Quiso el azar que coincidieran dos sucesos que, aunque por motivos distintos, convergen en un tema de gran importancia en la democracia y en uno de sus pilares fundamentales: la libertad de expresión.
El primero ocurrió el 28 de julio cuando en la mañanera la presidenta anunció los Lineamientos Generales de Protección de los Derechos de las Audiencias.
No es un derecho nuevo. Ya está inscrito en la Constitución. Lo que se hace en la propuesta de lineamientos es establecer obligaciones que al final del camino dejan en manos del gobierno en turno el garrote.
Entre las obligaciones que se imponen a las radiodifusoras (está por verse si se amplían a la prensa escrita y a las plataformas digitales) están: asegurar que la información sea veraz, plural y oportuna, especialmente en programación noticiosa. Esto se traduce en que las concesionarias (abierta y de paga) distingan entre publicidad y contenido; que diferencien entre información y opinión; que sus contenidos reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación; que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; que las audiencias puedan ejercer el derecho de réplica, cuando se emita información inexacta o falsa respecto de una persona; que no exhiban discriminación; que en los programas se haga uso de las lenguas nacionales. Entre otras.
Todas estas son o serán obligaciones y exigencias para los medios y sus participantes. Lo que no se dice es que los funcionarios gubernamentales serán ejecutor, decisor, guardián y verdugo. Serán ellos quienes decidan el incumplimiento de la norma y las sanciones correspondientes.
Lo que no se dice es que los funcionarios gubernamentales serán ejecutor, decisor, guardián y verdugo.
El rechazo ha sido prácticamente generalizado salvo por el oficialismo. La presidenta, desde la mañanera, retó a periodistas a que digan a qué medio se ha censurado. “Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar. Hay una televisora que se dedica todas sus 24 horas a hablar mal del gobierno. Hay radiodifusoras que pueden tener un programa ahí medio plural, pero sus conductores, o algún otro, hablan mal del Gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura? ¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo?”
Lo mismo hizo Morena en un comunicado acusando a los “actores políticos y mediáticos” de construir una versión falsa sobre los Lineamientos y presentarlos como un intento de censura cuando lo que se busca es garantizar a la población información plural, transparente, oportuna y veraz.
El segundo tuvo lugar con un día de diferencia. El 29 de julio cuando, como resultado de una solicitud de medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, retirar las referencias en al menos nueve publicaciones en las que el instituto político y su líder se refieren a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum como ‘narcogobierno’, ‘narcopartido’, ‘narcopolíticos’, ‘narcodictadura’ y ‘cártel de Morena’.
En México la censura es cada vez mayor
La razón que dio el INE es que “podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante (Morena), al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin un sustento fáctico”.
El dirigente del PRI, por supuesto, se inconformó, acusó censura y dijo que recurriría la decisión ante el Tribunal, aunque de antemano se sepa que es una autoridad al servicio del gobierno. Por el contrario, la presidenta felicitó al INE afirmando en la mañanera que “qué bien que el INE cumple con sus objetivos”.
La censura antecede a estos dos sucesos que sólo vienen a confirmar lo que ya sabemos. En México la censura es cada vez mayor y genera un incentivo a la autocensura por posibles represalias:
- Arremeter contra los periodistas es censura, además de propiciar la auto-censura.
- Llamar a no ver un canal de televisión es censura.
- Entregar publicidad discrecionalmente es censura.
- Dañar la reputación de los comunicadores sin las benditas pruebas es censura.
- Ordenar auditorías a modo es censura.
- El acoso judicial a los periodistas es censura.
- Retirar el carácter de donatarias a organizaciones de la sociedad civil por evidenciar la corrupción es censura.
- Revelar datos personales con el fin de inhibir el apoyo a causas sociales es censura.
- Negar protección efectiva a los periodistas para ejercer su profesión sin temor a perder la vida es censura.
- Ocultar información pública para proteger los intereses de la clase gobernante es censura.
Legalizada o no, la censura está cada vez más presente y nada tiene que ver con los derechos de las audiencias.
La Sociedad Interamericana de Prensa señala el deterioro pronunciado en las condiciones para ejercer el periodismo y que México ha caído cinco lugares para colocarse en el lugar 18 de 23 países de América Latina y el Caribe y recibir un puntaje de 35/100 que equivale a “alta” restricción. Por debajo de Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela y Nicaragua.