasolina o los contratos que se han otorgado desde PEMEX, empresa productiva del Estado que está regulada por un régimen de excepción.
Los datos oficiales –obtenidos en Compranet- hablan por sí mismos:
Esta cifra contrasta con las promesas del Presidente de la República respecto a que eso de entregar contratos sin licitaciones públicas “se acabó”. La comparación con las cifras del último año de los dos sexenios anteriores demuestra de manera contundente que prácticamente no hay diferencia alguna con las prácticas del pasado.
Mientras Calderón adjudicó de manera directa en su último año de gobierno casi el 67.7% de los contratos, Peña Nieto lo hizo en el 76.2% de los casos y López Obrador, de enero a marzo, ha recurrido a este método excepcional en 74.3% de los casos. El patrón de conducta de los gobiernos del PAN, PRI, y ahora Morena, sigue siendo el mismo. La historia varía un poco si se toman los montos de los contratos, pero “el uso y la costumbre” de utilizar la adjudicación directa sigue siendo la norma más que la excepción.
En el análisis de los datos hay algunos que se esperaban dado el historial de los sectores o dependencias. Por ejemplo, las instituciones de salud y distribución de subsidios alimentarios siempre han estado sujetas a cuestionamientos y este sexenio no es la excepción. Las tres dependencias con mayor número de adjudicaciones directas son precisamente el IMSS, DICONSA e ISSSTE.
Lo que sí sorprende es el lugar en el que aparecen las secretarías de Estado si las ordenamos por número de contratos licitados: de los 388 contratos reportados en Compranet como correspondientes a la Secretaría de la Función Pública, el 100% fueron por adjudicación directa. ¡En casa del herrero, azadón de palo!
Sin desconocer que las licitaciones abiertas no son garantía de honestidad pues ese mecanismo, como cualquier otro, puede y ha sido pervertido a través del otorgamiento de “información privilegiada” y otro tipo de mañas, lo cierto es que las mejores prácticas internacionales señalan que la mejor manera de restar discrecionalidad, alentar la competencia y eficientar el gasto público es a través de procedimientos claros y predecibles, con el menor número posible de excepciones, transparentes, vigilados y accesibles a todos los competidores. No es lo que estamos viendo en la nueva administración. Al menos en este frente estamos ante el llamado business as usual en lugar de frente a una transformación.
María Amparo Casar (@amparocasar) y Leonardo Núñez González (@leonugo) son integrantes de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
