Un exfuncionario del gobierno de Carlos Salinas de Gortari intervino como representante de Juan Collado en el manejo de una cuenta bancaria en Andorra que sirvió como puente para ocultar las transferencias a otras cuentas cuyos destinatarios son desconocidos, revela un informe de la Policía en aquel país europeo, obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Collado, quien mantenía una estrecha relación de amistad con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, está preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México desde julio de 2019, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, mientras que en Andorra es investigado por lavado de activos al haber movido 120 millones de dólares en el sistema bancario de aquel país entre 2006 y 2015.
Una acusación presentada en 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que derivó en la detención de Collado, menciona que éste fungió como prestanombres de Peña Nieto en la adquisición y manejo de la sociedad Libertad Servicios Financieros –mejor conocida como Caja Libertad- y que de ahí salían fondos a Andorra en operaciones de evasión fiscal y lavado de dinero.
Según la acusación del empresario Sergio Bustamante, los verdaderos dueños de la Caja Libertad eran Peña Nieto y Salinas de Gortari.
El reporte de la Policía de Andorra al que tuvo acceso MCCI menciona que Collado utilizó una red de empresas fachada y recurrió a la simulación de venta de títulos de valores para ocultar sus operaciones financieras en Andorra.
El informe identificó al exfuncionario salinista Jaime Jesús Sánchez Montemayor como el representante de Collado en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra, que servía como puente para transferir recursos a otras cuentas.
Sánchez Montemayor es socio de Collado en distintos negocios –en diciembre de 2017, por ejemplo, crearon la empresa inmobiliaria Eje Bosque Real, en la Ciudad de México, de acuerdo con el acta constitutiva–, y fue director y miembro del Consejo de Administración de la Caja Libertad. Su nombramiento en esa institución se dio en una asamblea realizada el 30 de octubre de 2014 y coincidió con la incorporación de Collado como dueño y presidente de la institución financiera, según muestran documentos cotejados por MCCI.
El representante de Collado en Andorra trabajó en el sexenio de Salinas de Gortari como director de Multibanco Mercantil de México, institución oficial que fue privatizada en 1991. De hecho, Sánchez Montemayor estaba al frente del banco cuando fue vendido a Probursa, grupo financiero en el que –según reportes de prensa de la época- era director de nuevos negocios Carlos Íñigo de Gortari, primo del entonces Presidente de México.
Cuatro años después de la privatización, Probursa fue vendida al grupo español BBVA.
Sánchez Montemayor también había sido el más cercano colaborador de Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como “El Divino”, un banquero que vivió su ascenso durante el gobierno de Salinas de Gortari y que posteriormente fue encarcelado, acusado de un fraude multimillonario en el grupo financiero Asemex-Banpaís.
“El Divino” era el presidente de esa institución financiera ya desaparecida, mientras que Sánchez Montemayor era el presidente ejecutivo.
En su cuenta de Twitter, Sánchez Montemayor tiene como foto de perfil una foto suya en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no hay ninguna referencia sobre si ha existido o existe alguna relación entre ambos.
Maniobras para ocultar su identidad
El documento de la Policía obtenido por MCCI está fechado en octubre de 2015, y detalla la forma de operar de Collado para ocultar el flujo de recursos que recibía en Andorra mediante transferencias a su favor en diferentes divisas.
El reporte que menciona a Collado se titula “Estudio de la cuenta número AD15 0006 3512 4603 8997 titularidad de la sociedad andorrana Zap Estudios SLU”.
Según el documento, como representantes de la cuenta aparecían Cristina Lozano Bonet y Joan Marc Masson Blanch; la primera era directiva de la Banca Privada de Andorra y el segundo fungía como encargado de la sucursal en México y era el responsable de captar clientes de gran poder adquisitivo en el país.
Además, la cuenta tenía un tercer representante: el abogado Jaime Jesús Sánchez Montemayor, que el reporte policiaco describe como “la persona de confianza” de Collado.
A pesar de que la identidad del beneficiario final de las cuentas en Andorra es un secreto, la Policía de aquel país logró localizar quién estaba detrás de la sociedad Zap Estudios SLU.
“El último beneficiario y derechohabiente de los fondos que nutren la cuenta es el ciudadano mexicano Juan Ramón Collado Mocelo”, menciona el reporte oficial.
Y a continuación, el reporte desmenuza la forma en que Collado logró ocultar su identidad como beneficiario, y las simulaciones a las que presuntamente recurrió para obtener beneficios fiscales.
“Esa cuenta se abrió bajo la titularidad de la firma mercantil andorrana Zap Estudios SLU, cuya administradora y representante a su vez es la empresa andorrana Especialistes Legals I Taxes Sandal, SLU (Elits SLU), administrada por Cristina Lozano Bonet”, se lee en el documento. Zap Estudios, a su vez, era una sociedad que había creado Masson Blanch para ofrecer a su cliente servicios de “planificación fiscal”, que es un término muy común en los despachos fiscales, para referirse a los mecanismos de elusión de impuestos.
“La operación principal consistía en servir de puente entre otras cuentas del beneficiario, desconociéndose el sentido económico de estas operaciones”, añade el reporte policial.
“El circuito comienza con una simulación de ventas de títulos de valores de una cuenta de origen”, explica el documento. En contrapartida, la cuenta puente simulaba la compra de los mismos títulos, aunque en realidad se trataba de un traspaso de valores.
“Las ventas de esas acciones generan un saldo positivo que es traspasado a la cuenta puente mediante una simulación de reintegro y de ingreso en efectivo, respectivamente, para cubrir el saldo negativo general por las compras de los títulos”.
El periódico El País reveló en octubre de 2019 que la justicia de Andorra había ordenado embargar 83 millones de dólares a Collado, aunque en una posterior publicación, en enero de 2020, cuantificó en 120 millones de dólares los fondos que el abogado ligado a Peña Nieto había movido entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada de Andorra.
Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera –citado por El País– concluyó que era imposible conocer el origen real de los fondos transferidos a Collado. Los traspasos involucraban a empresas fachada de distintos países, como Team Faith International Limited, de Hong Kong, que le transfirió 9 millones de dólares; las holandesas Constellation Investments, Diamond Corporation, Marathon Corporation y Kayser Investments, así como la compañía mexicana Distribuidora Comercial Franwi, la cual el Servicio de Administración Tributaria ha comprobado que simulaba operaciones desde 2014 para fines de evasión fiscal, según corroboró MCCI. A esas empresas se suman ahora las firmas andorranas Zap Estudios SLU y Especialistes Legals I Taxes Sandal, SLU.
Por estas oscuras operaciones es que Collado es investigado en Andorra por lavado de dinero.
Cuenta de Beltrones, ligada a transacción inmobiliaria
El diario El País de España publicó este miércoles 10 de marzo documentos que muestran depósitos por 10.4 millones de dólares realizados en 2009 en la Banca Privada de Andorra por la actual senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y por Luis Alejandro Capdevielle Flores, quien fue diputado suplente del mismo Beltrones en la LXII Legislatura federal.
En los documentos obtenidos por MCCI también aparecen referencias de ambos personajes.
Sobre ellos, un documento de la Policía de Andorra –que tiene fecha de octubre de 2015– refiere que la apertura de cuentas están relacionadas con una venta inmobiliaria.
Junto al nombre de Sylvana Beltrones, el reporte incluyó las siguientes referencias: “hija del senador del PRI hasta 2012, dicen que presuntamente sería el próximo presidente de México. En la prensa escrita dicen que ha sido investigado en distintas ocasiones por su vínculo con el narcotráfico, incluso que la DEA incluyó su nombre en un informe”. Beltrones ha negado en forma reiterada, desde hace años, cualquier acusación en ese sentido.
Capdevielle Flores es un abogado y empresario originario de Hermosillo, Sonora, que ha sido muy cercano a Beltrones. Ocupó su posición en el Congreso federal durante dos semanas, cuando aquel pasó a encabezar la dirigencia nacional del PRI en agosto de 2015. Antes de su efímero paso como legislador, Capdevielle había trabajado como asesor jurídico en la bancada del PRI, encabezada por Beltrones.
En los documentos no se revela el valor ni la ubicación del inmueble adquirido por la hija y el colaborador de Beltrones a través de cuentas en Andorra.
En el expediente obtenido por MCCI se menciona además al exlegislador priísta Francisco Arroyo Vieyra –también identificado con el grupo de Beltrones- y a un exdiputado de Sinaloa, cuya descripción coincide con Javier Lara Aréchiga. De ambos, ya antes el diario El País había publicado información sobre los fondos que manejaban en Andorra.
A Arroyo Vieyra se le vincula con un cobro por 3 millones de dólares que pretendía realizar, a través de Andorra, el despacho legal del abogado Pedro Raymundo Salinas Arrambide.
“Pretende cobrarlo (los 3 millones) mediante dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1 millón 800 mil dólares y otra a nombre de Francisco Arroyo Vieyra por 1 millón 200 mil dólares”, menciona el reporte del banco integrado al expediente policial.
Cuando este informe fue elaborado, Arroyo era el presidente de la mesa directiva de la Cámara de diputados, lo cual fue considerado por ejecutivos del banco como un problema, por tratarse de lo que ellos denominan una Persona Políticamente Expuesta.
Según el documento, Arroyo justificó su ingreso en que al margen de su actividad política él tenía otros ingresos por actividades empresariales, como ser socio en dos hoteles en Guanajuato y en un bufete legal.
En cuanto al también exdiputado priísta Lara Aréchiga, los papeles de Andorra refieren que originalmente tenía dos cuentas para realizar operaciones paralelas en México, pero finalmente la fusionó en una, en la que tenía 6 millones 97 mil dólares.
En la Banca Privada de Andorra también hay registros de una cuenta del exfuncionario del Gobierno de Michoacán Víctor Guerra Reyes, ligado con los sobornos de Odebrecht, y del que MCCI ya había informado en octubre de 2018.
Hay, además, traspasos con la casa de cambio B&B; referencias de apertura de cuentas de dos empresas que buscaban financiar una planta eólica en México y reportes de traspasos sospechosos de 18.5 millones de dólares que involucran a dos empresas que desarrollaban un proyecto inmobiliario en Quintana Roo.
Andorra entregó a Peña expedientes desde 2016
Las autoridades de justicia de Andorra habían solicitado desde 2016 la colaboración al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto para indagar la participación de mexicanos en posible lavado de dinero a través de la banca privada de aquel Principado.
En 2016 Andorra envió cuatro solicitudes de colaboración y en 2018 otras dos, todas dirigidas a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, que estaba a cargo de Alberto Elías Beltrán, quien a la par se desempeñó como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República entre el 16 de octubre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018, tras la renuncia del procurador Raúl Cervantes.
En conjunto, las seis solicitudes de colaboración sumaban más de 700 fojas, que incluían indicios de transferencias bancarias sospechosas realizadas por mexicanos en la Banca Privada de Andorra, según consta en documentos obtenidos por MCCI.
En un oficio interno de la PGR del 10 de julio de 2018 (días después de la elección presidencial) Elías Beltrán le solicitó al Subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Felipe de Jesús Muñoz, que recopilara los expedientes de solicitudes de asistencia jurídica referentes a la Banca Privada de Andorra.
En respuesta, el 16 de julio de 2018 el coordinador de investigación de esa Subprocuraduría, Alberto Manuel Alcántara Martínez, reportó que Andorra había enviado seis solicitudes de información entre 2016 y 2018, entre las cuales se encontraban la del caso de Juan Collado y la de un funcionario de Michoacán señalado de haber recibido sobornos de Odebrecht.
Los expedientes más voluminosos tienen las claves AJI/084/2016-P, con 277 fojas útiles, y AJU/077/2018-P con 193.
Alcántara Martínez, el funcionario que recopiló los expedientes, fue acusado por la actual Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente haber favorecido el desbloqueo de recursos de Collado, en viajes que realizó a España y Andorra, según publicó el diario El País el pasado 2 de febrero.
Dicho funcionario falleció por Covid el 27 de enero del presente año, de acuerdo con una nota difundida el 5 de febrero por el sitio Latinus.
