Miles de ONG en riesgo de desaparecer

Los ataques y descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se han transformado en iniciativas y reformas que tienen la clara intención de limitar y condicionar el financiamiento de dichas organizaciones.

Primero se trató de una iniciativa para reformar la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permaneció en trámite en el Senado y se señala que las organizaciones generan un costo importante para la recaudación y carecen de regulación sobre el uso de sus recursos. Además, señala que “el financiamiento ha sido la herramienta más útil y eficiente que han tenido los gobiernos del exterior para consolidar su intervención en asuntos políticos y electorales en México”.

Ahora, como parte del Paquete Económico 2022, se incluyen cambios en la ley del ISR que limitarán de manera sustantiva la deducibilidad de donativos y disminuirá los recursos que las OSCs podrán recibir para su operación. 

Este discurso ignora la dinámica de financiamiento y funcionamiento de la sociedad civil y desconoce que ya existen y se aplican múltiples mecanismos y normatividades para la fiscalización de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Antes de presentar estas iniciativas, el Congreso de la CDMX aprobó ya una reforma con el mismo propósito y, ahora, se prevé una reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta para desincentivar las donaciones a las OSCs.

Las reformas no aumentan la transparencia y vigilancia de los donativos, puesto que las OSCs ya reportan cada ingreso y gasto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y están sujetas a procesos de fiscalización para demostrar el uso de los recursos responden a su objeto social. Por otro lado, los incentivos fiscales para los donantes de las organizaciones no gubernamentales representan un pequeño beneficio en comparación con lo que aportan y la importancia de las labores que realizan. 

El gobierno federal busca estrangular financieramente a las OSC, impactando no solo en su trabajo social y democrático del país, sino también en millones de mexicanos que reciben diariamente apoyos directos e indirectos desde sociedad civil.

Dra. María Amparo Casar.
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

La exposición de motivos de la Iniciativa para reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada el 9 de junio de 2021 en la Gaceta del Senado, menciona que “aquellas asociaciones civiles que reciben donaciones extranjeras y que son materia de esta iniciativa, atentan contra nuestro país desde dos vías; una desde las acciones que realizan en contra del Estado, y la otra desde los beneficios fiscales que se otorgan a los donantes”.

Igualmente, notas de prensa han mencionado que las aportaciones a las donatarias autorizadas implicaron una pérdida para el fisco de 88 mil 792 mdp. Ambas declaraciones son parte de una narrativa para convencer a la ciudadanía y a la sociedad civil de que estas organizaciones representan un costo inadmisible y que esos recursos podrían dedicarse a beneficiar al pueblo. La cifra no sólo es engañosa, sino que ignora las contribuciones de la sociedad civil organizada.

El SAT enlistó como simuladora de operaciones a una empresa que creció al amparo de contratos de alcaldes y candidatos de Morena; el dueño de la “facturera” presume en redes sociales su cercanía con políticos de ese partido e, incluso, uno de sus ex empleados es ahora jefe de área en la vocería de la Presidencia, preparando las giras del presidente López Obrador por todo el país.

Por Vanessa Cisneros y Blanca Corzo

Marco Antonio Negrete Galicia, fue contratado como responsable de la logística en actos de campaña en el Estado de México, Guerrero y Veracruz, a través de su empresa “Servicios Logísticos HMC Negrete”.

Dicha empresa ha sido identificada por la actual administración del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Raquel Buenrostro, como simuladora de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como “facturera” o compañía fantasma. Los contratos con Morena y con gobiernos de ese partido han superado los 30 millones de pesos.

En Servicios Logísticos HMC Negrete -que el SAT ya incluyó en su lista definitiva de “factureras”- trabajaba Gabriel Rodrigo Violante Durán, actual jefe de departamento en la Oficina de la Presidencia de la República. Su actividad desde diciembre de 2018 a la fecha consiste en supervisar las giras de López Obrador por todo el país.