Como muchos otros términos, el de huachicol fiscal ha perdido significado y se ha abaratado o normalizado. Ya no se sabe qué es, en qué consiste, cuánto dinero supone y, sobre todo, qué empresas y personajes públicos y privados están involucrados. Hablamos de él, en el mejor de los casos, como un mecanismo de evasión fiscal porque el combustible entra a México como si se tratara de lubricantes y aditivos que no pagan impuestos.
En realidad, el huachicol fiscal es un negocio de dimensiones multimillonarias en el que están involucradas empresas de Estados Unidos que refinan y venden combustible al crimen organizado y a empresas mexicanas; los sistemas de puertos (muchos de ellos concesionados) y aduanas de México; los transportistas que descargan y distribuyen el combustible; los centros de distribución y las comercializadoras que terminan facturando o “legalizando” la cadena.
Este negocio está compuesto por una red inmensa de empresarios privados nacionales y extranjeros, dependencias del gobierno, servidores públicos y el crimen organizado.
El daño total reconocido por la Procuraduría Fiscal de la Federación (octubre de 2025) es de 600 mil millones de pesos tan solo por los impuestos evadidos, o sea solo el perjuicio al erario por contrabando de combustibles. Así lo reconoció la procuradora y el dato coincide con la estimación hecha por investigadores independientes, como Francisco Barnés de Castro quien, por cierto, ha elevado el daño a 730 mil millones.
La pregunta es: ¿por qué se anunció el decomiso sin pruebas? ¿Engañaron a la presidenta?
Esta cifra millonaria —que equivale al presupuesto de todo el sexenio pasado en la Secretaría de Salud o más de la mitad del gasto en programas sociales anualmente— se limita a la pérdida del fisco. Sin embargo, Raúl Olmos ha evidenciado que el volumen de mercado ha alcanzado los 147 mil millones de litros de gasolina y diésel que fueron contrabandeados entre 2018 y 2025.
La presidenta ha hablado 62 veces sobre el huachicol en las mañaneras (AMLO lo hizo en 229 ocasiones) pero lo cierto es que nunca ha entrado a fondo en el tema más allá de decir que ese delito se persigue y que se acaba de dar (jueves 17 de septiembre) un golpe histórico al huachicol.
¿Se trató de un caso de extorsión? ¿Se quiso simular un triunfo con fines de propaganda?
Nada más lejos de la realidad. El supuesto decomiso de huachicol que se dio a la planta de almacenamiento SIMSA en Guanajuato —la más importante del Bajío— resultó una pifia. Desde el 4 de septiembre, trece días antes de que se anunciara el supuesto decomiso, se llevó a cabo un cateo a la empresa, pero no fue clausurada ni se le colocaron sellos ni tampoco ha habido detenidos. SIMSA pudo acreditar la licitud y legalidad de sus operaciones. Nada más hemos sabido.
De haber sido realmente un golpe, tampoco fue histórico. Se trataba, según la versión oficial, de 49 millones de litros de presunto hidrocarburo. El 0.04% de los 147 mil millones de litros de combustible ilegal que se han movido entre 2018 y 2025. La evasión en este caso habría sido de “apenas” 350 millones de pesos. La pregunta es: ¿por qué se anunció el decomiso sin pruebas? ¿Engañaron a la presidenta? ¿Se trató de un caso de extorsión? ¿Se quiso simular un triunfo con fines de propaganda? No lo sabemos y probablemente no sabremos nunca.
Lo que sí sabemos es que el gobierno no ha podido o no ha querido investigar y perseguir muchos otros casos de huachicol fiscal que han sido revelados por el periodismo de investigación. Hay muchos, pero baste un ejemplo. En marzo de este mismo año Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló, con documentos oficiales en mano, el caso de Marlaya, una empresa declarada formalmente por el SAT como fantasma, dedicada a la comercialización (que no a la importación ni al transporte) del huachicol. Ella sola fue responsable de un boquete en el erario de 29 mil 295 millones, equivalente a 17 aviones presidenciales, como destacó Leonardo Núñez (Nexos, marzo 2026). De este caso no se ha hablado en las mañaneras ni en discursos oficiales ni una sola vez. Quizá porque hablar de este caso implicaría explicar su relación con el CJNG y hasta con la construcción del AIFA.
De lo que sí se habla es de la red de los hermanos Farías Laguna, con un presunto desfalco de 1,870 millones de pesos (15 veces menos que Marlaya) y que solo explicarían el 0.3% de la evasión producto del huachicol fiscal.
O, peor aún, del caso de Ernesto Ruffo, a quien encarcelaron durante 68 días en una prisión de máxima seguridad por un presunto daño a la hacienda pública de 166 millones de pesos. Esta cifra equivale a menos de una décima parte de lo que supuestamente desfalcaron los sobrinos del exsecretario de Marina.
Entonces, a pesar de la evidencia, ni se habla de los grandes casos del huachicol fiscal ni se persigue tanto como se presume.
Que nos quede claro, 3 de cada 10 litros de combustible comercializado tienen su origen en el huachicol fiscal y hasta el momento no se le ha hecho más que un raspón al negocio.