EL NEWSLETTER DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
El paraíso inmobiliario de Segalmex

Esta no es solo una historia más de empresas fantasma.

Es la historia de cómo el dinero destinado para los productores del campo se esfumó. Y de cómo algunos empresarios ligados a esas compañías ahora construyen un paraíso inmobiliario en la Península de Yucatán.

Por Iván Alamillo y Alejandra Barriguete

Grupo Aura, cuya razón social es MIG Investment SAPI de CV, fue constituida en febrero de 2019. A menos de un año de su creación, sus desarrollos de lujo ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán, sólo por detrás de Grupo Xcaret.

Ahora, una investigación de varios meses realizada por los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha podido confirmar que cuatro de los accionistas de Grupo Aura están ligados, por dos vías, a una presunta red de corrupción que operó durante los primeros años de Seguridad Alimentaria Mexicana.

La primera vía es a través de una red de seis empresas operada por un facturero que recibieron contratos por 800 millones de pesos de Segalmex y que incumplieron con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo.

La segunda es a través de dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73 para procesar y vender leche a Liconsa que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Ambos casos fueron publicados en 2020 y 2021 por MCCI.

Pero sus vínculos con el esquema de corrupción de Segalmex no son el único pasado turbio de los socios de Grupo Aura. Algunos de sus accionistas incluso recibieron fondos desviados por la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles. Otros han sido acusados por PEMEX de ‘huachicolear’ las donaciones de combustible que la paraestatal envió a dependencias como la SEDENA.

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El modus operandi fue el mismo en los seis casos. Seguridad Alimentaria Mexicana pagaba por anticipado el 50 o el 100% del monto estipulado en los contratos –que en ocasiones ascendía a cientos de millones de pesos– aún cuando la dependencia todavía no recibía los bienes.

El grupo inmobiliario cuenta con dos desarrollos en Mérida: Aura Smart Luxury Living y Distrito Tres 70, y dos desarrollos en las playas del Puerto de Telchac: Aura Coast Telchac y Marena Beach Towers.

A los dos meses de que René Gavira Segreste salió de Segalmex en medio de acusaciones de corrupción, su hijo negoció la adquisición de un departamento de lujo en San Antonio, Texas, con la hermana de un proveedor al que el funcionario le compró productos lácteos a un precio superior al del mercado y con quien suscribió convenios multimillonarios.

Por Iván Alamillo

En agosto de 2020, apenas dos meses después de la salida de René Gavira Segreste como director de Administración y Finanzas de Segalmex entre señalamientos de corrupción, su hijo René Federico Gavira Martínez adquirió un departamento de 135men The Ricchi Luxury Condominiums, un desarrollo con alberca y zona de asado ubicado en La Cantera, una de las zonas residenciales más exclusivas de San Antonio, Texas.

Los derechos de la propiedad fueron transferidos a Gavira Martínez por Vilma Cristina Herrera Reza, quien era dueña del departamento y es hermana de Carlos Herrera Reza, director general de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), empresa a la que Liconsa otorgó tres convenios plurianuales por hasta 7 mil millones de pesos para el secado de leche cuando René Gavira Segreste era funcionario de la dependencia. 

Consultado por MCCI, Gavira Martínez dijo que la transmisión del inmueble se dio a través de intermediarios y que desconocía que el departamento pertenecía a Vilma Cristina Herrera Reza. También declaró que la propiedad la obtuvo usando recursos derivados de su ejercicio profesional como abogado. 

En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF reveló que René Gavira Segreste favoreció a Coprolac al fijar unilateralmente en los convenios un precio de venta de 21 pesos por kilo de crema –superior al precio de mercado–, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de aprobar su precio. 

En una entrevista que los auditores tuvieron con el exdirector de Operaciones de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez, el funcionario mencionó que por esta irregularidad la dependencia había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de René Gavira Segreste.

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