En México uno de los delitos más frecuentes es el de la extorsión que se configura cuando una persona utiliza violencia, intimidación o coerción para obligar a otra a actuar, omitir un acto o entregar bienes, con el propósito de obtener un beneficio económico o ilícito.
Unos más, otros menos, en México todos vivimos bajo la amenaza de la extorsión. Los ciudadanos, los políticos, los empresarios y hasta el gobierno. Pareciera que sólo se salvan los integrantes del crimen organizado.
Hay quienes solamente son extorsionadores y nunca, o casi nunca, son extorsionados. Hay otros que tienen la doble cachucha: extorsionan y son extorsionados.
En la primera categoría -sólo extorsionadores- está el crimen organizado. Si originalmente extorsionaban a autoridades federales o locales para poder operar y garantizar las rutas de la droga, pronto vieron en la población en general y en las autoridades federales y locales una fuente de ingresos prácticamente inacabable. Hoy extorsionan lo mismo a un pequeño negocio que a un restaurante de lujo, a un changarro, al dueño de un centro nocturno, a los aguacateros o a los hoteleros.
Hoy extorsionan lo mismo a un pequeño negocio que a un restaurante de lujo
Nadie ha podido calcular el costo de la extorsión por parte del crimen organizado. Primero, porque es un “negocio” ilícito que se maneja en efectivo; segundo, porque es un delito que no se denuncia por miedo a las represalias; y tercero, por la inutilidad de las denuncias, que acaban siendo desatendidas o desechadas por falta de pruebas.
Aunque todos los libros de texto señalan que la clave para acabar la extorsión comienza por la denuncia, el sistema de justicia simplemente no premia al ciudadano que se comporta como tal. Por el contrario, le cuesta dinero, tiempo y probablemente un castigo mayor por parte del extorsionador. De esta manera, la conducta que se propicia es ceder ante la extorsión o retirarse del negocio.
Animal Político acaba de ofrecer un reporte sobre la Ciudad de México. Se estima que al año ocurren 600 mil casos de extorsión. De estos, sólo se denuncian 1,753 casos, o sea, 0.29%. De estos, sólo 155 (8.8%) llegan al sistema de justicia. Y, de estos, aproximadamente 60 reciben una condena.
Con estas cifras, que más o menos se reproducen a nivel nacional, no hay manera que funcione el círculo de la legalidad: denuncia-integración de carpeta de investigación-judicialización-sentencia.
Por eso, no sorprende que aún con cifras oficiales durante la última década, la extorsión haya aumentado 59.6% y el número de víctimas crecido en 63.2%. Si quitamos los últimos tres años de gobierno de Peña Nieto, el aumento fue de 47%.
Pasemos ahora a la segunda categoría. Aquellos que extorsionan, pero también son extorsionados. En esta categoría entran predominantemente las autoridades de todos los niveles y órganos de gobierno.
En el Índice de Extorsión Coparmex (IEC) se reporta que este delito se ha elevado en 70% en la última década “poniendo de rodillas” a las MyPIMEs. Podría decirse que la extorsión proviene del crimen organizado pero no es lo que sostiene la Coparmex. El mismo reporte señala que “la autoridad se convierte muchas veces en el principal extorsionador de las empresas”.
Podría decirse que la extorsión proviene del crimen organizado pero no es lo que sostiene la Coparmex
Casos similares han denunciado los empresarios en relación al SAT cuyos funcionarios exigen dinero a cambio de condonar impuestos, agilizar trámites o evitar auditorías.
Pero el gobierno mexicano también está del otro lado de la cancha, o sea, es extorsionado.
Un ejemplo recurrente es el de la CNTE que abusando de la libertad de asociación y de reunión ha mantenido a los sucesivos gobiernos como rehenes de sus demandas a través de su capacidad de movilización.
La última de ellas duró 19 días paralizando las clases, el comercio local, el tráfico carretero, la libertad de tránsito y la educación.
El costo de todo esto es incuantificable en términos de la calidad educativa y las pérdidas directas o indirectas de empresarios y ciudadanos. Lo que sí puede cuantificarse son los 800 millones que se le otorgaron a la CNTE.
A esa cifra se elevó la extorsión de que fue objeto el gobierno, aunque la presidenta diga que ese dinero no iba para la Coordinadora sino para combatir el rezago educativo.
El derecho de asociación y reunión son derechos inalienables. Nadie estaría de acuerdo en que desaparecieran porque son pilares fundamentales de la democracia pero aún la Convención Americana y Europea sobre Derechos Humanos establece límites: “la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección … o la protección de los derechos y libertades ajenos”.
Entre los extremos indeseables de la represión y el ceder ante el chantaje, el gobierno tenía muchas alternativas. ¿Por qué entonces se dejó extorsionar?