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Valeria Durán

Valeria Durán, periodista de MCCI, explica que la empresa estatal china China Railway Construction Corporation que en 2014 perdió el contrato del tren México-Querétaro, vuelve doce años después al mismo proyecto ferroviario.

A finales de 2014, la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) encabezó un consorcio que ganó la licitación del tren México-Querétaro. Sin embargo, el escándalo de corrupción conocido como “La Casa Blanca de Peña Nieto” derivó en la revocación del contrato. Doce años después, la misma compañía estatal china ha regresado al proyecto del tren a Querétaro, pero ya no en la construcción de la línea férrea, sino en obras complementarias en el tramo que se extenderá a Irapuato, Guanajuato.

A diferencia de 2014, esta vez, CRCC participa en la obra ferroviaria a través de su subsidiaria China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y de cinco empresas vinculadas a Aldesa, constructora de origen español que en 2020 fue vendida a la compañía asiática.

CCECC y Aldesa se asociaron con dos empresas mexicanas para licitar en la obra descrita como “construcción y diseño de cuatro edificios auxiliares correspondientes a zonas de repostaje, talleres, cocheras y base de mantenimientos, ubicados en el tramo del Tren de Pasajeros Querétaro- Irapuato”.

Tramo en el que participa el corporativo chino.

En la licitación de esa obra participaron cinco consorcios, de los cuales sólo dos llegaron a la ronda final. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó el contrato por 3 mil 279 millones de pesos a la alianza formada por Impulsora De Desarrollo Integral, Jaguar Ingenieros Constructores, Proacon, Coalvi, Aldesa Construcciones, Aldesa Polska, Construcciones Aldesem y China Civil Engineering Construction Corporation.

De las empresas participantes en el consorcio ganador, una es subsidiaria del corporativo chino y cinco más forman parte de Aldesa.

Propuesta que presentaron las empresas que se asociaron para obtener el contrato de obras complementarias en el tramo Querétaro-Irapuato.

En diciembre de 2019, CRCC acordó adquirir el 75% de la constructora española Aldesa mediante una ampliación de capital. La operación se cerró formalmente en mayo de 2020.

En 2023, CRCC realizó nuevas ampliaciones de capital y elevó su participación hasta aproximadamente el 99% del capital de Aldesa, diluyendo prácticamente por completo a la familia fundadora.

Aldesa había establecido en 2007 una filial en México, de nombre Construcciones Aldesem, la cual también participa en el consorcio que obtuvo el contrato de las obras complementarias del tren Querétaro-Irapuato.

El contrato de esas obras se firmó el 6 de marzo de 2026, y en el mismo se estableció que la ejecución de la obra iniciaría ese mismo mes y se extenderá hasta julio de 2028.

El mismo apoderado legal firmó a nombre de Proacon, Aldesa Construcciones, Coalvi, Aldesem y Aldesa Polska, porque forman parte de la compañía española que fue adquirida por la china CRCC.

El antecedente de “La Casa Blanca de Peña”

China Civil Engineering Construction Corporation, la empresa que participa en esta obra, es filial del conglomerado estatal China Railway Construction Corporation (CRCC), que a finales de 2014 se asoció con varias compañías mexicanas para competir por el contrato del tren de alta velocidad México-Querétaro.

El 3 de noviembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato del tren a CRCC y sus socios, pero lo revocó apenas tres días después, en medio de cuestionamientos de supuesta corrupción y conflicto de intereses.

En el consorcio encabezado por CRCC participaba Constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y beneficiado con obras millonarias para el Estado de México cuando Peña fue gobernador.

Así presentó Aristegui Noticias el reportaje de “La Casa Blanca de Peña”.

El equipo de investigación de Aristegui Noticias publicó el 9 de noviembre de 2014 -a la par de que se revocó el contrato del tren- el reportaje titulado “La Casa Blanca de Peña Nieto”, que demostró la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo Higa.

En el reportaje se reveló que el presidente mexicano y su esposa Angélica Rivera poseían una casa en Lomas de Chapultepec, con valor de 7 millones de dólares, que había sido construida a su gusto por Grupo Higa.

La propiedad se encontraba sujeta a un contrato de compraventa celebrado con una firma del mismo conglomerado empresarial de Grupo Higa. La revelación generó cuestionamientos por posible conflicto de interés debido a que Grupo Higa participaba en el consorcio ganador del tren México-Querétaro. Como consecuencia de la controversia, el gobierno federal revocó la adjudicación del tren y anunció la reposición de la licitación.

Tras la cancelación del contrato, el gobierno de México indemnizó al consorcio liderado por CRCC con alrededor de 16 millones de dólares por concepto de gastos no recuperables.

La empresa china y sus señalamientos de corrupción en 11 países

CRCC, matriz de China Civil Engineering, Construction Corporation, que ahora ha sido beneficiada con un contrato de más de 3 mil 200 millones de pesos por el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuenta con diversos antecedentes internacionales donde organismos multilaterales detectaron prácticas indebidas en procesos de contratación pública.

En junio de 2019, el Banco Mundial inhabilitó temporalmente a CRCC y dos de sus filiales, por irregularidades durante una licitación financiada por ese organismo en Georgia. La investigación concluyó que las empresas incurrieron en conductas indebidas durante el proceso de contratación de un proyecto carretero. Como resultado, aceptaron un acuerdo con el Banco Mundial y fueron suspendidas de participar en proyectos financiados por el organismo durante nueve meses.

Ese mismo año, varias empresas del grupo CRCC, incluyendo China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) -que es la contratada actualmente por el Gobierno Mexicano-  aparecieron en listas de inhabilitación vinculadas al sistema de sanciones multilaterales en Nigeria. Las sanciones derivaron de procedimientos relacionados con políticas de fraude y corrupción aplicadas por bancos multilaterales de desarrollo.

Posteriormente, en 2023, un tribunal federal de Nigeria procesó a CCECC y a la exministra de Aviación por presuntos delitos de soborno, complicidad en lavado de activos y manejo de cuentas bancarias anónimas. Según la acusación, la subsidiaria nigeriana de la empresa habría transferido recursos a funcionarios públicos.

China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) se inscribió en mayo de 2025  como sociedad extranjera en México.

También en 2023, una comisión investigadora del Congreso de Perú, incluyó a CCECC, sucursal del Perú, entre las 13 empresas favorecidas para obtener millonarias licitaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras instancias del Gobierno. El medio Convoca.pe confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios mantiene la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

En agosto de 2023, el Banco Europeo de Inversiones firmó un acuerdo de conciliación con CCECC después de investigaciones relacionadas con presunta malversación de recursos en proyectos financiados por el banco en Ecuador, Egipto, Malawi, Montenegro, Serbia, Túnez, Ucrania y Zambia. Como parte del acuerdo, la empresa china aceptó implementar medidas de cumplimiento y reportar avances durante un año.

Pese a la serie de señalamientos de irregularidades, el gobierno morenista otorgó el contrato de obras complementarias del tren Querétaro-Irapuato a un consorcio en el que participan tres empresas controladas por el conglomerado estatal chino CRCC.

Otra empresa con antecedentes

Jaguar Ingenieros y Constructores otra de las compañías que firmó el contrato junto con las filiales de CRCC para ejecutar obras en el tren Querétaro-Irapuato, fue inhabilitada en mayo de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), actualmente llamada Secretaría Anticorrupción. 

El organismo federal la inhabilitó por 15 meses y le impuso una multa de 604 mil 500 pesos. De acuerdo con la resolución difundida entonces, la empresa presentó un documento alterado relacionado con el cumplimiento de obligaciones ante el Infonavit durante un proceso de contratación vinculado al malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

La empresa participaba en la construcción de la Torre de Control del aeropuerto de Texcoco, con un contrato de más de 1,200 millones de pesos.