A diferencia de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada no puede echarles la culpa a los gobernantes del antes Distrito Federal y ahora Ciudad de México por el lamentable estado de la capital en términos de inundaciones, carencia de agua potable, drenaje, transporte, pavimentación, bacheo, inseguridad, bandas del crimen organizado, comercio informal, parques, jardines y áreas de esparcimiento y corrupción e impunidad.
Sería suicida. Su antecesora fue la mismísima presidenta, con un interregno de Martí Batres, y previamente, en un pasado no muy lejano, lo fue el expresidente López Obrador todavía bajo las siglas del PRD.
Desde 1997, o sea, hace 29 años, no ha habido alternancia entre partidos. Lo mismo que duró el porfiriato. En todos esos años no hubo voluntad para mejorar la movilidad, la vivienda, la seguridad, la contaminación, el derecho al agua y al drenaje, a la participación ciudadana, a la justicia. Y sin embargo, en casi tres décadas, hay que decirlo: los ciudadanos han votado por Morena.
Puede parecer inexplicable, pero como ocurre a nivel nacional, la gobernante tiene un alto grado de popularidad (entre el 60 y el 66%) al mismo tiempo que reprueba en la mayoría de las políticas públicas. En ningún rubro, salvo en el de los programas sociales —¿cómo no?—, alcanza el 50% de aprobación, siendo su peor calificación la de la seguridad con tan solo el 13% de aprobación y la corrupción con el 14%.
En ningún rubro, salvo en el de los programas sociales —¿cómo no?—, alcanza el 50% de aprobación.
En los índices globales de calidad de vida y habitabilidad, la CDMX se ubicó en el lugar 117 de 173 grandes urbes, por debajo del umbral óptimo de 70 puntos. Tampoco logró entrar en la lista de las ciudades más felices del mundo. Lo menciono porque la 4T siempre presume de que México es uno de los países más felices.
“Algo” habrán hecho bien para que en seis elecciones consecutivas Morena —antes PRD— haya ganado de manera indiscutible.
Ese “algo” son dos cosas: el trabajo a ras de tierra que acabó por construir estructuras territoriales poderosas y duraderas y el clientelismo electoral, en particular la ilegal identificación de programas sociales con el partido y su uso político.
Supongo que la gente tiene un límite y acabará por cansarse, aunque 30 años parecen, y son, muchos para una ciudad gobernada con tantos déficits.
Ese límite lo puede tocar Brugada con su nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
El diputado Diego Garrido (PAN) y activistas como Mayte de las Rivas (La Voz de Polanco) y Josefina MacGregor (Suma Urbana) han explicado con toda claridad los riesgos del nuevo Programa, que además de confiscatorio, quiere centralizar, a la manera que lo ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum, todo el poder en el Ejecutivo. El ejercicio discrecional del poder y el desvío de recursos es lo suyo.
No es trivial lo que plantea. Aunque insisten en negarlo, sí hay un incremento, y de grandes proporciones, en el impuesto predial con solo cambiar su base: del valor catastral al valor comercial.
El cobro del impuesto predial y su proporcionalidad no es malo en sí mismo, pero lo primero que hay que hacer es poner en orden el catastro. Promesa incumplida desde hace 30 años, al grado que en una misma colonia, los vecinos pagan prediales con un diferencial de más del 100%.
Lo primero que hay que hacer es poner en orden el catastro.
Desde luego que el predial en el país es un impuesto que no se ha cobrado ni aprovechado. Sin embargo, el bajo nivel de recaudación del impuesto predial del país no se explica por la CDMX.
El proyecto de Brugada va mucho más allá de un alza en el predial.
En una ciudad a cuyos habitantes ya no se les puede brindar vivienda y servicios adecuados, se quiere inventar un nuevo gravamen “por desperdicio urbano” que obliga a construir en terrenos baldíos o desperdiciados, cuyos dueños han decidido mantenerlos en esa calidad. En caso de no hacerlo, la autoridad obliga a la venta forzosa. Con el añadido de la creación de un organismo público que decida cómo reutilizar predios “vacantes, abandonados o subutilizados”. ¿Con qué criterios? Con los que decida el organismo. Un organismo que, se sabe, será controlado por el sempiterno partido en el poder en la CDMX y que no rendirá cuentas ni aceptará la pluralidad tan diversa de la capital.
La exalcaldesa Lía Limón lo ejemplificó de manera cristalina con los casos de personas de la tercera edad que habitan casas grandes, familias con juicios sucesorios pendientes o ciudadanos que ahorran para construir a futuro. Todos ellos “quedarán desprotegidos ante la voracidad gubernamental”.
Por si fuera poco, se instauran las Zonas Especiales de Interés Social para aprovechamiento del suelo que establecen precios máximos de venta. Ya hemos pasado por ahí y la ganancia va siempre a los desarrolladores, no a los que necesitan vivienda.
A todo esto, que han bautizado como reutilización del desperdicio urbano, habría que llamarle por su nombre: expropiación y eliminación del derecho a utilizar tu propiedad como mejor te plazca. Al propietario no se le puede quitar la libertad de mantener una casa particular ni imponerle la obligación de construir contra su voluntad, ya sea por decisión o porque no tiene con qué.
Lo mismo ocurre con la llamada zonificación flotante y la figura de recuperación de plusvalías cuando se cambia el uso del suelo a cambio de una “retribución” a la autoridad o con el tope máximo de precios en la venta de inmuebles. Lo único que promueven o incentivan estas normas es la corrupción.
Que se diga claro. Este no es un Programa para fomentar la vivienda de interés social ni para mejorar la “redensificación” de la ciudad. Para eso hay métodos probados. Es un Programa recaudatorio que eleva el predial, confisca e impone límites a la propiedad privada, concentra el poder, lo hace todavía más discrecional y deja indefenso al ciudadano. A las delegaciones, como están repartidas con otras fuerzas políticas, se les quitan facultades.
No nos llamemos a engaño. Ya vienen las elecciones intermedias de 2027 y el gobierno de la CDMX necesita dinero.
No es la manera de obtenerlo y así hay que hacerlo saber. Podrían comenzar con el abatimiento del empleo informal que, según el INEGI, alcanzó una tasa del 45% aquí en la ciudad. Al ser formalizado ese 45% pagaría impuestos.