Desalojan oficinas de Procuraduría Agraria y mandan a empleados a bodegas y graneros

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Valeria Durán

Valeria Durán, periodista de MCCI, explica cómo trabajadores de la Procuraduría Agraria en al menos seis estados del país, fueron reubicados en instalaciones precarias y sin las mínimas condiciones sanitarias.

Trabajadores de la Procuraduría Agraria en al menos seis estados del país fueron reubicados en bodegas, graneros y oficinas prestadas, luego de que la política de “austeridad republicana” del gobierno federal dejara sin presupuesto para el pago de rentas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia de la que forma parte la Procuraduría Agraria.

De acuerdo con testimonios recabados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la precariedad se repite en cada entidad: falta de ventilación y aire acondicionado, ausencia de línea telefónica y servicio de limpieza, y trabajadores que costean con su propio sueldo insumos básicos —desde papel de baño hasta la renta misma de las oficinas— para que la atención a los ejidatarios no se interrumpa.

El propio Informe de Austeridad Republicana 2025 de la Sedatu documenta una reducción del 59.1% en el gasto de arrendamiento de edificios y locales respecto a 2024, justo la partida que sostenía la operación de las procuradurías agrarias estatales.

El caso de la Procuraduría Agraria en Yucatán, documentado por MCCI, es uno de los más extremos: ahí, además de la falta de espacio y de condiciones sanitarias mínimas, los trabajadores enfrentan temperaturas extremas sin ningún sistema de climatización.

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Arrinconan en bodega, a más de 42ºC, a empleados en Yucatán

Desde enero del presente año, 39 personas que trabajan en la Procuraduría Agraria en Yucatán han estado laborando en una oficina que antes funcionaba como bodega de material fertilizante de la Universidad Autónoma de Chapingo, en Mérida.

Cuando María de Lourdes Hernández Domínguez, representante de la Procuraduría Agraria en Yucatán, explicó el motivo del cambio de domicilio, argumentó que esto se debía a los recortes de presupuesto derivados de la llamada “austeridad republicana”, que los hacían mudarse a una instalación federal en la que no tuvieran que pagar renta. 

Esta medida derivó en que los trabajadores de la Procuraduría Agraria en Yucatán mantengan jornadas de trabajo en oficinas improvisadas en una bodega, sin ventanas ni aire acondicionado. Lo anterior, a pesar de que entre abril y julio se alcanzaron en el estado temperaturas máximas extremas de entre  41 y 44 °C, con sensación térmica de 50°C.

En esas condiciones han trabajado organizadores agrarios, abogados, analistas, personal administrativo y becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que colaboran en la Procuraduría.

 Austeridad republicana deja sin oficinas a la Procuraduría Agraria.

Areli Ramírez, delegada sindical de los trabajadores de la Procuraduría Agraria en Yucatán, denunció ante Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que tanto ella como sus compañeros han sido ignorados al denunciar las condiciones laborales. 

De acuerdo con sus testimonios, el recorte presupuestal derivó en que cada empleado tenga que trabajar con su propio equipo de cómputo, no tienen líneas telefónicas, además de que ellos mismos tienen que comprar insumos para limpiar la oficina. 

“A pesar de que hay presupuesto asignado se nos obliga a pagar de nuestra bolsa los insumos de limpieza y herramientas de trabajo, oficios, impresiones, escaneos, plumas etc. 

Todo sale del bolsillo del trabajador, hasta el agua, el papel de baño y el jabón de manos (…) Los trabajadores que denunciamos y no estamos dispuestos a callar estamos siendo hostigados, nos injurian y difaman, algunos no tenemos funciones, simplemente el acudir a laborar ya está mermando nuestra salud física y mental por el terror y angustia a ser objeto de calumnias”, declaró Areli. 

Otra de las empleadas que pertenece al mismo sindicato de Areli Ramírez, comentó que en juntas internas se ha mencionado que a la Procuraduría le convino cambiar su domicilio porque la dirección de la universidad es de difícil acceso para los ejidatarios; sin embargo, ni la distancia ha impedido que aproximadamente 40 ejidatarios se presenten personalmente, a la semana, para solicitar apoyo ya que no hay una línea telefónica que los atienda. 

“El personal de confianza vive amenazado, ‘te quejas, se te despide’, aunque todos vociferamos abiertamente, pocos hemos emitido queja formal por esto”, dijo la empleda.

Una serie de fotografías de las instalaciones revelan la situación física del inmueble. En ellas se muestran paredes con humedad, escritorios y sillas rotas y ningún equipo de cómputo en los escritorios, ya que todos trabajan con sus equipos personales.

La falta de agua en los baños de la oficina y la presencia de fauna nociva en las inmediaciones también han sido otras de las quejas constantes de los trabajadores. 

“Desde enero se suspendió el pago de renta de oficinas, por lo que nos mudamos a un lugar prestado que no cuenta con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para funcionar como tal. Estamos hacinados en un ambiente insalubre conviviendo con fauna salvaje y expuestos a las condiciones climatológicas; no tenemos aire acondicionado y no se nos permite tener ventiladores ya que no tenemos contrato de luz, la representante (autoridad en Yucatán) limita el uso de energía porque dice pagarlo de su bolsillo”, comentó la representante del sindicato.

“No se puede vivir en un espacio que no se limpia y donde hay orín de zorrillo todo el tiempo o dónde hay gallineros y cuando llueve se sube el bochorno y respiramos el olor a heces de gallina. Las víboras de aquí son boa constrictor y cascabel, ellas buscan refugio y aumenta la peligrosidad ya que andan en el pavimento. El estado ha pedido que evitemos estar en áreas verdes por prevención por la alta cifra de mortalidad en el estado y nosotros necesariamente tenemos que cruzar un jardín selvático para ir al sanitario”.

Recorte de presupuesto registra reducción del 59% en arrendamientos

El Informe de Austeridad Republicana 2025, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia que concentra a las Procuradurías Agrarias estatales, explica detalladamente que como resultado de las medidas de austeridad en el arrendamiento de edificios y locales, se presentó una reducción del 59.1% en la variación del gasto en ese rubro.

Los principales decrementos registrados en comparación con 2024 abarcan la reducción de gastos en materiales y útiles de oficina, impresión, consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, además del servicio telefónico y la infraestructura de cómputo, justamente todo lo que los trabajadores denunciaron ante MCCI. 

En contraste con su propio informe, en el apartado del “ejercicio del gasto público” se menciona que para estar en posibilidades de una correcta operación y garantizar el cumplimiento de los programas presupuestarios, se incrementaron los gastos en aquellos rubros que se consideraron indispensables, entre los cuales se detalla justamente el arrendamiento de mobiliario y equipo de administración. Apartado que en la realidad no se ve reflejado.

Extracto del Informe de Austeridad Republicana 2025, donde presumen la ocupación de edificios federales, para reducir gastos.

Algunos de los trabajadores afectados  han decidido publicar videos en redes sociales, como TikTok, después de que sus denuncias fueran ignoradas tanto por María de Lourdes Hernández Domínguez, representante de la Procuraduría Agraria en Yucatán, como por las autoridades de oficinas centrales y el Procurador Agrario, Ing. Víctor Suárez Carrera.

Precariedad se repite en el resto de las oficinas del país

Trabajadores de las procuradurías agrarias ubicadas en los estados de Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Estado de México, confirmaron a MCCI que la situación que viven en la Procuraduría Agraria de Yucatán se replica en todas las oficinas del país. 

Los 22 trabajadores de la Procuraduría Agraria de Tlaxcala fueron reubicados, desde inicios de febrero de este año, en la Calle Real 1, en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. Este lugar es conocido como “Los Conos” o “Graneros del pueblo”, y son una serie de conos cilíndricos que durante el siglo XX sirvieron como almacenes de granos de la Conasupo, para el consumo de las familias.

Ahora, estos cinco graneros son las oficinas operativas desde donde se atiende a los ejidatarios del estado de Tlaxcala. Dos de los conos se usan para guardar archivo, uno más para guardar el mobiliario de oficina y 3 conos son los utilizados como oficinas. 

“En cada cono estamos entre siete u ocho personas, donde solo cabe nuestro escritorio y un archivero. Cuando se da asesoría al público no podemos ni pasar por la gente que llega para ser atendida, además de que no contamos con baños propios, las oficinas del bienestar nos prestan su sanitario y cuando no hay agua cierran (…) no tenemos línea telefónica, no tenemos servicio de limpieza y menos de vigilancia, y el personal de base no contamos con equipo de cómputo, usamos el personal”, comentó una de las empleadas de la delegación.

El personal de la Procuraduría Agraria de Guanajuato, que atiende todo el noreste del estado, así como los municipios de Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende, actualmente está ubicado en la calle Leandro Valle, número 10, en Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Gto. 

Las oficinas en las que reubicaron a los 10 trabajadores, desde el primero de diciembre de 2025, es prestada por la Presidencia Municipal. Ahí las paredes están llenas de moho y la estructura muestra daños y cuarteaduras. Hasta el momento, los únicos servicios que paga la Procuraduría Agraria son el agua y la luz que se gastan. 

“Cuando yo pregunté si no había un lugar digno para trabajar la respuesta fue “A ver, a ver, ¿para ti no es digno trabajar aquí?” A lo que respondí que no porque con la humedad, el moho y el salitre nos puede detonar algún tipo de padecimiento o enfermedad, por estar respirando todo ese ambiente. Después de eso hubo represalias a mi trabajo, por quejarme”, narró uno de los trabajadores.

Las afectaciones derivadas de la política de austeridad republicana también alcanzaron a las oficinas de representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, en específico la delegación que atiende la zona norte del estado, ubicada en Atlacomulco, donde trabajan 30 personas. 

“Es una gran humillación que estemos trabajando así”, declaró uno de los empleados. Las treinta personas que trabajan en esa delegación, lo hacen bajo goteras que día con día dañan el archivo que se encuentra en cajas de cartón que rodean los escritorios, ya que no tienen una bodega propia para guardar apropiadamente los expedientes.

La oficina de representación de Uruapan, en el estado de Michoacán, cuenta una historia aún más extrema. Ante el recorte presupuestal para renta de oficinas, los empleados de ese estado han optado por ser ellos mismos los que paguen la renta de las nuevas oficinas. Empleados consultados por MCCI revelaron que son ellos los que ponen de su propio sueldo los 10 mil pesos mensuales de renta, todo para que la Procuraduría Agraria de Michoacán no deje de funcionar. Las autoridades solo se hacen cargo del pago de los servicios de agua, luz e internet.

Los mandan a edificio nuevo, pero los reciben con goteras

A las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, que atienden a todas las personas de la República Mexicana, la austeridad republicana también los alcanzó. Los 459 trabajadores comenzaron a ser desalojados de las antiguas oficinas desde noviembre de 2025 y a partir de marzo de este año fueron instalados en dos de los pisos de las oficinas del Registro Agrario de la Nación, ubicado en la calle Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Los trabajadores comentaron que pese a que el edificio tiene poco de haberse inaugurado, el quinto y sexto piso, donde fueron colocados, tiene goteras por todas partes, lo que ha afectado sus equipos de cómputo.

Los tablones de trabajo, que fueron diseñados para trabajar en grupos de 3 personas, hoy están siendo usados al doble de su capacidad, ya que es la única manera de lograr que los más de 400 empleados quepan en el espacio. 

“Existen muchas limitaciones, no se nos permite tener agua caliente para un café, un horno de microondas para calentar comida, tampoco podemos usar las áreas comunes. No podemos conectar ni nuestros celulares para cargarlos”, declaró uno de los empleados de la procuraduría agraria.

Desde el pasado 24 de agosto, MCCI solicitó a la Procuraduría Agraria su postura referente a los señalamientos realizados por los trabajadores de las diferentes oficinas de representación, que fueron expuestos en este reportaje. Hasta el momento de la publicación no hubo ninguna respuesta de parte de las autoridades.