La dependencia de Arely Gómez anunció a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que hará una revisión minuciosa de lo revelado por esta organización en el reportaje sobre una red de tráfico de información encabezada por el número 2 de CAPUFE.

Ciudad de México, a 04 de mayo del 2017

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó iniciar una revisión minuciosa a todos los contratos asignados en CAPUFE mediante tráfico de información confidencial, y en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se procederá con denuncias penales, sanciones económicas e inhabilitaciones a funcionarios y contratistas.

En respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la dependencia a cargo de Arely Gómez informó ayer que desde que tuvo conocimiento de la investigación periodística titulada ‘Capufeleaks’ se inició una investigación de oficio por presuntos actos de corrupción.

Además, la SFP aseguró que el director de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Benito Neme, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control y prepara una denuncia penal por los presuntos delitos cometidos por los integrantes de la red de tráfico de información confidencial, que involucra al director de Infraestructura Carretera, Mauricio Sánchez Woodworth.

La noche del pasado martes, MCCI en alianza con El Financiero Bloomberg difundió el reportaje ‘Capufeleaks’, que mostró una red de tráfico de información en la que el mencionado funcionario intercambiaba datos confidenciales de licitaciones de obras con su cuñada Estela Vega y con el líder sindical Marco Antonio Reyes, quienes a su vez lo compartían con empresarios amigos. Estos datos, a la postre, permitieron a esos constructores tomar ventaja sobre sus competidores cuando se abrían los concursos.

Este esquema venía operando desde 2013 y todavía estaba vigente a inicios de marzo de 2017. Seis de las empresas mencionadas en esta filtración de datos confidenciales obtuvieron contratos en CAPUFE que superan los 770 millones de pesos.

La filtración de datos a constructores incluyó un documento secreto de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que contenía datos técnicos y económicos de obras por ejecutarse en CAPUFE por 5 mil 868 millones de pesos. En la carátula se menciona que el 100% del contenido era información reservada por 12 años, a partir del 21 de diciembre de 2015, por lo que podría hacerse público hasta el año 2027, por contener secretos de carácter comercial y fiduciario de un convenio con . El expediente estaba dirigido a Sánchez Woodworth, quien en un intercambio de correos lo compartió con su cuñada y ella a su vez con constructores.

En caso de ser encontrado culpable por el tráfico de información confidencial, Sánchez Woodworth podría ser inhabilitado hasta por 20 años, según establece el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de proceder con una denuncia penal, comunicó la SFP.

También se podría proceder contra los particulares involucrados en esta red, aseguró la dependencia, si se comprueba que incurrieron en delitos.

Descarta titular de SCT destitución

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo que no se destituirá al funcionario que presumiblemente filtró información privilegiada a empresas contratistas que se vieron beneficiadas con contratos en CAPUFE, en tanto no se terminen las investigaciones que inició la PGR.

Después de que CAPUFE interpusiera una denuncia de hechos por lo revelado este martes por MCCI, Ruiz Esparza remarcó que lo importante es que se siga por la vía legal, por lo que pidió paciencia para esperar los resultados de las investigaciones que se deriven de la denuncia de hechos.

A pesar de que la información del tráfico de información se dio a conocer a CAPUFE desde hace cinco semanas, y que apenas el miércoles se presentó la denuncia, Ruiz Esparza celebró que se haya abierto la vía legal.

“Es importante que las cosas vayan por la vía legal. Yo creo que lo que hizo ayer CAPUFE fue lo correcto, presentó una denuncia de hechos ante la PGR para que la PGR lo investigue. Tengamos paciencia y veamos qué pasa”, dijo Ruiz Esparza.

-¿Se va a quitar al funcionario que filtró los papeles?

-Claro que no, ¿por qué? ¿Cuál es la base jurídica? Estamos en un país de leyes. Y debemos respetar el derecho. Si no respetamos nosotros el derecho, imagínese lo que pasaría. Hay que esperar a que la PGR haga su investigación y ver los resultados. Es un tema eminentemente legal. Yo creo que todos vamos a estar satisfechos.

-¿No se presentó tarde la denuncia?

-Yo me enteré anoche a las 10 de la noche.

-CAPUFE estaba enterada de eso desde el 21 de marzo.

-Eso pregúntaselo a CAPUFE, yo me enteré anoche a las 10 de la noche e inmediatamente actuamos -concluyó Ruiz Esparza.

CAPUFE es un organismo desconcentrado que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Y Banobras se lava las manos

A través de un comunicado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) se deslindó de cualquier responsabilidad en la filtración de un documento secreto, que fue compartido a constructores desde un correo electrónico atribuido al director de infraestructura de CAPUFE, Mauricio Sánchez Woodworth.

El mencionado documento fue emitido por la Dirección Fiduciaria de BANOBRAS y contenía datos sobre obras por ejecutarse en 2016 por CAPUFE por 5 mil 868 millones de pesos; en la carátula se advertía que el 100% del contenido era información reservada por 12 años.

A través de una nota informativa enviada a MCCI este jueves, BANOBRAS aclaró que no tiene injerencia en el manejo de la información derivada del contrato del fideicomiso del Fondo Nacional de Infraestructura, mediante el cual se aportan recursos para las obras de CAPUFE.

“En términos del contrato de prestación de servicios que tiene celebrado el Fondo con CAPUFE, este último será el único responsable frente al fiduciario (BANOBRAS) y frente a terceros, por la realización de los servicios y los procesos de contratación correspondientes”, precisó la dependencia.

Aclaró que también son responsabilidad de CAPUFE la recepción, almacenamiento y validación de documentos, así como de cualquier acto y omisión relacionadas con los servicios en que incurran los contratistas.

El contrato obliga a CAPUFE “a sacar en paz y a salvo al fiduciario (BANOBRAS) de cualquier reclamación o responsabilidad”.

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La postura de la SFP

Esta es la versión íntegra de lo que Función Pública contestó a MCCI sobre la red de tráfico de información denunciada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Cuestionario enviado a la Secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, sobre el reportaje titulado ‘CapufeLeaks’:

1.- ¿Cuáles son las acciones que tomará la SFP ante las evidencias de filtración de información clasificada?

-La SFP ha tomado conocimiento de la nota periodística e instruyó al Órgano Interno de Control (OIC) en CAPUFE que inicie una investigación de oficio. Se solicitará a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que coadyuve en la investigación a fin de que la Contraloría recabe toda la información correspondiente a los hechos.

2.- ¿Se abrirá una investigación interna en CAPUFE?

-Una vez que se tuvo conocimiento de la nota periodística, la SFP instruyó al OIC en CAPUFE el inicio de la investigación correspondiente. Cabe mencionar que el titular de CAPUFE, Benito Neme Sastre, presentó una denuncia formal ante el OIC para que se investiguen las presuntas conductas irregulares atribuidas a servidores públicos de la institución. En ese mismo sentido, el titular de CAPUFE comunicó que presentará denuncia penal ante la PGR por hechos que probablemente sean constitutivos de delito, ante lo cual, el OIC estará atento para dar seguimiento a estas acciones.

3.- ¿Qué tipo de sanciones se deben aplicar por difundir información clasificada?

-En primer lugar, el OIC en CAPUFE, deberá corroborar la información publicada, con el objeto de identificar el tipo de información que presumiblemente fue filtrada y verificar qué servidores públicos tenían obligación de resguardarla. Cabe recordar que en términos del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las sanciones que pueden corresponder son las siguientes: amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del puesto; sanción económica e inhabilitación que puede ser hasta de 20 años.

4.- ¿Existirán denuncias penales y/o administrativas en contra de Mauricio Sánchez Woodworth, director de infraestructura en CAPUFE?

-Con independencia del inicio de la investigación de carácter administrativo por parte del OIC en CAPUFE, se recibió la denuncia presentada por el titular de la Institución de referencia. Así mismo, cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos presuntamente irregulares podrá denunciarlos a través de los medios con que cuenta la SFP (en línea, vía telefónica, presencial y vía correspondencia). Ahora bien, si derivado de las investigaciones que realice el OIC en CAPUFE, se advierte la probable existencia de un hecho delictivo, inmediatamente se presentará la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación, en términos del párrafo segundo del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

5.- ¿También proceden denuncias contra los particulares Marco Antonio Reyes Saldívar, líder sindical, y la señora Estela Vega Montaño, involucrados en este tráfico de información?

-En términos del párrafo segundo del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando todos los datos que tuviere; por lo que, si el OIC en CAPUFE, advierte la posible comisión de un hecho delictivo por parte de particulares, estará obligado a presentar la denuncia correspondiente.

6.- ¿Qué acciones tomarán respecto a las empresas que obtuvieron los favores?

-El OIC en CAPUFE, revisará minuciosamente todos y cada uno de los procesos licitatorios relacionados con los hechos y si de dicha investigación resultan irregularidades atribuibles a las personas morales, se iniciarán los procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y/o contratistas, mismos que podrán concluir con sanciones económicas e inhabilitaciones para las empresas.