Por: MCCI
16 diciembre, 2024
Las irregularidades cometidas por quienes estuvieron en el poder durante esta administración generaron beneficios para sí mismos o para sus grupos políticos. Darle la vuelta a la ley, operar al margen de las reglas y abusar de las funciones públicas son algunas de las estrategias que aplicaron en beneficio propio y en desmedro de la calidad de servicios públicos que recibe el resto de la sociedad. Este tipo de abuso de poder no sólo mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también obstaculizan el bienestar de las personas.
Una de las acciones más evidentes fue abusar de la pandemia para eliminar mecanismos de transparencia. Durante la emergencia sanitaria, las autoridades impulsaron distintos ajustes a la ley en beneficio de unos cuantos en el poder. Esto se tradujo en compras públicas a ciertos proveedores, mediante acuerdos y decretos que promovieron la opacidad y la discrecionalidad.
Las contrataciones públicas son uno de los espacios donde circula la mayor cantidad de recursos, pero también donde hay menos salvaguardas contra irregularidades. En momentos de crisis, la ley fue manipulada para favorecer a quienes estaban en el poder. Un ejemplo claro de esto es la gestión de la pandemia de covid-19. En 2020, un decreto presidencial facilitó la discrecionalidad en las adquisiciones de medicamentos y equipo médico. Esto permitió que seis dependencias del gobierno federal pudieran adjudicar contratos directamente bajo la justificación de la emergencia sanitaria y resultó en que empresas cercanas al gobierno obtuvieron contratos a precios inflados. Un caso particular sirve de muestra: el IMSS adquirió ventiladores a un sobrecosto a una empresa vinculada al hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, como lo documentó MCCI. Aunque la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esta empresa, sólo un mes después la inhabilitación fue revocada y la empresa continúa siendo proveedora del gobierno.
En agosto de 2021, una lavadora explotó en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, lo que provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras 22. Este incidente reveló que el funcionario responsable de autorizar la construcción de este edificio con sus instalaciones deficientes, Nicias Aridjis, poseía dos departamentos en este edificio. Esto coincidió con las quejas de vecinas y vecinos de la demarcación, quienes al menos desde 2014 denunciaban la construcción de grandes edificios sin medidas de seguridad, en lugares donde lo tenían prohibido o con más pisos de los autorizados.
En 2022, fueron detenidos Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez y Nicias Aridjis. Ambos fueron sentenciados por enriquecimiento ilícito en 2023. Posteriormente, en 2023 fue detenido el exalcalde, Christian von Roehrich y su hermana. La Fiscalía de la Ciudad de México acusó a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez de permitir la construcción ilegal de más pisos en edificios a cambio de favores o de bienes inmuebles. Hasta el momento hay seis funcionarios de nivel directivo de la alcaldía, dos contratistas y un exalcalde vinculados a proceso y detenidos.
En las elecciones locales de 2024, Luis Mendoza Acevedo fue electo alcalde de Benito Juárez. Su hermano Víctor Manuel Mendoza Acevedo es buscado por la Fiscalía por su participación cuando era director general de Planeación, Desarrollo y Participación. En noviembre de 2024, Jorge Romero —el primer alcalde de Benito Juárez señalado por este mecanismo— fue electo como dirigente nacional del PAN.
Finalmente, de acuerdo con Animal Político entre enero de 2010 y abril de 2023, las 16 alcaldías de la Ciudad de México autorizaron 14 mil manifestaciones de construcción. De estas, la alcaldía Benito Juárez es responsable de 3 mil 788. Si bien se trata de una proporción importante, es claro que no se trata de un problema exclusivo de esta demarcación.
En 2023, la organización R3D, red de derechos digitales, recibió a través de una solicitud de acceso a la información, un documento por parte de la Auditoría Superior de la Federación un contrato de la Defensa con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del software espía Pegasus. De acuerdo con la información filtrada por Guacamaya leaks, el Centro Militar de Inteligencia realizó reportes de inteligencia con contenido de comunicaciones privadas de activistas de derechos humanos. El gobierno ha negado incluso la existencia de este centro de inteligencia.
Durante el sexenio pasado, fueron documentados al menos diez casos de espionaje por parte del Ejército en contra de personas u organizaciones que investigaban irregularidades de las fuerzas armadas. Tanto el presidente López Obrador como la Defensa negaron sistemáticamente el espionaje, a pesar de la evidencia documentada.
Citizen Lab reveló en 2022 que los celulares de dos periodistas, un activista y un diputado de oposición fueron infectados. En marzo de 2023, Animal Político confirmó que tanto el titular y tres funcionarios del Instituto Federal de Defensoría Pública fueron espiados en 2021. En abril de 2023, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que sus celulares fueron intervenidos. En mayo, el periódico The New York Times dio a conocer que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue espiado. En junio, The Washington Post reveló que Camilo Vicente Ovalle, coordinador de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, también fue espiado.
En 2021, el presidente López Obrador y sus secretarios de Estado firmaron un acuerdo que declaraba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno e instruía a todas las dependencias públicas a otorgar en 5 días los permisos y autorizaciones para poder iniciarlos. Esta medida blindaba a todas las obras del gobierno de tener que transparentar su información y abría la posibilidad de que todos los gastos relacionados fueran cubiertos con adjudicaciones directas.
El INAI presentó una controversia constitucional contra el acuerdo, al considerar que afectaba el ejercicio de sus facultades de dar acceso a la información relacionada con las obras. En mayo de 2023, la Suprema Corte declaró inválido el decreto. Sin embargo, ese mismo día, el presidente López Obrador publicó un nuevo acuerdo que parecía repetir al primero y calificaba cinco obras de infraestructura como de seguridad nacional.
En agosto de 2021, una lavadora explotó en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, lo que provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras 22. Este incidente reveló que el funcionario responsable de autorizar la construcción de este edificio con sus instalaciones deficientes, Nicias Aridjis, poseía dos departamentos en este edificio. Esto coincidió con las quejas de vecinas y vecinos de la demarcación, quienes al menos desde 2014 denunciaban la construcción de grandes edificios sin medidas de seguridad, en lugares donde lo tenían prohibido o con más pisos de los autorizados.
En 2022, fueron detenidos Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez y Nicias Aridjis. Ambos fueron sentenciados por enriquecimiento ilícito en 2023. Posteriormente, en 2023 fue detenido el exalcalde, Christian von Roehrich y su hermana. La Fiscalía de la Ciudad de México acusó a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez de permitir la construcción ilegal de más pisos en edificios a cambio de favores o de bienes inmuebles. Hasta el momento hay seis funcionarios de nivel directivo de la alcaldía, dos contratistas y un exalcalde vinculados a proceso y detenidos.
En las elecciones locales de 2024, Luis Mendoza Acevedo fue electo alcalde de Benito Juárez. Su hermano Víctor Manuel Mendoza Acevedo es buscado por la Fiscalía por su participación cuando era director general de Planeación, Desarrollo y Participación. En noviembre de 2024, Jorge Romero —el primer alcalde de Benito Juárez señalado por este mecanismo— fue electo como dirigente nacional del PAN.
Finalmente, de acuerdo con Animal Político entre enero de 2010 y abril de 2023, las 16 alcaldías de la Ciudad de México autorizaron 14 mil manifestaciones de construcción. De estas, la alcaldía Benito Juárez es responsable de 3 mil 788. Si bien se trata de una proporción importante, es claro que no se trata de un problema exclusivo de esta demarcación.
En 2023, la organización R3D, red de derechos digitales, recibió a través de una solicitud de acceso a la información, un documento por parte de la Auditoría Superior de la Federación un contrato de la Defensa con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del software espía Pegasus. De acuerdo con la información filtrada por Guacamaya leaks, el Centro Militar de Inteligencia realizó reportes de inteligencia con contenido de comunicaciones privadas de activistas de derechos humanos. El gobierno ha negado incluso la existencia de este centro de inteligencia.
Durante el sexenio pasado, fueron documentados al menos diez casos de espionaje por parte del Ejército en contra de personas u organizaciones que investigaban irregularidades de las fuerzas armadas. Tanto el presidente López Obrador como la Defensa negaron sistemáticamente el espionaje, a pesar de la evidencia documentada.
Citizen Lab reveló en 2022 que los celulares de dos periodistas, un activista y un diputado de oposición fueron infectados. En marzo de 2023, Animal Político confirmó que tanto el titular y tres funcionarios del Instituto Federal de Defensoría Pública fueron espiados en 2021. En abril de 2023, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que sus celulares fueron intervenidos. En mayo, el periódico The New York Times dio a conocer que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue espiado. En junio, The Washington Post reveló que Camilo Vicente Ovalle, coordinador de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia, también fue espiado.
En 2021, el presidente López Obrador y sus secretarios de Estado firmaron un acuerdo que declaraba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno e instruía a todas las dependencias públicas a otorgar en 5 días los permisos y autorizaciones para poder iniciarlos. Esta medida blindaba a todas las obras del gobierno de tener que transparentar su información y abría la posibilidad de que todos los gastos relacionados fueran cubiertos con adjudicaciones directas.
El INAI presentó una controversia constitucional contra el acuerdo, al considerar que afectaba el ejercicio de sus facultades de dar acceso a la información relacionada con las obras. En mayo de 2023, la Suprema Corte declaró inválido el decreto. Sin embargo, ese mismo día, el presidente López Obrador publicó un nuevo acuerdo que parecía repetir al primero y calificaba cinco obras de infraestructura como de seguridad nacional.
También hubo casos en este sexenio que favorecieron a la 4T al violar la ley, como el del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Una reforma constitucional proponía extender el periodo de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte, que terminó por no ser aplicada. En su lugar, renunció antes de que terminara su periodo, lo que llevó a la designación directa de Lenia Batres, quien trabajaba en la consejería jurídica de la presidencia y cuya trayectoria profesional ha sido acompañado a López Obrador.
El 15 de septiembre de 2024, el presidente López Obrador promulgó una extensa reforma constitucional que obligaba a todas y todos los ministros de la Suprema Corte, así como a la mitad de las juzgadoras y los juzgadores federales a ganar una elección extraordinaria en 2025 para mantenerse en el cargo. La reforma también modifica el proceso de selección de ministros, magistrados y jueces. Siete de los once ministros de la Suprema Corte y 358 magistradas y jueces declinaron participar en la elección.
En diciembre de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Bienestar presentaron la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que fue señalada como un nuevo censo de personas desaparecidas. Esta estrategia definió un anexo técnico para definir las reglas del levantamiento nueve meses después de comenzar la búsqueda y 14 días luego de haber presentado los resultados. Así, de los casi 111 mil registros de personas desaparecidas, el gobierno dijo haber localizado al 15% (16,681); otro 16% corresponde a personas con indicios de que fueron localizadas, pero no hay pruebas de vida; y, solo en 11% de los casos corresponden a desapariciones confirmadas.
El nuevo censo eliminó poco más de 10 mil nombres de personas en lugar de hacer públicos los registros de personas localizadas. Luego de la presentación de esta estrategia, surgieron diferentes historias de personas que no habían sido localizadas, pero que estaban consideradas así por el gobierno ahora. Animal Político sumó 269 casos de personas desaparecidas que están registradas en una categoría diferente en la estrategia y cuyos casos fueron documentados por la prensa o por alguna base de datos pública. Data Civica alertó que 62,112 personas están en riesgo de no ser buscadas por el gobierno, como consecuencia de esta decisión.
Este censo llevó a la renuncia de la entonces directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Luego de la llegada de la nueva directora, Teresa Reyes, más de 100 personas fueron despedidas o no se renovaron sus contratos.
Durante el sexenio pasado, la coalición de gobierno omitió hacer los nombramientos necesarios para cubrir las vacantes de organismos autónomos o desconcentrados del estado mexicano que podían ejercer algún tipo de contrapeso a sus decisiones. Estas omisiones llevaron casi a la inoperancia de órganos constitucionales autónomos debido a la falta de nombramientos o designaciones, como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros.
Durante noviembre de 2024, el Congreso aprobó la propuesta de López Obrador de eliminar al INAI, la Cofece, el IFT, Coneval, Mejoredu, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Al cierre de este recuento aún existen dudas sobre cómo serán ejercidas las funciones de estos organismos en la Administración Pública.
También hubo casos en este sexenio que favorecieron a la 4T al violar la ley, como el del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Una reforma constitucional proponía extender el periodo de Zaldívar como presidente de la Suprema Corte, que terminó por no ser aplicada. En su lugar, renunció antes de que terminara su periodo, lo que llevó a la designación directa de Lenia Batres, quien trabajaba en la consejería jurídica de la presidencia y cuya trayectoria profesional ha sido acompañado a López Obrador.
El 15 de septiembre de 2024, el presidente López Obrador promulgó una extensa reforma constitucional que obligaba a todas y todos los ministros de la Suprema Corte, así como a la mitad de las juzgadoras y los juzgadores federales a ganar una elección extraordinaria en 2025 para mantenerse en el cargo. La reforma también modifica el proceso de selección de ministros, magistrados y jueces. Siete de los once ministros de la Suprema Corte y 358 magistradas y jueces declinaron participar en la elección.
En diciembre de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Bienestar presentaron la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que fue señalada como un nuevo censo de personas desaparecidas. Esta estrategia definió un anexo técnico para definir las reglas del levantamiento nueve meses después de comenzar la búsqueda y 14 días luego de haber presentado los resultados. Así, de los casi 111 mil registros de personas desaparecidas, el gobierno dijo haber localizado al 15% (16,681); otro 16% corresponde a personas con indicios de que fueron localizadas, pero no hay pruebas de vida; y, solo en 11% de los casos corresponden a desapariciones confirmadas.
El nuevo censo eliminó poco más de 10 mil nombres de personas en lugar de hacer públicos los registros de personas localizadas. Luego de la presentación de esta estrategia, surgieron diferentes historias de personas que no habían sido localizadas, pero que estaban consideradas así por el gobierno ahora. Animal Político sumó 269 casos de personas desaparecidas que están registradas en una categoría diferente en la estrategia y cuyos casos fueron documentados por la prensa o por alguna base de datos pública. Data Civica alertó que 62,112 personas están en riesgo de no ser buscadas por el gobierno, como consecuencia de esta decisión.
Este censo llevó a la renuncia de la entonces directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Luego de la llegada de la nueva directora, Teresa Reyes, más de 100 personas fueron despedidas o no se renovaron sus contratos.
Durante el sexenio pasado, la coalición de gobierno omitió hacer los nombramientos necesarios para cubrir las vacantes de organismos autónomos o desconcentrados del estado mexicano que podían ejercer algún tipo de contrapeso a sus decisiones. Estas omisiones llevaron casi a la inoperancia de órganos constitucionales autónomos debido a la falta de nombramientos o designaciones, como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros.
Durante noviembre de 2024, el Congreso aprobó la propuesta de López Obrador de eliminar al INAI, la Cofece, el IFT, Coneval, Mejoredu, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Al cierre de este recuento aún existen dudas sobre cómo serán ejercidas las funciones de estos organismos en la Administración Pública.
Las irregularidades generaron también un desabasto de medicamentos desde el año 2020 y hasta el momento, de acuerdo con organizaciones como Cero Desabasto y distintos medios de comunicación. El rezago en medicamentos y vacunas inició con los cambios en las compras consolidadas, pero durante el sexenio sufrió tres veces de cambio en la oficina responsable. Los cambios constantes, como la creación del Insabi o la participación de la oficina de la ONU para servicios de proyecto —la UNOPS—, rezagaron la compra de medicamentos.
De acuerdo con el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el problema de la corrupción en México debe ser entendido como la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas. Esta captura ocurre desde una posición de poder político que vulnera lo público, lo que es de todos y se refleja en malas decisiones de compras, medidas de opacidad, vulneración de derechos y debilitamiento de contrapesos.
